La pugna por el control de la coca agrava el conflicto social en el Pac¨ªfico colombiano

Una aldea del municipio colombiano de Tumaco, en la costa del Pac¨ªfico, fue escenario el pasado jueves de una protesta cocalera que refleja la complejidad de la lucha contra el narcotr¨¢fico, la pugna de las mafias por el control de los cultivos il¨ªcitos, que el a?o pasado crecieron exponencialmente, y la m¨¢xima tensi¨®n social que sufre la poblaci¨®n. En la vereda de Puerto Rico murieron siete civiles en medio de un violento enfrentamiento con las fuerzas de seguridad que, adem¨¢s, dej¨® una veintena de heridos. El episodio, a¨²n confuso, tiene un trasfondo que ilustra las dificultades de la convivencia en las zonas rurales y demuestra que Colombia a¨²n no le ha ganado la guerra al narcotr¨¢fico.

Este domingo una misi¨®n humanitaria denunci¨® un ataque de la Polic¨ªa en otra comunidad cercana, El Tandil, donde la ONG Conpaz fue recibida "con tiros al aire y granadas, a pesar de que sus integrantes gritaron que eran civiles", seg¨²n asegur¨® esta organizaci¨®n en su cuenta de Twitter. El Gobierno lament¨® los hechos y el vicepresidente, ?scar Naranjo, confi¨® en que ese cuerpo se explique y se disculpe.

Las fuerzas de seguridad estuvieron en el centro de la pol¨¦mica tambi¨¦n el jueves. Atribuyeron en un primer momento las muertes a la disidencia de las FARC organizada en el frente Daniel Aldama. Los campesinos acusaron en cambio a la Polic¨ªa y al Ej¨¦rcito, que hace semanas reforzaron su despliegue en el departamento de Nari?o con 700 agentes y militares ante el aumento de las protestas. El presidente, Juan Manuel Santos, orden¨® al d¨ªa siguiente esclarecer los hechos y, despu¨¦s de que la investigaci¨®n determinara la presunta implicaci¨®n de algunos polic¨ªas, el vicepresidente ?scar Naranjo se mostr¨® este domingo partidario de su suspensi¨®n.?Finalmente, cuatro de los polic¨ªas involucrados en los hechos del jueves han sido suspendidos.

Entender lo que ocurri¨® es importante no solo para establecer las responsabilidades, sino tambi¨¦n para abordar la resoluci¨®n de este conflicto. Algunas versiones de los hechos apuntan que los campesinos contrarios a los planes de sustituci¨®n y erradicaci¨®n de cultivos de coca empezaron a rodear a las fuerzas de seguridad y estas respondieron disparando. De ser as¨ª, ?los cocaleros actuaron solos o alentados por una organizaci¨®n? En esa zona apareci¨® un narcotraficante llamado Jefferson Ch¨¢vez y conocido como Cachi que, seg¨²n varios testimonios, coacciona a la poblaci¨®n y la obliga a defender los cultivos de coca. ¡°Anda con pasamonta?a, tiene m¨¢s o menos a 20 o 30 personas armadas y dice trabajar para Los mexicanos¡±, explica Ariel ?vila, subdirector de la Fundaci¨®n Paz y Reconciliaci¨®n.

En el municipio de Tumaco operan 11 grupos criminales. Entre ellos figuran el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), que acord¨® un alto al fuego con el Gobierno hasta enero, el cartel del Clan del Golfo y las Guerrillas unidas del Pac¨ªfico, controladas por alias David, quien lucha con otro combatiente, alias Guacho, por el control de esa estructura. Pero tambi¨¦n hay otros grupos que coaccionan a las comunidades, contin¨²a ?vila, y utilizan a los campesinos para sembrar coca. ¡°Est¨¢n los famosos cultivos industriales de narcos que tienen 100, 120 hect¨¢reas y las reparten a familias a las que pagan¡±.

Esta circunstancia ha llevado a dividir a la sociedad. Muchos quieren o acceden a erradicar y otros muchos se niegan. ¡°Les obligan y les pagan para que protesten¡±, agrega. En este contexto, ha aumentado tambi¨¦n la tensi¨®n entre las asociaciones que representan a los campesinos, como el Consejo Comunitario del Pueblo Negro o la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, con estrategias distintas.

El Gobierno se comprometi¨® a erradicar antes de 2018 50.000 hect¨¢reas de las casi 150.000 que, seg¨²n la ONU, hab¨ªa en Colombia a finales de 2016. Los cultivos aumentaron un 52% en un a?o y el pa¨ªs enfrenta una nueva guerra contra el narcotr¨¢fico que tiene que hacer equilibrios no solo con los cocaleros y el conflicto social sino tambi¨¦n con el Estados Unidos, que presiona para acelerar la destrucci¨®n. No obstante, seg¨²n los analistas, no se trata de una tarea sencilla, pues los programas de sustituci¨®n y erradicaci¨®n se enmarcan en la transici¨®n del campo iniciada tras el fin del conflicto armado con las FARC. Esto es, un reto obstaculizado por el abandono hist¨®rico de las zonas rurales, que carecen de infraestructuras, carreteras, institucionalidad. En definitiva, donde el Estado sigue siendo m¨¢s vulnerable.