Puerto Rico: el gran perdedor de la reforma fiscal de Estados Unidos

La opini¨®n predominante -sostenida por algunos de los medios de comunicaci¨®n m¨¢s importantes del pa¨ªs-, argumentaba que la nueva ley no ser¨ªa aprobada hasta principios del pr¨®ximo a?o, con el objetivo de evitar la reducci¨®n inmediata de fondos destinados a diversos programas sociales y postergar su reestructuraci¨®n hasta 2019. Pero si algo define a Donald Trump es su capacidad innata para la sorpresa. El periodo navide?o se prestaba como escaparate perfecto para su primera gran victoria. El viernes se llev¨® a cabo la firma definitiva del texto legal en el ya tradicional acto celebrado en la Casa Blanca, donde un Trump satisfecho de s¨ª mismo alab¨® frente a un nutrido grupo de periodistas las cualidades de su particular ¡°regalo de navidad¡± al ecosistema empresarial norteamericano.

El nuevo texto legal reduce el impuesto de sociedades al 21%, todo un reclamo tributario que tiene como objetivo provocar el retorno del tejido industrial norteamericano al pa¨ªs. Sin embargo, la reforma deja fuera a Puerto Rico, que pasa a ser considerado como jurisdicci¨®n for¨¢nea debido a su particular estatus dentro de la naci¨®n. A efectos de esta nueva categorizaci¨®n, toda empresa manufacturera estadounidense asentada la isla ser¨¢ lastrada con un recargo impositivo del 12,5% por concepto de propiedad intelectual, hecho que amenaza con provocar el desmantelamiento generalizado de un sector clave para la econom¨ªa local.

Pese a formar parte ¨ªntegra de la naci¨®n norteamericana y compartir el mismo marco jur¨ªdico, los resultados de la reforma fiscal podr¨ªan arrojar a la econom¨ªa puertorrique?a al fondo del abismo. Voces expertas estiman entre 70.000 y 150.000 los empleos directos que podr¨ªan perderse si estas compa?¨ªas abandonan la isla.

De poco han servido las iniciativas y presiones ejercidas desde el seno del gobierno insular. De los m¨²ltiples contactos mantenidos por Ricardo Rossell¨®, gobernador de Puerto Rico, con senadores y congresistas norteamericanos durante las pasadas semanas solo podr¨ªa subrayarse una suerte de apoyo inconsistente frente a la certificaci¨®n de lo inevitable.

A lo largo del pasado viernes, Rossell¨® mantuvo sendas reuniones con los senadores Ted Cruz (republicano) y John Widen (dem¨®crata), con quienes abord¨® la necesidad de establecer un trato igualitario en la concesi¨®n de fondos federales destinados a la recuperaci¨®n de desastres (se argumenta que los estados de Florida y Texas, ambos de mayor¨ªa republicana, han recibido mayores ayudas). Otro de los quebraderos de cabeza del gobierno local es su incapacidad para costear un sistema de salud p¨²blico que arrastra graves problemas de presupuesto, por lo que Rossell¨® solicit¨® a las autoridades norteamericanas la cobertura total del gasto durante los pr¨®ximos dos a?os, algo que ya se hizo con el Estado de Luisiana tras el paso del Hurac¨¢n Katrina en 2005.

Las esperanzas se concentran adem¨¢s en el paquete de fondos aprobado el pasado jueves por la C¨¢mara de Representantes estadounidense, un colosal presupuesto de 81.000 millones de d¨®lares a repartir entre los estados de Florida, Texas y California junto a los territorios de Islas V¨ªrgenes y Puerto Rico, todos ellos afectados por diversos desastres naturales durante el presente a?o.

Jennifer Gonz¨¢lez, comisionada residente de la isla en el Congreso de los EEUU ¨Cfigura representativa con voz, pero sin capacidad de voto-, logr¨® incluir en la partida presupuestaria una enmienda mediante la cual la isla ser¨ªa considerada como ¡°zona de oportunidad¡±, lo que redundar¨ªa en importantes exenciones fiscales a inversiones extranjeras y relajar¨ªa los efectos del nuevo r¨¦gimen impositivo dictado por la reforma fiscal de Trump. Sin embargo, el presupuesto debe ser aprobado por un Senado de mayor¨ªa republicana que podr¨ªa rechazar las condiciones pactadas y disipar as¨ª toda esperanza boricua.

