Daniel Ortega, enquistado en el pasado

La tensi¨®n entre Managua y Washington ha entrado en hervor. El presidente Daniel Ortega orden¨® a la Asamblea Nacional de Nicaragua ¡ªun ¨®rgano sin autonom¨ªa cuyos diputados obedecen directamente las ¨®rdenes del mandatario¡ª que aprobara en un suspiro la denominada Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, con la que pretende revivir una vieja demanda ya caducada ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos y exigir a Washington una millonaria indemnizaci¨®n en compensaci¨®n por los da?os causados al pa¨ªs en la d¨¦cada de los ochenta del siglo pasado, cuando Estados Unidos financi¨® una guerrilla que pretend¨ªa derrocar al Gobierno sandinista, iniciando una guerra civil que dej¨® miles de muertos y a esta peque?a naci¨®n en ruinas.

La decisi¨®n de Ortega se da como respuesta a la aprobaci¨®n por parte del Comit¨¦ de Relaciones Exteriores de la C¨¢mara de Representantes de una iniciativa de ley que impone sanciones econ¨®micas al Gobierno sandinista, como una medida de presi¨®n para que Managua respete los derechos humanos, combata la corrupci¨®n y garantice elecciones libres y democr¨¢ticas.

La iniciativa, conocida como Nicaraguan Investment Conditionality, o Nica Act, ha sido impulsada por la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y su colega dem¨®crata Albio Sires, y establece que Estados Unidos puede vetar pr¨¦stamos que organismos internacionales otorguen a Nicaragua, aunque lo que m¨¢s preocupa al Gobierno de Ortega, a decir de analistas consultados en Managua, es que la ley ordena al Departamento de Estado investigar a altos funcionarios del Gobierno nicarag¨¹ense involucrados en actos de corrupci¨®n y hacer p¨²blicos sus nombres, 90 d¨ªas despu¨¦s de que se apruebe la legislaci¨®n. Nica Act podr¨ªa ser discutida por la C¨¢mara de Representantes en septiembre, una vez que los legisladores estadounidenses regresen de vacaciones.

Al presentar la iniciativa de ley la semana pasada, Ros-Lehtinen dijo que "hasta que el Gobierno (de Ortega) comience a implementar algunas reformas, no deber¨ªa haber ninguna raz¨®n para que Estados Unidos apoye al r¨¦gimen de Ortega recibiendo m¨¢s dinero, mientras sigue violando los derechos humanos, ignorando el Estado de derecho y perpetuando elecciones fraudulentas". La respuesta del Gobierno de Ortega fue inmediata y en un comunicado inform¨® de que "rechazaba" y "condenaba" la iniciativa, consider¨¢ndola una "injerencia imperial de Estados Unidos en Nicaragua". Adem¨¢s, anunciaba que hab¨ªa "iniciado un proceso jur¨ªdico que nos permitir¨¢ exigir a Estados Unidos, el pago de la indemnizaci¨®n ordenada en 1986, por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como compensaci¨®n por los da?os fatales ocasionados al pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la intromisi¨®n destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales". Esos recursos, agreg¨® el Gobierno, "se dispondr¨¢n para la paz, la democracia y el desarrollo".

En los a?os ochenta del siglo pasado la CIJ acept¨® una demanda de Nicaragua contra Estados Unidos por da?os causados por actividades paramilitares y militares financiadas por Washington, que pretend¨ªa derrocar al Gobierno sandinista impuesto tras el triunfo de la revoluci¨®n contra la dictadura de Somoza. Managua reclamaba reparaciones econ¨®micas, pero tras la apertura democr¨¢tica de 1990, cuando Violeta Chamorro derrot¨® en las urnas a Daniel Ortega y al Frente Sandinista, el nuevo Gobierno decidi¨® "renunciar a todos los dem¨¢s derechos de acci¨®n basados en el caso", no seguir adelante con el procedimiento y solicit¨® a la Corte descontinuarlo. El Gobierno de Chamorro necesitaba en ese entonces del apoyo internacional y de organismos financieros para levantar de las ruinas a una naci¨®n sembrada de cad¨¢veres, destruida por la guerra civil y sumida en el caos. Al ser consultada por los periodistas sobre la reapertura de la demanda, la embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, dijo que el "caso termin¨® hace d¨¦cadas", pero que "Nicaragua tiene el derecho de hacer lo que quiera".

A finales del a?o pasado el gobierno de Ortega contrat¨® a la firma de cabildeo The Gephardt Group, con sede en Washington, para mejorar las relaciones de Managua con el gobierno estadounidense. El contrato tiene un valor de 35.000 d¨®lares mensuales, se vence en diciembre, y establece que representantes de la firma mantendr¨¢n reuniones con congresista y representantes del Ejecutivo estadounidense para mejorar las relaciones econ¨®micas y pol¨ªticas con Estados Unidos.

El Gobierno de Ortega tambi¨¦n inici¨® un acercamiento con el secretario general de la Organizaci¨®n de Estados Americanos, Luis Almagro, para mejorar el sistema electoral en Nicaragua y dar garant¨ªas m¨ªnimas de transparencia ante las elecciones municipales previstas para noviembre. Las negociaciones, sin embargo, no han dado frutos y el proceso est¨¢ estancado. As¨ª es que Ortega, en lugar de prometer una apertura democr¨¢tica para enfrentar la amenaza de sanciones de Washington, ha echado mano de un discurso trasnochado para apelar al nacionalismo de los nicarag¨¹enses. Mientras el pa¨ªs se sume en la incertidumbre, Daniel Ortega se queda enquistado en el pasado.