Juicio a los mandos policiales en Veracruz

En la segunda semana de febrero ha iniciado el procesamiento judicial de los m¨¢s altos cargos de la Secretar¨ªa de Seguridad P¨²blica de Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, as¨ª como de mandos operativos de las polic¨ªas estatal y fuerza civil, y del director de las c¨¢rceles estatales. Est¨¢n imputados tambi¨¦n 22 polic¨ªas, de los cuales 15 est¨¢n detenidos, quienes pertenec¨ªan a dos grupos de ¨¦lite de la polic¨ªa estatal. El hecho es hist¨®rico porque es la primera ocasi¨®n en que son procesados funcionarios p¨²blicos del m¨¢s alto nivel encargados de la seguridad p¨²blica bajo la nueva Ley General sobre Desaparici¨®n Forzada.

Este grupo de funcionarios y polic¨ªas llev¨® a cabo una pol¨ªtica sistem¨¢tica de detenci¨®n arbitraria y desaparici¨®n forzada de j¨®venes sospechosos de colaborar con el grupo delictivo de los Zetas. Por ahora la Fiscal¨ªa General del Estado tiene pruebas de 15 casos del a?o 2013, que tuvieron lugar en la capital Xalapa y en la regi¨®n de C¨®rdoba. Lo que ha quedado claro en las audiencias orales celebradas en d¨ªas pasados es que los dos grupos de ¨¦lite llevaron a cabo detenciones sin orden judicial, torturaron a los presos, y desaparecieron luego los cuerpos de sus v¨ªctimas. M¨¢s a¨²n, de las audiencias se ha sabido que en varios casos los polic¨ªas violaron a las v¨ªctimas de sexo femenino y en al menos un caso abusaron sexualmente de la pareja de uno de los detenidos.

En realidad estamos frente a la punta del iceberg de las violaciones masivas y sistem¨¢ticas de los derechos humanos por parte de los cuerpos de seguridad en el marco de la guerra contra el narco. La importancia de este juicio colectivo radica en que es la primera ocasi¨®n en que el sistema de justicia procesa a altos mandos y cuadros operativos policiales por delitos de lesa humanidad en el marco de la nueva legislaci¨®n creada a partir de la presi¨®n los colectivos de desaparecidos y de organismos de la sociedad civil. Cabe mencionar que los altos funcionarios tambi¨¦n est¨¢n siendo procesados por corrupci¨®n.

En este caso no importa que la probable causa de que el gobernador Miguel ?ngel Yunes haya impulsado este proceso sea la b¨²squeda de legitimaci¨®n de su gobierno y posicionar a su hijo como candidato a la gubernatura; no es relevante por ahora que se procesen unos pocos casos dentro de los cientos que existen en Veracruz debidamente documentados. Lo que importa es que a partir de esta fecha la narrativa hegem¨®nica del gobierno federal y de los estatales acerca de que los miles de desaparecidos y muertos de la guerra contra el crimen eran v¨ªctimas de los conflictos internos entre los grupos delincuenciales se demuestra parcialmente falsa. Ya sab¨ªamos, pero ahora existe un cierto grado de certidumbre legal, que ha sido una pr¨¢ctica sistem¨¢tica del Estado el conducir una guerra sucia contra el crimen organizado, la cual ha causado, como todas las guerras sucias, miles de v¨ªctimas inocentes, cuyos casos nos son investigados por el inoperante sistema de justicia, el cual est¨¢ bajo control de las mismas autoridades que han autorizado dicha pol¨ªtica.

Este proceso cuestiona la estrategia gubernamental de construir polic¨ªas estatales ¨²nicas para fortalecer las fuerzas de seguridad. El caso de Veracruz demuestra que las polic¨ªas estatales pueden asumir comportamientos delincuenciales en ausencia de controles civiles efectivos sobre su desempe?o. M¨¢s a¨²n, queda en entredicho la Ley de Seguridad Interna ya aprobada por las c¨¢maras, en la medida en que el caso de Veracruz ilustra los riesgos gigantescos que implica dejar a las fuerzas de seguridad sin adecuada supervisi¨®n civil.

Si las investigaciones contin¨²an y se llevan acabo con seriedad, pronto se demostrar¨¢ que tambi¨¦n las fuerzas militares han participado de esta pol¨ªtica de guerra sucia y que en realidad en todo el pa¨ªs, ante la desesperaci¨®n de los gobiernos federales de Calder¨®n y Pe?a Nieto, se ha recurrido a m¨¦todos ilegales para combatir a la delincuencia organizada en el marco de una impunidad casi total hasta ahora.

S¨ª, hoy confirmamos que ha sido el Estado. Fue el Estado el que desapareci¨® a cientos de personas en Veracruz y probablemente a miles a nivel nacional. Entregar la seguridad del pa¨ªs a las fuerzas del orden en la ausencia de instituciones de justicia operativas es garantizar la violaci¨®n de los derechos humanos. En M¨¦xico se requieren m¨¢s instituciones de justicia y no m¨¢s libertades discrecionales a las instituciones represivas.

Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Hist¨®rico-Sociales de la Universidad Veracruzana.