Bachelet logra a ¨²ltima hora que la Justicia investigue 30.000 casos de torturados en la dictadura

El s¨¢bado 10 de marzo, el d¨ªa antes de que la expresidenta Michelle Bachelet entregara el poder a la derecha de Sebasti¨¢n Pi?era, su subsecretaria de derechos humanos, Lorena Fr¨ªes, realiz¨® una denuncia ante la Justicia para que se investiguen unos 30.000 casos de torturados que entregaron su testimonio ante la Comisi¨®n Valech, una instancia creada durante el mandato de Ricardo Lagos (2000-2006) y que document¨® los abusos y prisi¨®n pol¨ªtica contra miles de chilenos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). El Estado en ese momento se hab¨ªa comprometido ante las v¨ªctimas a mantener el secreto por 50 a?os, pero en el ¨²ltimo tiempo este acuerdo fue criticado por determinados sectores ligados a los derechos humanos y por el propio Gobierno de Bachelet (2014-2018), que en septiembre pasado solicit¨® al Congreso la discusi¨®n de un proyecto legislativo para revelar los testimonios.

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La denuncia de Fr¨ªes recay¨® en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, dedicado a investigar las violaciones a los derechos humanos en la zona centro del pa¨ªs. A cargo de conocer la verdad judicial de las muertes del expresidente Salvador Allende y el poeta Pablo Neruda, entre otras de alta connotaci¨®n, el magistrado decidi¨® no rechazarla y darle curso, es decir, investigar¨¢ los 30.0000 casos. El secreto de los testimonios deber¨¢ resolverlo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una corporaci¨®n que no depende del Poder Ejecutivo, aut¨®noma e independiente. Cuando Carroza pida la informaci¨®n, ser¨¢ este organismo el que decida si los entregar¨¢ totalmente, solo los nombres de las v¨ªctimas o si tomar¨¢n una definici¨®n caso a caso.

La subsecretar¨ªa de Derechos Humanos se form¨® en 2016 y depende del Ministerio de Justicia. Fr¨ªes suscribi¨® la denuncia como subsecretaria, en unos de sus ¨²ltimos actos administrativos. En cualquier caso, contactada por EL PAIS, Fr¨ªes aclara: "Desde el Gobierno [de Bachelet] me autorizaron".

El primer mandato democr¨¢tico luego de la dictadura, el de Patricio Aylwin (1990-1994), form¨® la Comisi¨®n Rettig, una instancia que investig¨® por primera vez la existencia de detenidos desaparecidos y ejecutados pol¨ªticos en el r¨¦gimen de Pinochet. Pero los detenidos y torturados no hab¨ªan tenido un reconocimiento del Estado. Fue apenas en 2003, cuando se cumplieron los 30 a?os del Golpe de Estado contra Allende, cuando el presidente Lagos anunci¨® la creaci¨®n de la Comisi¨®n Nacional de Pol¨ªtica y Tortura, liderada por el sacerdote Sergio Valech. Esta comisi¨®n recolect¨® miles de testimonios de v¨ªctimas y sus familiares y estableci¨® que 28.459 personas hab¨ªan sufrido prisi¨®n pol¨ªtica y torturas en la dictadura.

La denuncia de Fr¨ªes del s¨¢bado 10 de marzo pasado, que Carroza dio curso, representa un nuevo intento para el levantamiento del secreto para los tribunales de justicia de los archivos de la primera Comisi¨®n Valech de 2003

Alguna vez el propio Lagos explic¨® las razones para los 50 a?os de secreto y no 30, como se pens¨® decretar en un primer momento. Siendo presidente, una v¨ªctima fue a verlo a la sede del Gobierno y, seg¨²n Lagos, la mujer le se?al¨®: "Presidente, usted ve que soy todav¨ªa joven. Me torturaron reiteradamente cuando ten¨ªa 15 a?os. Sufr¨ª todo tipo de vej¨¢menes, incluyendo violaciones de todo tipo. Ocurre, presidente, que yo espero estar viva todav¨ªa cuando tenga 80 a?os y no quiero que mientras est¨¦ viva mis nietos conozcan estas atrocidades que sufri¨® su abuela; 30 a?os para m¨ª son insuficientes y por eso le pido a usted que pueda extender la privacidad de mi declaraci¨®n durante 50 a?os".

Pero algunos sectores de izquierda y ligados a la defensa de los derechos humanos sospechan que lo que hubo fue una especie de acuerdo entre el Gobierno de la ¨¦poca y las Fuerzas Armadas. "No se entiende por qu¨¦ se puso secreto por 50 a?os si no es para otorgar impunidad a los que torturaron", se?al¨® en septiembre pasado el diputado comunista Hugo Guti¨¦rrez, que impuls¨® el proyecto de ley en el Congreso. Las supuestas negociaciones secretas, en cualquier caso, han sido negadas enf¨¢ticamente por Lagos y su Administraci¨®n.

El primer Gobierno de Bachelet (2006-2010) form¨® una nueva comisi¨®n, conocida como Valech 2, que estableci¨® la existencia de 9.795 nuevas v¨ªctimas de prisi¨®n pol¨ªtica y tortura en la dictadura. Tanto la informaci¨®n recogida en esta instancia como la contenida en el Informe Rettig est¨¢n a disposici¨®n de los tribunales, a diferencia de la Comisi¨®n Valech de la Administraci¨®n de Lagos. La denuncia de Fr¨ªes del s¨¢bado 10 de marzo pasado, que Carroza dio curso, representa un nuevo intento para el levantamiento del secreto para los tribunales de justicia de los archivos de la primera Comisi¨®n Valech de 2003.

