LA CIDH exige a Mauricio Macri que la activista Milagro Sala salga de la c¨¢rcel
La comisi¨®n de la OEA determin¨® que la militante kirchnerista se expone a un ¡°da?o irreparable¡± y debe recibir el beneficio de la prisi¨®n domiciliaria
?La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha resuelto que la activista argentina Milagro Sala debe dejar cuanto antes la c¨¢rcel que ocupa desde enero de 2016. En una resoluci¨®n difundida el viernes, dej¨® en claro que la situaci¨®n de la activista social es de ¡°tal gravedad y urgencia¡± que una extensi¨®n de su prisi¨®n preventiva expondr¨¢ sus ¡°derechos a la vida e integridad personal¡± a ¡°un riesgo de da?o irreparable¡±. Por eso ha exigido al gobierno de Mauricio Macri que busque en un plazo de 15 d¨ªas alternativas como el arresto domiciliario, ¡°o bien que la se?ora Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalizaci¨®n electr¨®nica¡±. El Estado argentino, que est¨¢ obligado por convenios internacionales a acatar cualquier medida cautelar de la CIDH, se limit¨® a decir que trasladar¨¢ el pedido ¡°a las autoridades judiciales de la provincia de Jujuy¡±, donde se tramitan las causas judiciales que mantienen a Sala en prisi¨®n, con el argumento de que respeta ¡°la independencia de poderes y las autonom¨ªas provinciales¡±.
¡°Que la CIDH otorgue una medida cautelar, que haya visitado a la beneficiaria de las medidas, que haya evaluado todas las causas por las cuales el Gobierno justifica su detenci¨®n y que ratifique la nulidad de la detenci¨®n es un triunfo de la lucha por los derechos humanos¡±, dijo Gast¨®n Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las ONG que llev¨® el caso de Sala ante instancias internacionales.
El encarcelamiento de Milagro Sala, l¨ªder de la agrupaci¨®n Tupac Amaru, ha sido uno de los principales focos de conflicto de Macri con los movimientos sociales m¨¢s vinculados al kirchnerismo, quienes consideran a la mujer una detenida pol¨ªtica. La Tupac Amaru que lidera Sala pas¨® de ser una organizaci¨®n de parados en la crisis argentina de 2001 a una que con fondos estatales construy¨® en los 12 a?os de gobierno de N¨¦stor y Cristina Kirchner miles de viviendas, peque?as f¨¢bricas, centros educativos y sanitarios y en el que trabajaban m¨¢s de 6.000 personas. Sin embargo, su actividad siempre fue pol¨¦mica por formar una especie de estado paralelo. El nuevo gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado de Macri, acusa desde hace a?os a Sala de haber montado ¡°un sistema de desv¨ªo de dinero p¨²blico¡±.
Por eso, apenas asumi¨® el poder en diciembre, se neg¨® a seguir dando fondos a la Tupac Amaru y dijo que solo se los enviar¨ªa directamente a las 300 cooperativas que la integraban. Ante esa decisi¨®n, Sala organiz¨® una acampada frente a la Casa de Gobierno juje?a y prometi¨® multiplicar las protestas en otras plazas de la provincia y del resto de Argentina. Un juez juje?o la detuvo el 16 de enero de 2016 y desde entonces la mantuvo presa, mientras otros magistrados avanzaban en otras causas paralelas vinculadas a supuestas maniobras de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos.
El problema fue que la detenci¨®n de Sala se convirti¨® pronto en mucho m¨¢s que un conflicto dom¨¦stico. En octubre del a?o pasado, el grupo de trabajo sobre Detenci¨®n Arbitraria de Naciones Unidas (ONU) pidi¨® a Macri que Sala fuese liberada de ¡°inmediato¡± por considerarla una detenida pol¨ªtica. Atendi¨® as¨ª un pedido del CELS y Amnist¨ªa Internacional (AI), organizaciones impulsoras de la demanda ante la ONU.
El gobierno argentino rechaz¨® entonces que Sala fuese considerada una presa pol¨ªtica, record¨® que los fallos del grupo de trabajo no son vinculantes e invit¨® a la CIDH, dependiente de la OEA, a que visite Jujuy para vea ¡°de primera mano¡± la situaci¨®n procesal. Esa visite se cumpli¨® en junio. Una misi¨®n de la CIDH se reuni¨® con Sala en la c¨¢rcel y escuch¨® los argumentos de todas las partes, incluido el gobernador Morales y los jueces que llevan adelante los procesos contra la activista social. Este viernes present¨® finalmente su informe. En el texto, la comisi¨®n alert¨® sobre el ¡°hostigamiento¡± que Sala recibe en la c¨¢rcel y, si bien no se refiri¨® a ella como una presa pol¨ªtica, destac¨® que se trata de ¡°una prominente l¨ªder social, mujer e ind¨ªgena, que estar¨ªa enfrentada con el gobierno actual de la provincia, parte representativa de un sector de la oposici¨®n¡±.
¡°La CIDH ratific¨® en diciembre pasado, a trav¨¦s de un comunicado de prensa, la decisi¨®n del grupo de trabajo de la ONU y dijo que Sala deb¨ªa ser inmediatamente liberada. Ahora lo hace de nuevo pero mediante una resoluci¨®n cautelar que es de cumplimiento obligatorio por parte del Estado. Adem¨¢s dice de manera contundente que existe un impacto negativo en la integridad personal de Milagro Sala por el incumplimiento de Argentina de la decisi¨®n internacional. El estado tiene que acatar esta decisi¨®n. Si no lo hace la CIDH puede pedir una medida provisional a la Corte Interamericana¡±, explic¨® Gabriela Kletzel, directora del equipo internacional del CELS.
El gobierno, en tanto emiti¨® un breve comunicado donde dijo que respeta el sistema interamericano de Derechos Humanos. En un comunicado firmado en la secretar¨ªa de Derechos Humanos, dijo que comunicar¨¢ el pedido de la CIDHA ¡°a las autoridades judiciales y administrativas de la Provincia de Jujuy para su conocimiento e intervenci¨®n, en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonom¨ªas provinciales¡±. M¨¢s tarde, el secretario de la cartera, Claudio Avruj, aclar¨® que "la CIDH no habl¨® de cese de la detenci¨®n [de Sala] sino de analizar alternativas". Fiel a esa interpretaci¨®n ser¨¢, seguramente, la respuesta oficial en el caso Sala.
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