La Pampa argentina, estrangulada por las redes de trata
Cerca de 12.000 mujeres han sido rescatadas de la explotaci¨®n sexual en Argentina en una d¨¦cada, pero s¨®lo 163 casos han finalizado con condenas
Cuando Sol lleg¨® a la ciudad argentina de Santa Rosa, capital provincial de La Pampa, ten¨ªa 21 a?os. Su familia se hab¨ªa trasladado a Formosa, en el norte del pa¨ªs, en busca de mejores condiciones econ¨®micas, pero la situaci¨®n era complicada. Sol -cuyo nombre fue modificado por razones de seguridad- no consegu¨ªa trabajo y se desesperaba. Un d¨ªa, ley¨® junto a su amiga Angie un aviso en la secci¨®n de empleos del diario: buscaban mujeres j¨®venes para servir copas en una whisker¨ªa. Ofrec¨ªan 2.000 pesos por mes, casi 700 d¨®lares al cambio en 2006, mucho dinero para ese momento en el que Argentina sal¨ªa de una grave crisis econ¨®mica. Llamaron al tel¨¦fono del anuncio en seguida y se reunieron con un joven cordob¨¦s, que les dijo que el trabajo consist¨ªa en ser "alternadoras", es decir, servirles copas a los clientes del bar y charlar con ellos. Aceptaron la oferta, cuenta Sol a EL PA?S, hicieron las valijas y recorrieron 1.500 kil¨®metros en autob¨²s con el pasaje que el joven les hab¨ªa pagado, sin saber que hab¨ªan sido captadas para una red de trata con fines de explotaci¨®n sexual.
La trata de personas es el tercer delito que m¨¢s dinero mueve a nivel mundial, 32.000 millones anuales, disput¨¢ndose las cifras con el tr¨¢fico de armas, en segundo puesto. En Argentina, desde el a?o 2008 han sido rescatadas casi 12.000 v¨ªctimas de trata con fines de explotaci¨®n sexual, seg¨²n el Programa nacional de rescate y acompa?amiento a personas en situaci¨®n de explotaci¨®n del Ministerio de Justicia. Eran explotadas en prost¨ªbulos disfrazados de whisker¨ªas, bares, boliches, casas de tolerancia y clubes que funcionaban con connivencia estatal. Los municipios facilitaban la habilitaci¨®n para su funcionamiento y las chicas explotadas ten¨ªan libretas sanitarias donde figuran como alternadoras, eufemismo que se utiliza para darle una nominaci¨®n legal a la mujer explotada sexualmente.
De morena a rubia platino
El d¨ªa que Sol lleg¨® al prost¨ªbulo, Alicia Videla, due?a de Privado Vip, le dijo que le gustar¨ªa que fuera rubia. La recibi¨® con halagos y palabras dulces, y al d¨ªa siguiente la llev¨® a una peluquer¨ªa para te?irle el pelo negro de rubio platino. Esa misma noche, le dijo, ya sin sonrisas, que estaba ah¨ª para "hacer plata" y que ten¨ªa una deuda. Le explic¨® que tendr¨ªa que tener sexo con los clientes y que m¨¢s de la mitad del dinero deb¨ªa entreg¨¢rselo a ella. Alicia no actuaba sola, seg¨²n el testimonio de Sol. En su recorrida por las provincias enga?ando a mujeres lo acompa?aba un m¨¦dico y funcionario p¨²blico, que realizaba abortos clandestinos a las mujeres que quedaban embarazadas y les proporcionaba antidepresivos.
Sol estuvo tres a?os en situaci¨®n de trata. Pas¨® por varios prost¨ªbulos, hasta que decidi¨® pedir ayuda en la subsecretar¨ªa de pol¨ªticas de g¨¦nero de Santa Rosa. En 2009, a ra¨ªz de una denuncia de una menor de edad formose?a que estaba en el prost¨ªbulo de Videla, la polic¨ªa allan¨® Privado Vip. Detuvieron a Alicia Videla, su hermano Sa¨²l Videla y su esposa, Miriam C¨¦spedes, regentes del prost¨ªbulo y rescataron a 9 mujeres: 2 dominicanas y 7 argentinas. Pero estuvieron poco tiempo encarcelados: la joven formose?a levant¨® la denuncia en contra de Videla y los proxenetas quedaron libres. Sol mencion¨® que hubo dinero de por medio para el levantamiento de la denuncia, pero la investigaci¨®n est¨¢ parada.
Alika Kinan, s¨ªmbolo contra la impunidad
Alika Kinan, v¨ªctima sobreviviente de trata en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, gan¨® el a?o pasado el primer juicio de Argentina que declar¨® al Estado como part¨ªcipe necesario para el funcionamiento de la red. Este jueves, la C¨¢mara de Casaci¨®n confirm¨® la condena a siete a?os de c¨¢rcel a su proxeneta y orden¨® a la municipalidad de Ushuaia el pago de una indemnizaci¨®n de 780.000 pesos (casi 40.000 d¨®lares) a Kinan.