Territorio incorporado, jurisdicci¨®n for¨¢nea

El ambiguo contexto puertorrique?o dentro del marco global de la primera potencia mundial se encuentra repleto de contradicciones. Su debilitado gobierno insular apenas puede gestionar una estructura p¨²blica que arrastra una deuda de m¨¢s de 73.000 millones de d¨®lares. A la mala gobernanza local ¨Ctesis aceptada incluso por los dos principales partidos pol¨ªticos insulares, quienes se acusan mutuamente de irresponsabilidades en el gasto p¨²blico- debe sumarse la progresiva eliminaci¨®n de las exenciones contributivas federales de las que la isla hab¨ªa gozado durante d¨¦cadas. El perfecto escaparate del modelo econ¨®mico estadounidense en tiempos de la Guerra Fr¨ªa muestra ahora las grietas crecientes de un edificio en ruinas.

Con motivo de los altos niveles de deuda p¨²blica contra¨ªdos ¨Clos cuales descansan principalmente en acreedores norteamericanos-, y frente a la incapacidad de declararse en quiebra como podr¨ªa hacer cualquier administraci¨®n de la naci¨®n, el gobierno puertorrique?o debe someterse a las directrices de la Ley para la Supervisi¨®n, Administraci¨®n y Estabilidad Econ¨®mica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingl¨¦s), instrumento mediante el cual se atisba un dif¨ªcil horizonte de restructuraci¨®n crediticia insular, con negociaciones que podr¨ªan prolongarse durante a?os, todo ello al albor de severas pol¨ªticas de austeridad como receta ineludible. La previsi¨®n de crecimiento del PIB local para el pr¨®ximo a?o refleja uno de los peores datos a escala mundial, y se prev¨¦ que la crisis econ¨®mica ¨Canclada y persistente desde hace nueve a?os-, se prolongue por espacio de d¨¦cadas. La calificaci¨®n de la deuda puertorrique?a se mantiene a niveles de bono basura y se teme que los efectos de la nueva reforma federal, concebida para reforzar la f¨¦rrea maquinaria industrial estadounidense, aceleren su definitiva ca¨ªda a los infiernos.

Bajo las secuelas de Mar¨ªa

El impacto del Hurac¨¢n Mar¨ªa en la madrugada del jueves, 21 de septiembre, no solo sembr¨® de dudas cualquier expectativa de que la administraci¨®n local pudiese hacer frente al pago de la deuda (de hecho, ni tan siquiera es capaz de cubrir el costo de sus intereses), sino que las im¨¢genes virales de una destrucci¨®n generalizada, unida a la desprotecci¨®n total de su ciudadan¨ªa tras el fat¨ªdico evento, evidenci¨® s¨ªntomas semejantes a una cat¨¢strofe humanitaria. Se calcula que los da?os por el paso del fen¨®meno atmosf¨¦rico rozan los 100.000 millones de d¨®lares. El sistema el¨¦ctrico nacional qued¨® inservible, revelando graves deficiencias que ya exist¨ªan y sumergiendo a la poblaci¨®n en una oscuridad primigenia que persiste, en ocasiones, hasta la actualidad. Varios municipios, incluso ciertas ¨¢reas de la propia capital, contin¨²an sin luz tres meses despu¨¦s. Cifras oficiales revelan un restablecimiento de las fuentes de producci¨®n energ¨¦ticas cercano al 65%.

Las p¨¦rdidas afectan de forma directa al tejido empresarial local. Seg¨²n datos aportados por el Centro Unido de Detallistas, entidad puertorrique?a sin ¨¢nimo de lucro centrada en la peque?a y mediana empresa, cerca de 4.000 negocios tuvieron que detener sus actividades durante las semanas siguientes al paso del hurac¨¢n ante la inexistencia de servicio el¨¦ctrico. Pese a que la Agencia Federal para el Desarrollo de la Peque?a Empresa (SBA, por sus siglas en ingl¨¦s), ha ofrecido ventajas en el acceso a cr¨¦ditos para promover la recuperaci¨®n del tejido econ¨®mico, muchos se han visto obligados a echar el cierre y buscar alternativas fuera. Los niveles de emigraci¨®n a lo largo de la ¨²ltima d¨¦cada muestran la radiograf¨ªa de la inestabilidad: el Instituto de Estad¨ªsticas de Puerto Rico revel¨® que, desde el a?o 2010, uno de cada diez puertorrique?os residentes en la isla se ha mudado a territorio continental. Florida, Nueva York, Texas o California destacan como destinos preferentes de esta nueva di¨¢spora, que ya supera a la de los a?os 50 del pasado siglo.

Ante posible marcha del tejido empresarial manufacturero, nuevas dudas se ciernen sobre Puerto Rico y sus ya debilitadas v¨ªas de reconstrucci¨®n y posterior financiamiento. Mientras tanto, el despoblamiento y envejecimiento de sus calles anuncian la cr¨®nica de una muerte econ¨®mica ¨Cy social- anunciada.

Jos¨¦ Mar¨ªa T¨ªscar Garc¨ªa es periodista.