Ocho militares mexicanos y una larga temporada en el infierno

El Tribunal Supremo Militar de M¨¦xico confirm¨® este lunes la pena impuesta a ocho militares por colaborar con el cartel de Los Zetas entre 2010 y 2011. Si la justicia civil no lo impide, se pasar¨¢n 26 a?os en prisi¨®n. Ya llevan m¨¢s de seis. Igual que el jurado que los conden¨® en primera instancia el pasado abril, el Alto Tribunal ha desestimado las torturas a que fueron sometidos durante el proceso. Torturas infligidas por polic¨ªas militares judiciales, que se encargan de investigar delitos en el ¨¢mbito castrense. O dicho de otro modo, torturas que sufrieron de mano de sus propios compa?eros.

Con alguna variaci¨®n, los ocho relatan que en marzo de 2011, polic¨ªas judiciales militares los detuvieron en su batall¨®n, con sede en Saltillo, en el Estado de Coahuila. Les trasladaron a un galp¨®n dentro de las instalaciones del cuartel y les interrogaron. Tambi¨¦n les torturaron. Al parecer, los judiciales trataban de probar que los ocho hab¨ªan pasado informaci¨®n a enlaces de Los Zetas: por d¨®nde saldr¨ªan a patrullar, d¨®nde instalar¨ªan un puesto de control. Por entonces, Los Zetas hab¨ªan desplazado al Cartel del Golfo en Coahuila y amenazaban su hegemon¨ªa en el norte del pa¨ªs.

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Les tuvieron all¨ª durante d¨ªas, a golpes. En sus declaraciones al Ministerio P¨²blico militar, dieron detalles de aquel infierno: "Al sentir que me asfixiaba, comenzaba a manotear (...) Al tiempo de unos minutos me quit¨® la bolsa de la cara y me volvi¨® a hacer la pregunta, que qui¨¦n era TAURO, para qui¨¦n trabajaba y que me dejara de hacer pendejo (...) [Luego] me quit¨® las esposas y me pidi¨® que me desnude. Al desnudarme, me tira en un colch¨®n, me amarra de pies y pr¨¢cticamente la totalidad del cuerpo para que no me moviera y poni¨¦ndome un trapo en la nariz, comenzaban a tirarme agua en la cara".

Para Ramiro Ram¨ªrez, abogado de los ocho, su colaboraci¨®n o no con Los Zetas no es el tema: "Es un juicio viciado y de esos vicios solo es culpable la misma Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena, al permitir a sus agentes de la polic¨ªa judicial que privaran de la libertad y torturaran a los sentenciados". Durante el juicio, Ram¨ªrez insisti¨® en que hab¨ªa jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Naci¨®n que apoya la nulidad de procesos, en que uno o m¨¢s testimonios se obtienen mediante tortura.

En todo caso, insiste el letrado, "en los siete a?os de proceso, el ministerio p¨²blico no encontr¨® prueba de que ellos colaboraban con los Zetas. Lo ¨²nico que existe son las declaraciones de ellos mismos incrimin¨¢ndose, pero por la tortura f¨ªsica y psicol¨®gica de la que fueron objeto. Concretamente", sigue, "la acusaci¨®n es que ellos transmit¨ªan informaci¨®n por medio de llamadas y mensajes de texto, y eso nunca lo pudieron acreditar, a pesar de que tuvieron los tel¨¦fonos de todos los militar y de los dos civiles."

Los dos civiles a los que se refiere son supuestos integrantes de Los Zetas, cuyas declaraciones habr¨ªan forzado la intervenci¨®n de la polic¨ªa judicial militar. Tauro, mencionado arriba, ser¨ªa el alias de un militar, contacto de Los Zetas con los dem¨¢s.

La Sedena reconoce la tortura

Al inicio del proceso, dos de los ocho, Francisco Javier Soto y S¨®crates Humberto L¨®pez, presentaron una queja ante la Comisi¨®n Nacional de Derechos Humanos. El ombudsman investig¨® y elabor¨® un informe que probaba la tortura de los judiciales. Para evitar su publicaci¨®n la Sedena lleg¨® a un acuerdo, reconoci¨® la tortura y accedi¨® a pagarles una indemnizaci¨®n, 2.500 d¨®lares. Sin embargo, el proceso continu¨® como si nada.

Al mismo tiempo, el Ej¨¦rcito mand¨® a un perito para que realizara un informe sobre la salud de todos; para que determinara si efectivamente hab¨ªan sufrido tortura. En abril, durante el juicio, explic¨® que sufr¨ªan diferentes niveles de estr¨¦s postraum¨¢tico derivado de los tratos que les brindaron durante su detenci¨®n.

Tras seis a?os en la justicia militar, el caso llega ahora a la civil. Tras la consiguiente apelaci¨®n de Ram¨ªrez, un tribunal ordinario ver¨¢ el caso y decidir¨¢. Entre tanto, los ocho pasan sus d¨ªas en una c¨¢rcel federal en Veracruz.