Un juez paraliza la ley de Texas que criminaliza a las ¡®ciudades santuario¡¯

La decisi¨®n, dictada por un juez de San Antonio, se produce a 24 horas de que entrara en vigor, el viernes 1 de septiembre, y con todo el pa¨ªs pendiente de Texas, por los efectos de la tormenta Harvey. Se trata solo de una medida cautelar que no entra a valorar el fondo de la ley, pero encuentra que hay razones para frenar los da?os que podr¨ªa causar si entra en vigor mientras se resuelve la demanda de varias ciudades tejanas contra el estado. La decisi¨®n es un importante bache, no para Trump, que puede desentenderse de una batalla estatal, pero s¨ª para el futuro de sus pol¨ªticas.

La SB4 hace realidad la visi¨®n del presidente Donald Trump y el fiscal general, Jeff Sessions, de un pa¨ªs en el que todas las fuerzas del orden est¨¦n dedicadas a perseguir a los m¨¢s de 11 millones de inmigrantes sin papeles que se calcula que viven en Estados Unidos. Desde hace a?os, los cuerpos de polic¨ªa de ciudades con mucha poblaci¨®n inmigrante, que tienen las competencias de seguridad, ignoran el estatus migratorio de cada uno a la hora de aplicar la ley. Es decir, no miran si alguien est¨¢ buscado por inmigraci¨®n (una competencia federal). Cada pol¨ªtica es distinta, pero en la era Trump se les llama a todas ciudades santuario.

Trump hizo campa?a contra estas ciudades, a las que llam¨® una ¡°desgracia¡± para el pa¨ªs a pesar de ser pr¨¢cticamente todas las grandes ciudades de Estados Unidos. En su relato de que los inmigrantes irregulares son una amenaza para la seguridad porque roban y matan descontrolados, el fiscal ha se?alado a las ciudades como c¨®mplices de cualquier delito que cometa un irregular. Sessions amenaz¨® con quitar fondos federales a las ciudades que no colaboren con la polic¨ªa de inmigraci¨®n. Esa amenaza se demostr¨® dudosamente constitucional y tambi¨¦n est¨¢ pendiente de la decisi¨®n de la justicia.

La ley de los republicanos de Texas, que controlan las dos c¨¢maras del Legislativo estatal m¨¢s el gobernador, se present¨® en el Senado estatal a la semana siguiente de ganar Donald Trump las elecciones, el pasado noviembre. El gobernador lo declar¨® una prioridad de la agenda legislativa, una ¡°emergencia¡±. La SB4 proh¨ªbe cualquier legislaci¨®n local que limite la cooperaci¨®n con la polic¨ªa de inmigraci¨®n, bajo pena de multa o c¨¢rcel. Pero adem¨¢s permite a la polic¨ªa a pedir los papeles a cualquiera si sospecha que est¨¢ ilegalmente en el pa¨ªs. Es decir, Texas hace casi obligatorio en el segundo estado m¨¢s grande del pa¨ªs lo que el sheriff Joe Arpaio hac¨ªa por vocaci¨®n en el condado de Maricopa en Arizona.

Durante la tramitaci¨®n, el conflicto fue evidente con polic¨ªas locales y condados que no solo no lo consideran una prioridad, sino un peligro para la seguridad. Los jefes de polic¨ªa de Dallas y Houston llegaron a publicar un art¨ªculo conjunto en el que alertaban de que aterrorizar a la comunidad inmigrante tiene consecuencias, pues dejan de colaborar con la polic¨ªa. Las dos grandes ciudades del norte y el sur de Texas son la tercera y cuarta con m¨¢s inmigrantes irregulares de Estados Unidos, despu¨¦s de Nueva York y Los ?ngeles, con alrededor de un mill¨®n de personas entre las dos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firm¨® la ley el pasado 7 de mayo. Dos d¨ªas despu¨¦s, una min¨²scula localidad de la frontera llamada El Cenizo present¨® la denuncia de inconstitucionalidad. A esta denuncia se sumaron las grandes ciudades de Texas m¨¢s dos condados.

Abbott public¨® un comunicado en la noche del mi¨¦rcoles en el que dec¨ªa que la decisi¨®n "hace a Texas menos segura" y que "pandilleros y criminales peligrosos (...) ser¨¢n liberados para atacar a nuestras comunidades". Abbott dijo que recurrir¨ªa inmediatamente y se mostr¨® confiado en que los precedentes le avalan.

El juez que tom¨® la decisi¨®n, Orlando Garc¨ªa, de San Antonio, encontr¨® posibles violaciones de la primera y la cuarta enmienda de la Constituci¨®n en las restricciones que impone a los ayuntamientos y los cuerpos de polic¨ªa locales. El fallo ser¨¢ recurrido ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Con sede en Nueva Orleans y con jurisdicci¨®n sobre Louisiana, Texas y Mississippi, se le considera uno de los tribunales m¨¢s conservadores del pa¨ªs.