Venga a vivir a Canad¨¢, pero no vaya mucho al m¨¦dico

Canad¨¢ goza de la imagen de un pa¨ªs de brazos abiertos en el mundo. Sin embargo, La Ley sobre la inmigraci¨®n y la protecci¨®n de los refugiados proh¨ªbe otorgar la residencia permanente a personas susceptibles de causar costos elevados en cuidados sanitarios o servicios sociales.

La cadena Global News difundi¨® hace unos meses el caso de la familia Sharp. Los padres, originarios de Estados Unidos y Australia, vieron rechazada su solicitud familiar de residencia permanente porque uno de sus hijos tiene par¨¢lisis cerebral. ¡°Si un individuo supera los 6.655 d¨®lares canadienses al a?o (unos 4.400 euros) en gastos relacionados con servicios sociales o sanitarios, se le podr¨¢ negar la solicitud de residencia permanente, tanto a ¨¦l como a su familia. Hay que recordar que el sistema de salud canadiense es universal y gratuito¡±, se?ala a El Pa¨ªs Jes¨²s Hern¨¢ndez Limones, director general de la firma de asesor¨ªa jur¨ªdica CI Canad¨¢ y consejero certificado por el Ministerio de Inmigraci¨®n, refugiados y ciudadan¨ªa.

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El pasado 13 de diciembre, un comit¨¦ parlamentario present¨® un informe sobre este tema. El documento menciona en sus conclusiones que la ley actual ¡°no est¨¢ en sinton¨ªa con los valores canadienses¡±, por lo que se recomienda reformarla para hacerla m¨¢s abierta. El informe indica que cada a?o se ahorran 135 millones de d¨®lares canadienses (unos 88 millones de euros) por esta disposici¨®n, cifra que representa apenas el 0,1% del total de gastos nacionales en salud. Entre 2013 y 2016, 3.960 solicitudes fueron denegadas. Sin embargo, pasaron a 1.444 luego de revaluaciones en m¨²ltiples casos.

Insuficiencia renal cr¨®nica, deficiencias intelectuales y VIH fueron las causas m¨¢s frecuentes, seg¨²n el informe. Hern¨¢ndez Limones evoca otras razones que ha constatado: ¡°Por ejemplo, hay la necesidad de algunos tipos de pr¨®tesis o de acceso a largas sesiones de rehabilitaci¨®n. Tambi¨¦n se dan casos de ni?os que requieren de tratamientos hormonales costosos por temas de crecimiento, de algunos tipos de c¨¢ncer y de problemas cardiacos que hab¨ªan pasado desapercibidos antes de la revisi¨®n m¨¦dica obligatoria¡±.

Ahmed Hussen, Ministro de Inmigraci¨®n, refugiados y ciudadan¨ªa, ya hab¨ªa expresado ante los miembros del comit¨¦ parlamentario la intenci¨®n del gobierno de Justin Trudeau de hacer cambios para disminuir el n¨²mero de solicitudes rechazadas en un 80% o 90%. Se desconoce hasta el momento en qu¨¦ fecha podr¨ªan presentar los liberales la propuesta de modificaci¨®n a la ley. Los conservadores, sin cerrar completamente la puerta a una reforma, consideran que es necesario contar con m¨¢s datos financieros. Por su parte, el Nuevo Partido Democr¨¢tico pide que se elimine completamente la restricci¨®n.

En este escenario, ser¨¢ tambi¨¦n importante persuadir a las provincias, ya que son las encargadas de brindar los servicios sociales y sanitarios. Algunas, como Nuevo Brunswick y Saskatchewan, han expresado su oposici¨®n a cualquier cambio. Otras m¨¢s, como Ontario y la Columbia Brit¨¢nica, estar¨ªan a favor, siempre y cuando el gobierno federal compense los gastos suplementarios. Miembros del Consejo de canadienses con discapacidad han se?alado en distintos foros que los puntos de la ley en vigor son discriminatorios, ya que van en contra de la Carta canadiense de derechos y libertades y de la Convenci¨®n de Naciones Unidas relativa a las personas con discapacidad, la cual fue ratificada por Canad¨¢.