La Fiscal¨ªa portuguesa acusa al ex primer ministro S¨®crates de 31 delitos de corrupci¨®n
El banquero Ricardo Salgado, responsable del imperio Esp¨ªrito Santo, acusado de 21 delitos
La Fiscal¨ªa General del Estado, tras tres a?os de investigaci¨®n, ha informado?este mi¨¦rcoles de que Jos¨¦ S¨®crates, ex primer ministro de Portugal, est¨¢ acusado de 31 delitos. En la llamada Operaci¨®n Marqu¨¦s hay un total de 28 implicados, aunque la cabeza de la investigaci¨®n se basa en el ex primer ministro socialista y en el exbanquero Ricardo Salgado, responsable del imperio Esp¨ªrito Santo, acusado de 21 delitos. En total, los acusados son 19 personas y nueve empresas, implicadas principalmente en el blanqueo de dinero. Entre las personas destacan, aparte de los dos ya citados, los exgestores de Portugal Telecom, Henrique Granadeiro y Zeinal Bava; el fundador del grupo constructor Lena, Joaquim Barroca y el exministro socialista Armando Vara.
S¨®crates est¨¢ acusado de tres delitos de corrupci¨®n pasiva, de 16 a?os de blanqueo de capitales, nueve de falsificaci¨®n de documentos y tres de fraude fiscal cualificado. Ricardo Esp¨ªrito Santo Salgado a?ade a estos delitos el de corrupci¨®n activa, mientras que Granadeiro es acusado de ocho delitos, Bava de cinco y Vara de tres.
De esta forma, la Fiscal¨ªa concluye tres a?os de investigaciones sobre la trama alrededor del ex primer ministro. En oto?o de 2014, S¨®crates fue arrestado en el aeropuerto de Lisboa. Permaneci¨® nueve meses en la c¨¢rcel, pues la ley portuguesa lo permite para no entorpecer la investigaci¨®n.
En el caso del exbanquero Ricardo Salgado, estas son solo las primeras acusaciones de los tres procesos en los que est¨¢ envuelto. Adem¨¢s de la Operaci¨®n Marqu¨¦s, la Operaci¨®n MonteBranco y la Operaci¨®n Esp¨ªrito Santo, entidad que tuvo que ser rescatada por el Estado.
La semana pasada, los tribunales ordenaron el embargo de varios pisos y tierras que estaban a nombre de Salgado o de presuntos testaferros, con el fin de responder a las p¨¦rdidas econ¨®micas del Estado en caso de que S¨®crates sea condenado.
Habr¨¢ que demostrar que los 24 millones del amigo Santos Silva son en realidad del ex primer ministro
Sea una operaci¨®n u otra, hay una red com¨²n de comportamiento entre el Banco Esp¨ªrito Santo, primer accionista del antiguo Portugal Telecom, que comercializaba obligaciones de las empresas del Grupo Esp¨ªrito Santo cuando el banco ya no lo pod¨ªa hacer. Esa connivencia entre el Banco y la operadora ¡ªque le llev¨® a la venta en saldo a la brasile?a OI y la ca¨ªda en cascada de todo el imperio Esp¨ªrito Santo¡ª es por lo que son imputados sus m¨¢ximos gestores en ese momento, Granadeiro y Bava. En esa trama siempre estaba por medio Jos¨¦ S¨®crates.
En el resumen del caso enviado por la fiscal¨ªa ¡ªel sumario son m¨¢s de 4.000 folios¡ª el ministerio p¨²blico explica el lavado de 24 millones de euros pertenecientes a S¨®crates. Seg¨²n el fiscal, los hechos investigados ocurrieron entre 2006 y 2015 cuando, gracias a S¨®crates, el Grupo Lena consegu¨ªa contratos comerciales con la intermediaci¨®n de su amigo Carlos Santos Silva, tambi¨¦n imputado. ?l es la pieza fundamental de la red, el testaferro de S¨®crates a quien pagaba un apartamento de lujo en Par¨ªs, vacaciones a toda la familia, la compra de libros o de pisos. El grupo Lena le pagaba a Carlos Silva los favores a trav¨¦s de diversas cuentas suizas, en donde tambi¨¦n coincid¨ªan cantidades de Esp¨ªrito Santo. El trabajo de los fiscales ¡ªen una investigaci¨®n que ha durado tres a?os y para la que se han empleado los mayores recursos de la historia judicial¡ª ser¨¢ demostrar que ese dinero del amigo Santos Silva era en realidad de S¨®crates.
En total, los acusados, por los ingresos recibidos, seg¨²n la acusaci¨®n, le deben al Estado 58 millones de euros en impuestos, de ellos 19,5 millones los tiene que pagar S¨®crates.
Para la defensa de S¨®crates, todo es "una novela vac¨ªa de hechos y pruebas". Ahora se inicia un largu¨ªsimo proceso judicial, que puede acabar hacia 2025. De momento comienza el plazo de dos meses para que la defensa recurra a la posibilidad de ir a juicio.
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