Colombia afronta una emergencia ante el goteo de asesinatos de l¨ªderes sociales

En la Colombia que trata de consolidar la paz tras la firma de los acuerdos con las FARC, hace 11 meses, la violencia contra los l¨ªderes sociales, activistas y representantes de las comunidades campesinas a¨²n no se ha detenido. La Defensor¨ªa del Pueblo calcul¨® el pasado verano que, hasta julio, murieron 186 personas en un a?o y medio. Seg¨²n la Fundaci¨®n Paz y Reconciliaci¨®n, desde el 24 de noviembre de 2016 se han registrado 89 asesinatos y 282 ataques. El presidente del Gobierno, Juan Manuel Santos, convoc¨® ayer a una comisi¨®n de seguridad encargada de analizar esta emergencia.?

Una de las ¨²ltimas agresiones se produjo el martes en el municipio de Tumaco, en el suroeste del pa¨ªs, donde recrudece la guerra por el control de la coca. La v¨ªctima fue Jos¨¦ Jair Cort¨¦s, del Consejo Comunitario del territorio de Alto Mira y Frontera, organizaci¨®n que hab¨ªa denunciado la muerte de siete personas durante una protesta cocalera el pasado 5 de octubre por la que fueron relevados m¨¢s de 100 polic¨ªas. Naciones Unidas y la Defensor¨ªa del Pueblo repudiaron el asesinato y exigieron esclarecer lo sucedido.

El asesinato de Cort¨¦s es un s¨ªntoma de la todav¨ªa precaria estabilidad del campo colombiano por dos razones. A la indefensi¨®n que sufren los l¨ªderes comunitarios frente a las bandas criminales y los restos de la insurgencia se a?aden en este caso las circunstancias espec¨ªficas del lugar donde ocurri¨®. Tumaco, en el departamento de Nari?o, es uno de los territorios m¨¢s inestables del pa¨ªs. En ese puerto del Pac¨ªfico existe una disputa entre 11 grupos ilegales. Entre ellos se encuentran el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), que acord¨® un alto al fuego con el Gobierno hasta enero, el cartel del Clan del Golfo y las Guerrillas unidas del Pac¨ªfico. Los otros departamentos m¨¢s afectados son el Cauca, Antioquia y Caquet¨¢, apunta Ariel ?vila, subdirector de la fundaci¨®n, que subraya la complejidad de este fen¨®meno.

Uno cada cuatro d¨ªas

¡°En Colombia matan a un l¨ªder social en promedio cada cuatro d¨ªas¡±, afirma este analista. En su opini¨®n, existe una ¡°sistematicidad¡± de estos ataques, porque las v¨ªctimas coinciden con el perfil de representantes locales ¡°que buscan la verdad, la memoria o la restituci¨®n de tierras, quieren participar en pol¨ªtica o que denuncian econom¨ªas ilegales¡±. No obstante, como ya destacaron el Ejecutivo y la Fiscal¨ªa hace meses, los agresores son de distinto tipo y las causas son m¨²ltiples. Adem¨¢s, el debate en torno a esta emergencia est¨¢ marcado por lo que ?vila considera un ¡°problema sem¨¢ntico¡±. ¡°La izquierda y muchas fundaciones dicen este es un problema de paramilitares. No, es un poco m¨¢s complejo¡±, opina.

Detr¨¢s existe un entramado de organizaciones criminales que act¨²an, sobre todo, en un contexto de disputa por el control del narcotr¨¢fico. Y hay una creciente tensi¨®n, sobre todo en algunos territorios como la costa del Pac¨ªfico, entre las comunidades cocaleras y el Estado, que se comprometi¨® a erradicar 50.000 hect¨¢reas de coca este a?o y tiene que lidiar con la presi¨®n de Estados Unidos. El vicepresidente de Colombia, el general ?scar Naranjo, se traslad¨® a principios de mes a Tumaco para tratar de abordar esta crisis.

Los c¨¢lculos de este goteo de ataques son complejos y, seg¨²n el criterio utilizado, no siempre se trata de representantes comunitarios. Naciones Unidas cifr¨® la pasada primavera, en su ¨²ltimo informe, estos atentados en 127 e inst¨® a las autoridades a ¡°reconocer el asesinato de defensores de derechos humanos como una situaci¨®n grave¡±.

Antes estas circunstancias, el Gobierno de Santos ha decidido redoblar la maquinaria activando al Consejo Nacional de Garant¨ªas de Seguridad ¡°para analizar los hechos que han afectado a la seguridad de l¨ªderes sociales¡±. Esta comisi¨®n, creada a principios de 2017 durante la primera fase de aplicaci¨®n de los acuerdos de paz, est¨¢ integrada por los ministros de Defensa, Interior y Justicia, el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo, el comandante de las Fuerzas Armadas, el director de la Polic¨ªa, tres expertos y dos defensores de los derechos humanos.

0Su objetivo consiste en ¡°el dise?o y seguimiento de la pol¨ªtica p¨²blica y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables homicidios y masacres, que atenten contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales o movimientos pol¨ªticos¡±.