Seg¨²n explica Fr¨ªes a EL PAIS, en el Parlamento el Ejecutivo estaba por incorporar una indicaci¨®n sustitutiva al proyecto de ley que permitiera que los tribunales conocieran los antecedentes hasta ahora secretos, "pero estableciendo un mecanismo de resguardo y de privacidad para las v¨ªctimas". La exsubsecretaria se?ala que, sin embargo, la comisi¨®n de Constituci¨®n del Senado no alcanz¨® a discutirla antes del receso legislativo y el cambio de Administraci¨®n.

Agrega otro antecedente: "Lo hicimos al final porque tuvimos bastantes dificultades en poder avanzar en una agenda con las personas que fueron sobrevivientes de la tortura". La exsubsecretaria se?ala que una de las iniciativas que quer¨ªan realizar antes de que terminara el Gobierno era la generaci¨®n de una comisi¨®n permanente al alero del Ministerio de Justicia que tuviera entre sus funciones revisar los testimonios rechazados por la Comisi¨®n Valech 2 y cuyas v¨ªctimas no tuvieron derecho a apelaci¨®n. "Pero la autoridad [el exministro de Justicia, Jaime Campos] no firm¨® el decreto, con lo que estos planes no se pudieron echar a andar. Esto estaba listo para noviembre. En diciembre se?al¨® que desde el Ministerio del Interior no le daban el pase y finalmente tuvimos una reuni¨®n con los expresos pol¨ªticos el 29 de enero donde se cerr¨® la mesa de negociaci¨®n y se acord¨® que se iba a avanzar, que no hab¨ªa razones para no firmarse el decreto. Aun as¨ª, no se firm¨®. Y quien ten¨ªa que firmar era Campos".

Fr¨ªes dice que como funcionaria p¨²blica que tiene el deber de denunciar si tiene conocimiento de il¨ªcitos, sobre todo los imprescriptibles como las violaciones a los derechos humanos, realiz¨® la denuncia: "Ante el cambio de Gobierno [de la derecha de Sebasti¨¢n Pi?era], me pareci¨® que pod¨ªa entregarle la pelota a los tribunales, que tienen fallos de la Corte Interamericana en el sentido de investigar los casos de tortura. Utilic¨¦ el mecanismo de la denuncia, porque no ten¨ªa facultades para iniciar una querella", indica la exsubsecretaria. "Est¨¢ claro que en los pr¨®ximos cuatro a?os no iba a haber un impulso del actual Gobierno en esta materia y me sent¨ª con la responsabilidad de hacerlo".

Las gestiones contrarreloj

No es la ¨²ltima gesti¨®n que el Gobierno de Bachelet realiz¨® en los ¨²ltimos d¨ªas u horas. A cinco d¨ªas del cambio de mando, la presidenta present¨® su proyecto de nueva Constituci¨®n, que ha sido criticado por el Gobierno entrante de derecha, de Sebasti¨¢n Pi?era, cuya Administraci¨®n frenar¨¢ la iniciativa. "No lo conoc¨ªa pr¨¢cticamente nadie, ni siquiera los partidos de la Nueva Mayor¨ªa de centroizquierda", se?al¨® el mandatario en entrevista con EL PA?S.

Hasta algunas horas antes de la ceremonia de traspaso de poder, por otra parte, Bachelet realiz¨® gestiones para llevar a cabo su ¨²ltimo proyecto estrella: cerrar la c¨¢rcel de Punta Peuco, un recinto destinado exclusivamente a violadores de los derechos humano de la dictadura, criticado por las v¨ªctimas desde su fundaci¨®n en 1995 por las condiciones privilegiadas en que viven los exmilitares y agentes. Pero la mandataria no tuvo ¨¦xito: su ministro de Justicia, Jaime Campos, se neg¨® a firmar el decreto. Fue la propia subsecretaria de derechos humanos, Lorena Fr¨ªes, que se?al¨® haber visto el documento firmado por la presidenta Bachelet.

El exministro Campos, a trav¨¦s de un video, relat¨® hace unos d¨ªas: "A horas de la transmisi¨®n de mando, ?puede alguien obligarme a ejecutar actos que violenten mi conciencia y que violenten la Constituci¨®n y las leyes?". "En el a?o y medio de mi ejercicio ministerial, en seis ocasiones le volv¨ª a se?alar la necesidad y la urgencia de que adopt¨¢semos una resoluci¨®n sobre el particular, e incluso, como Ministerio de Justicia, le planteamos dos o tres alternativas legalmente v¨¢lidas, a objeto de concretar nuestros anhelos en orden a encontrar una soluci¨®n a esta materia. Sin embargo, nunca tuve respuesta sobre ello", critic¨® Campos en el video. La expresidenta, hasta ahora, no se ha referido a este episodio que ha sido catalogado de "bochornoso".

Un tercer caso pol¨¦mico se produjo por la nominaci¨®n de un notario, un cargo apetecido en Chile, nombrado por el Ministerio de Justicia. A cinco d¨ªas de entregar su cargo junto con la presidenta, Campos cambi¨® la designaci¨®n de un notario para entreg¨¢rsela a un exfiscal que fue justo el primero en examinar el caso Caval, que investig¨® los negocios de la empresa de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon. El exministro revel¨® que recibi¨® "instrucciones superiores".