El ministro belga que ofreci¨® asilo a Puigdemont desata una tormenta en su Gobierno por repatriar a sudaneses
Varios de los expulsados han sufrido torturas al regresar al pa¨ªs africano
El Gobierno belga se tambalea por un oscuro episodio de pol¨ªtica migratoria. El ministro de Migraci¨®n, Theo Francken, vive cada vez m¨¢s acorralado por haber permitido la deportaci¨®n de una decena de sudaneses que sufrieron torturas al retornar al pa¨ªs africano. Parad¨®jicamente, Francken, representante del ala dura del partido nacionalista flamenco N-VA, propiciaba estas expulsiones casi al tiempo que ofrec¨ªa asilo pol¨ªtico a Carles Puigdemont. Aunque finalmente no opt¨® por esa v¨ªa, el expresidente huy¨® a B¨¦lgica apenas un d¨ªa despu¨¦s de que el responsable de Migraci¨®n en el Ejecutivo belga lanzase ese ¨®rdago al Gobierno espa?ol.
Ambos gestos ¡ªtanto la sugerencia en p¨²blico de que Puigdemont podr¨ªa recibir el estatus de refugiado como la defensa de un acuerdo con la dictadura de Sud¨¢n para poder repatriar a migrantes llegados a B¨¦lgica¡ª han puesto en graves aprietos al Gobierno de ese pa¨ªs. El Ejecutivo federal opera mediante un delicado equilibrio entre cuatro fuerzas pol¨ªticas, con la N-VA como hegem¨®nica, aunque el primer ministro, Charles Michel, es un liberal franc¨®fono. La enorme dureza exhibida por Francken, uno de los valores m¨¢s prominentes del nacionalismo flamenco, hacia los demandantes de asilo contrasta con la complacencia mostrada hacia Puigdemont.
La m¨¢xima autoridad en pol¨ªtica migratoria ¡ªes secretario de Estado con rango de ministro¡ª mostr¨® dudas sobre la posibilidad de que el exmandatario catal¨¢n tuviera un juicio justo en Espa?a, pero no dud¨® en fomentar las repatriaciones a Sud¨¢n, cuyo presidente, Omar al Bashir, est¨¢ acusado de cr¨ªmenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional. Francken recibi¨® en septiembre a una delegaci¨®n pol¨ªtica de Jartum para que sus miembros identificaran a sus compatriotas sudaneses y aceptasen las expulsiones ordenadas por B¨¦lgica. Tras esos tratos, varias organizaciones, entre ellas el Instituto Tahrir, documentaron malos tratos de los expulsados. Estas misiones constituyen una pr¨¢ctica com¨²n de los pa¨ªses europeos para fomentar los retornos de migrantes sin derecho a asilo, en un contexto que prima las expulsiones frente a la acogida. Pero cualquier decisi¨®n de deportar debe cumplir principios b¨¢sicos. El extranjero tendr¨¢ derecho a pedir protecci¨®n y el Estado que retorna se asegurar¨¢ de que el expulsado no corre riesgo de sufrir trato degradante.
B¨¦lgica incumple
B¨¦lgica, seg¨²n los tribunales, ha incumplido este ¨²ltimo criterio. Un auto del Tribunal de Apelaci¨®n de Bruselas acaba de constatar que la detenci¨®n en centro cerrado de uno de los sudaneses amenazados de expulsi¨®n ¡°no es conforme a las exigencias legales¡±, en concreto por ¡°las informaciones sobre la situaci¨®n particularmente alarmante de Sud¨¢n¡±, se?ala el texto, fechado el 4 de enero y al que ha tenido acceso EL PA?S. Luc Denys, abogado experto en esta materia, a?ade: "El Estado belga no ha respetado el art¨ªculo 3 de la Convenci¨®n Europea de Derechos Humanos, que proh¨ªbe la tortura o el trato inhumano o degradante".
Las autoridades han frenado, de momento, cualquier deportaci¨®n de sudaneses hasta que concluya la investigaci¨®n abierta para depurar responsabilidades. Pero la tormenta pol¨ªtica arrecia. Frente a las crecientes voces que piden la dimisi¨®n de Francken por una pol¨ªtica implacable cuyo ¨²ltimo ejemplo es el episodio sudan¨¦s, el l¨ªder del partido, Bart de Wever, ha lanzado un ultim¨¢tum: ¡°Si la mayor¨ªa pide la dimisi¨®n de Francken, la N-VA se retira del Gobierno¡±. Entretanto, otro de los socios de Gobierno, la CD&V (conservadores flamencos), ha acusado al primer ministro de haberse convertido en ¡°la marioneta de la N-VA¡± por permitir esa pol¨ªtica migratoria.
Consciente del riesgo de disoluci¨®n del Gobierno que impondr¨ªa la salida del partido m¨¢s votado en B¨¦lgica, Charles Michel trata de parar el golpe. El dirigente liberal ha asegurado este lunes no sentirse ¡°intimidado por el chantaje, las amenazas y las provocaciones¡± y ha matizado que la investigaci¨®n abierta para esclarecer las deportaciones de sudaneses no cuestiona directamente a Francken. Pese a todo, las actuaciones de este dirigente nacionalista vuelven a sembrar la discordia en el Gobierno belga tras las tensiones generadas en los ¨²ltimos meses por la posici¨®n del partido en general ¡ªy de Francken en particular¡ª respecto al conflicto catal¨¢n.
Bruselas fomenta las misiones de retorno
B¨¦lgica no es el ¨²nico pa¨ªs que invita a las autoridades de los territorios de donde proceden los migrantes a cooperar en las devoluciones. Francia ha acogido tambi¨¦n misiones de Sud¨¢n para incentivar la salida de ciudadanos originarios de ese Estado africano. Con una tasa de retornos que no llega al 40% de los extranjeros con orden de expulsi¨®n, la Uni¨®n Europea est¨¢ decidida a intensificar esta pol¨ªtica para centrarse en atender e integrar a los refugiados a costa de cerrar el paso a los llamados migrantes econ¨®micos. Las fronteras entre ambos colectivos son, pese a todo, m¨¢s que difusas.
Para agilizar esos trabajos, la agencia de protecci¨®n de fronteras, Frontex, ha incorporado este cometido a su lista de funciones. A principios de 2017, la Comisi¨®n Europea inform¨® de que los expertos de Frontex ¡°deber¨¢n organizar misiones de identificaci¨®n desde terceros pa¨ªses clave, con las autoridades participantes [dispuestas] a expedir documentos de viaje durante las misiones o inmediatamente despu¨¦s¡±. Uno de los grandes retos de los retornos consiste en que el pa¨ªs de origen o de tr¨¢nsito del migrante acepte la devoluci¨®n desde el Estado europeo al que ha llegado. Las misiones pretenden allanar ese camino, con acuerdos poco transparentes.
Aunque Frontex preste apoyo, la responsabilidad de estas operaciones recae en los Estados miembros, responsables ¨²ltimos de la pol¨ªtica migratoria. Cualquier devoluci¨®n debe realizarse tras haber ofrecido al extranjero la posibilidad de pedir asilo y una vez comprobado que el retorno a su Estado de origen no comporta un riesgo para su integridad. No siempre se cumplen estas dos condiciones.
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