Las redes de trata existen por todo el pa¨ªs y se repite en ellas la complicidad institucional. S¨®lo en La Pampa hay un total de tres intendentes (alcaldes) que est¨¢n en la mira de la justicia por el delito de trata sexual: dos fueron condenados y uno est¨¢ al borde del juicio oral.
"Es un lugar de contenci¨®n, mucha gente que est¨¢ sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento" dijo Luis Rogers, actual intendente de Lonquimay, en 2009 al oponerse a la resoluci¨®n que ordenaba cerrar todos los prost¨ªbulos de la provincia de La Pampa. El pasado junio Rogers fue condenado a cinco a?os de prisi¨®n e inhabilitaci¨®n a ejercer cargos p¨²blicos por ser part¨ªcipe necesario del delito de trata de personas con fines de explotaci¨®n sexual debido a su rol en la estructura de la red que funcionaba con el cabaret "Good night", con el aval del jefe de polic¨ªa y el silencio. Pero el fallo a¨²n no es firme y Rogers contin¨²a en su puesto.
Lonquimay es un pueblo peque?o ubicado 530 kil¨®metros al suroeste de Buenos Aires. Seg¨²n el expediente, luego de la resoluci¨®n que prohib¨ªa prost¨ªbulos en la provincia, Rogers hab¨ªa habilitado el cabaret bajo el rubro "servicios de salones de baile" y se encargaba de firmar las libretas sanitarias de las chicas captadas por la red. Carlos Fern¨¢ndez era el due?o del prost¨ªbulo y trabajaba a codo con el comisario de la polic¨ªa local, Carlos Alaniz. "En la provincia hay caudillismo, cada intendente se maneja como un caudillo. Se conocen entre todos, no me consta una suerte de encubrimiento de parte de la gobernaci¨®n de la provincia, pero s¨ª se miraba para otro lado", explica Juan Jos¨¦ Baric, fiscal de instrucci¨®n del caso. "Su participaci¨®n fue total, absoluta, necesaria e imprescindible. No tiene prisi¨®n preventiva, est¨¢ en su casa. Se present¨® nuevamente en las ¨²ltimas elecciones" denuncia Baric.
La causa comenz¨® en 2009, cuando la polic¨ªa de La Pampa comenz¨® a tener sospechas del comisario Alaniz y realiz¨® escuchas al due?o del prost¨ªbulo. Luego, una chica oriunda de la provincia de Salta denunci¨® que estaba en el prost¨ªbulo en condiciones inhumanas y no la dejaban salir. Las denuncias se unificaron y allanaron el prost¨ªbulo. La investigaci¨®n tuvo varios escollos: la justicia federal de La Pampa tardaba en realizar allanamientos y tomar declaraciones. "Necesit¨® de varias presentaciones por parte de los fiscales federales, Alejandro C¨¢ntaro, Marcelo Colombo y m¨ªas, con escritos que solicitaban de pronto despacho, recursos de casaci¨®n y queja porque frenaban la investigaci¨®n" cuenta Baric. El segundo juez de la causa, Jos¨¦ Charl¨ªn, atrasaba la investigaci¨®n y luego fue denunciado por acoso sexual y por amenazar a su secretaria; tambi¨¦n fue acusado de robarle el arma a su custodio y apuntar a los empleados del juzgado. Charl¨ªn fue destituido del caso, juzgado y condenado a cinco a?os de c¨¢rcel el pasado viernes.
Jorge Cabak va por su tercer mandato como intendente en Macach¨ªn. Est¨¢ procesado y pr¨®ximo a ir a juicio oral. La Fiscal¨ªa lo acusa de haber habilitado el prost¨ªbulo y firmar las libretas sanitarias de las mujeres explotadas. El prost¨ªbulo se llamaba La Chicho Show. Los hechos investigados abarcan desde el 2006 al 2011, luego de una denuncia realizada por la situaci¨®n en la que ten¨ªa el cabaret a una dominicana. A las mujeres captadas por la red les cambiaban el nombre por alg¨²n alias, su aspecto f¨ªsico y su ropa.
"La causa de Macach¨ªn hay que enmarcarla en un contexto de naturalizaci¨®n de la instituci¨®n prostibularia como forma de diversi¨®n de los hombres, que no es otra cosa que los acuerdos t¨¢citos patriarcales de la asimetr¨ªa de poder de varones hacia mujeres. Es m¨¢s, es la doble explotaci¨®n sexual y econ¨®mica. Por lo tanto, la existencia de la red con asiento en Macach¨ªn responde a esa l¨®gica, que se reproduce con similares caracter¨ªsticas en el pa¨ªs", destaca M¨®nica Molina, periodista y exsubdirectora de pol¨ªticas de g¨¦nero de Santa Rosa.
La connivencia institucional con las redes de trata y el miedo de las v¨ªctimas favorecen la impunidad. S¨®lo 163 juicios por este delito en Argentina han finalizado con condenas. En la provincia de Salta, en el a?o 2013, el intendente Carlos Villalba, fue descubierto en un prost¨ªbulo durante un allanamiento.
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