Dos condenados por cr¨ªmenes en el mayor centro de ejecuciones clandestinas en Per¨²

Los magistrados del juicio contra militares por los delitos cometidos en el Cuartel Cabitos, el mayor centro clandestino de asesinatos, detenci¨®n arbitraria, y tortura en los a?os ochenta en Per¨², han condenado este viernes a dos de los acusados a 23 y 30 a?os de prisi¨®n efectiva, pero dejaron fuera del caso a cinco.

"No estoy conforme porque han absuelto a la mayor¨ªa. La justicia deber¨ªa ser digna para nosotros, no un poquito para calmar. Luego de 34 a?os est¨¢n cometiendo una impunidad m¨¢s", coment¨® Adelina Garc¨ªa, cuyo esposo Z¨®zimo Tenorio Prado fue desaparecido por las fuerzas del orden en 1983. Garc¨ªa es una de las dirigentes de la Asociaci¨®n de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Per¨², una organizaci¨®n creada en 1983 por Ang¨¦lica Ascarza despu¨¦s de que su hijo Arqu¨ªmedes Mendoza Ascarza fue llevado a la fuerza al Cuartel Cabitos y nunca m¨¢s volvi¨®.

Aunque la fiscal Luz de Carmen Ib¨¢?ez acus¨® a siete miembros del Ej¨¦rcito por delitos cometidos en 1983 contra 54 personas, la Sala Penal Nacional desestim¨® 19, entre ellos 10 casos de desaparici¨®n forzada y violaciones sexuales. Los jueces no dieron por corroboradas las desapariciones cuando los familiares presentaron como pruebas las denuncias ante fiscales y la insistencia ante los fiscales decanos. Ello pese a que en los a?os ochenta el Ministerio P¨²blico se caracterizaba por solo registrar las denuncias, pero no investigarlas. Incluso el tribunal pidi¨® pruebas documentales de violaci¨®n sexual.

Uno de los casos desestimados lo presenci¨® Ricky Laurente, quien perdi¨® a su padre en 1983. Una foto en blanco y negro lo registra a ¨¦l cargado en la espalda de su madre, quien sostiene un cartel con el nombre de su esposo Julio C. Laurente y la pregunta "?D¨®nde est¨¢ secuestrado?". El joven lleg¨® a Lima para recibir justicia, pero no la encontr¨®.

La lectura de la sentencia del caso cuyo juicio oral inici¨® en 2011 en Lima tard¨® casi ocho horas y termin¨® a las 3.25 de la madrugada. El proceso judicial empez¨® en 2005 en Ayacucho, aunque tuvo sus primeras diligencias en 2003 en La Hoyada, el tiradero de restos humanos ubicado al lado del cuartel, indic¨® Ib¨¢?ez a EL PA?S.

En 1980, Ayacucho fue el n¨²cleo del surgimiento del grupo mao¨ªsta y terrorista Sendero Luminoso. Las detenciones ilegales y los interrogatorios mediante tortura hechos por los militares buscaban dar con miembros de dicha organizaci¨®n.

Edgar Paz Avenda?o fue condenado a 23 a?os de prisi¨®n y Humberto Bari Orbegozo, a 30, y ambos deben pagar montos de 250.000 a 100.000 soles como reparaci¨®n civil a los deudos de los agraviados. El Estado, como tercero civilmente responsable, tambi¨¦n debe aportar a la reparaci¨®n.

Ninguno de los militares asisti¨® a la audiencia, por lo tanto, el presidente de la sala, Luis Brousett, los declar¨® reos contumaces, y adelant¨® que pedir¨¢ una orden de captura internacional para Paz y Orbegozo. En el periodo del juicio, falleci¨® el general Clemente Noel quien era el jefe del Comando Pol¨ªtico Militar de Ayacucho en 1983 y responsable de las operaciones en dicha jurisdicci¨®n, al mando del Cuartel Cabitos.

Adem¨¢s, la defensa de los militares aleg¨® que Carlos Brice?o Zevallos y Julio Carbajal DAngelo desarrollaron demencia senil y no pod¨ªan continuar en juicio, argumento que el colegiado acept¨®. Tambi¨¦n el juzgado ha dejado pendiente el juicio de Arturo Moreno Alc¨¢ntara, quien vive refugiado en Chile. Los magistrados indicaron que est¨¢ probado que en el Cuartel Cabitos existi¨® un horno para incinerar los restos humanos y que en las exhumaciones encontraron restos de al menos 109 personas.

Una obra de teatro presentada recientemente incluye el testimonio de Sara Paredes, la hija del arquitecto a quien el militar Wilfredo Mori le encarg¨® dise?ar y construir el horno de Los Cabitos, aunque le dijo que ser¨ªa para producir ladrillos. Mori nunca le pag¨® por la obra.

Los familiares de los 54 agraviados tienen como abogada a Gloria Cano, mientras que los militares acusados tuvieron cuatro letrados de su defensa en la sala y uno vio la transmisi¨®n de la audiencia por televisi¨®n: C¨¦sar Nakasaki, exabogado del expresidente y reo Alberto Fujimori.

La sentencia repite en varias p¨¢ginas que en Ayacucho las fuerzas del orden cometieron hechos que conforman "un patr¨®n sistem¨¢tico de violaci¨®n a los derechos humanos contra un sector" de los ciudadanos de Huamanga, entre ellos "artesanos, estudiantes, dirigentes gremiales, comerciantes, a quienes somet¨ªan a interrogatorio bajo tortura". Los jueces indicaron que los militares realizaban dichas operaciones "sin control pol¨ªtico".

Al final de la audiencia, Nora Quispe Jayocunto (ayacuchana de 35 a?os), la hija menor del desaparecido en 1983 Eladio Quispe Mendoza, dijo: "Las autoridades del Poder Judicial pisan nuestros derechos. Hace 34 a?os sufrimos, pero la figura y memoria de mi padre nos ense?aron a ser fuertes y vamos a seguir luchando por una justicia que nos repare moralmente a todos". La fiscal Ib¨¢?ez anunci¨® un recurso de nulidad contra la sentencia, al igual que la abogada de la parte civil, y tambi¨¦n la defensa de los militares.