Alarma por el avance de bandas criminales en las zonas abandonadas por las FARC

El proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC est¨¢ a punto culminar, en medio de retrasos log¨ªsticos, su primera fase de aplicaci¨®n. Alrededor de 7.000 combatientes se encuentran en plena transici¨®n hacia la vida civil, lo que incluye la entrega de sus armas, mientras las autoridades esperan que los beneficios del fin del conflicto se noten antes de entrar en la recta final de la campa?a de las presidenciales de 2018. Desde la firma del segundo acuerdo el pasado 24 de noviembre, el avance es sustancial: tras m¨¢s de 50 a?os, en Colombia termin¨® la guerra. Pero, ?c¨®mo va el desarrollo de la paz? La Fundaci¨®n Paz y Reconciliaci¨®n, uno de los principales observatorios del pa¨ªs, y la iniciativa Uni¨®n por la paz, encabezada por el analista Le¨®n Valencia y el expresidente Ernesto Samper, han ahondado en los problemas y en los retos de la implementaci¨®n de lo pactado con la guerrilla, que en su opini¨®n necesita en estos momentos un ¡°relanzamiento¡± del proceso.

Una de las conclusiones de un informe al que ha tenido acceso a EL PA?S alerta sobre la ¡°preocupante¡± situaci¨®n en los territorios abandonados por las FARC, que han ido dejando sus ¨¢reas de influencia en 242 municipios para agruparse en 26 zonas rurales de tr¨¢nsito. ¡°En algunos municipios, se advierte sobre la presencia de nuevos grupos armados ilegales y estructura criminales, los cuales tend¨ªan inter¨¦s en controlar las econom¨ªas criminales como los cultivos de coca, la miner¨ªa ilegal y la extorsi¨®n¡±, se?ala el estudio, que va m¨¢s all¨¢ al observar en algunas regiones el crecimiento de la delincuencia com¨²n hasta calificarlo de ¡°anarqu¨ªa criminal¡±. El repliegue de los guerrilleros ha abierto la puerta a la ocupaci¨®n del segundo grupo insurgente activo en Colombia, el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional, a la expansi¨®n de bandas criminales y mafias dedicadas al narcotr¨¢fico como el Clan del Golfo y a la disidencia de las FARC.

Violencia contra l¨ªderes sociales

La fundaci¨®n advierte tambi¨¦n sobre ¡°una crisis de violencia sistem¨¢tica contra l¨ªderes sociales asociados al proceso de paz, la defensa de los derechos humanos y las v¨ªctimas¡±. Entre noviembre y el 15 de mayo se registraron 41 homicidios contra este tipo de activistas, aproximadamente, uno cada cuatro d¨ªas, y ¡°108 hechos victimizantes¡±, entre los que figuran amenazas, atentados, secuestros y detenciones arbitrarias. Con todo, el informe se?ala que ¡°en las ¨²ltimas semanas la intensidad de la violencia se ha reducido¡±. Las razones: ¡°En gran parte, obedecer¨ªa a las medidas que ha venido tomando el Gobierno, particularmente desde que asumi¨® Oscar Naranjo como vicepresidente y comenz¨® a liderar los asuntos de seguridad. Igualmente obedecer¨ªa a la veedur¨ªa social y pol¨ªtica que han realizado diferentes organizaciones sociales¡±.

Seg¨²n el estudio, tanto las fuerzas de seguridad como las FARC ¡°han cumplido a cabalidad el cese bilateral al fuego y hostilidades definitivo¡±. ¡°Si comparamos con Siria, donde un cese bilateral al fuego no dura m¨¢s de seis horas, o la Rep¨²blica Democr¨¢tica del Congo, donde se presentaron decenas de incidentes, en Colombia a casi un a?o de haber comenzado el cese bilateral la situaci¨®n se puede considerar un ¨¦xito¡±, concluye.

Debilidad del Estado

No obstante, el Estado se enfrenta en la implementaci¨®n de los acuerdos a un obst¨¢culo crucial, que consiste en su propia debilidad en algunas zonas del campo colombiano. ¡°Se evidencian las limitaciones del Estado para construir gobernabilidad en los territorios dejados por las FARC¡±, mantiene la fundaci¨®n, que observa una ¡°deficiente respuesta de las instituciones tras el repliegue de las FARC de los territorios donde ejerc¨ªan control militar, social y econ¨®mico¡±. Es decir, seg¨²n este an¨¢lisis, y a pesar del trabajo del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, las autoridades no estaban preparadas ¡°para responder a las necesidades m¨ªnimas de seguridad, justicia, infraestructuras, o posibilidades ecos para la poblaci¨®n¡±. Los expertos consideran que la presencia del Estado no se traduce ¨²nicamente en el incremento de fuerzas militares. ¡°Los conflictos sociales entre campesinos, los asuntos linderos y la peque?a delincuencia no se combaten con pie de fuerza. La necesidad de crear mecanismos de justicia, un modelo de seguridad rural y en general la llegada del Estado no se pude resumir en 62.000 militares nuevos¡±. Esta circunstancia, unida a los retrasos en la habilitaci¨®n de las llamadas zonas veredales, contribuyen a ¡°generar incertidumbre en la base guerrillera y en la sociedad en general sobre la capacidad del Gobierno de cumplir¡±.

Relanzar el proceso

A eso hay que a?adir el duro golpe que ha sufrido en los ¨²ltimos d¨ªas la figura jur¨ªdica adoptada para la aplicaci¨®n de los acuerdos de paz, conocida como fast track. La Corte Constitucional decidi¨® tumbar dos de los art¨ªculos de ese procedimiento. El mismo tribunal lo hab¨ªa aprobado el pasado diciembre, aunque ahora ha resuelto rechazar los apartados que limitaban la intervenci¨®n del Congreso, y por tanto de la oposici¨®n al Gobierno de Juan Manuel Santos, en la implementaci¨®n de los acuerdos. La fundaci¨®n muestra, adem¨¢s, su preocupaci¨®n por ¡°la indiferencia de una parte importante de la sociedad frente al hist¨®rico echo de la terminaci¨®n de una guerra de 52 a?os¡±, por lo que el pa¨ªs ¡°corre el riesgo de que se cumpla el triste pron¨®stico de que la paz es importante hasta que se firma¡±.

El informe deja tambi¨¦n una reflexi¨®n de fondo fundamental al alentar ¡°un reajuste al proceso de implementaci¨®n de los acuerdos y un relanzamiento de la paz para garantizar el futuro del postconflicto¡±. ¡°La primera decisi¨®n que debe tomar el presidente Santos es ponerle una cabeza ¨²nica al postconflicto con todo el poder y los recursos para sacar adelante el proceso¡±, recomienda el observatorio. ¡°La segunda medida es convocar a las fuerzas pol¨ªticas favorables a la paz para renovar el pacto pol¨ªtico orientado a acelerar la presentaci¨®n y tr¨¢mite de los proyectos de ley en funci¨®n de la implementaci¨®n de los acuerdos¡±, prosigue el estudio, que pone el acento en el papel de la sociedad civil para ¡°generar un nuevo ambiente en favorable a la paz con las FARC y con el ELN y apoyar al Gobierno al relanzamiento de los acuerdos¡±.