Un juez pide a la Fiscal¨ªa mexicana investigar con seriedad el espionaje a periodistas y activistas

Est¨¢ cerca de cumplirse un a?o desde que varios periodistas, activistas y defensores de derechos humanos acusaron al Gobierno de Enrique Pe?a Nieto de espionaje. Las presuntas v¨ªctimas han denunciado este lunes los pobres resultados que en 11 meses ha arrojado la investigaci¨®n emprendida, casi a rega?adientes, por la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR). Las pesquisas solo han valorado nueve de 70 pruebas ofrecidas por la defensa. La Fiscal¨ªa tiene un duro papel frente a ella: investigarse a s¨ª misma por haber comprado el software Pegasus, utilizado para infectar y acceder remotamente a la informaci¨®n en los tel¨¦fonos m¨®viles de los objetivos de espionaje.

Un juez federal orden¨® el lunes 21 de mayo a la Fiscal¨ªa investigar con seriedad un esc¨¢ndalo conocido en M¨¦xico como #GobiernoEsp¨ªa. El togado pidi¨® a las autoridades centrar la l¨ªnea de investigaci¨®n en la adquisici¨®n y posterior uso ¡°ilegal¡± del programa. Este fue adquirido por la Agencia de Investigaci¨®n Criminal, un organismo dependiente de la PGR, a la compa?¨ªa NSO entre 2014 y 2015. Esta compa?¨ªa solo vende el software a Gobiernos.

¡°Desde el momento en el que se present¨® la denuncia, las v¨ªctimas del espionaje advert¨ªamos sobre la falta de capacidad y voluntad de la PGR para investigarse a s¨ª misma, por lo que se exigi¨® la intervenci¨®n de un panel de expertas y expertos independientes que brindara asistencia t¨¦cnica internacional y garant¨ªas m¨ªnimas de autonom¨ªa e independencia, lo que a la fecha no ha ocurrido¡±, han denunciado este lunes algunas de las organizaciones de la sociedad civil que han sido afectadas por los ataques con el virus inform¨¢tico.

Organizaciones como el Centro Prodh, Art¨ªculo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Mexicanos contra la corrupci¨®n y la impunidad tambi¨¦n han denunciado que la Fiscal¨ªa se ha negado a desahogar 49 de las 70 pruebas ofrecidas por la defensa. ¡°La negativa a desahogar dichas pruebas muestra la falta de debida diligencia con la que se conduce la PGR¡±, se?ala un comunicado hecho p¨²blico este lunes.

El juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio resolvi¨® una impugnaci¨®n contra la PGR por no admitir las pruebas ofrecidas por la defensa y que son relevantes para que el caso avance. Las v¨ªctimas consideran que esta resoluci¨®n puede llevar a la Fiscal¨ªa a solicitar informaci¨®n a diferentes instancias gubernamentales para recabar datos sobre la contrataci¨®n de Pegasus y qu¨¦ personas operaron el programa. ¡°La PGR solicit¨® al juez la reserva de la informaci¨®n que eventualmente pudiera obtenerse para que las v¨ªctimas no pudieran tener acceso a ella. El juez deneg¨® la solicitud¡±, afirman las organizaciones.

En junio de 2017, periodistas, activistas de derechos de los consumidores y defensores de derechos humanos denunciaron haber sido v¨ªctimas del programa Pegasus. Un informe document¨® por lo menos 88 intentos de infecci¨®n entre 2015 y 2016 del programa inform¨¢tico a tel¨¦fonos m¨®viles. Las v¨ªctimas recib¨ªan en sus tel¨¦fonos un mensaje. Si oprim¨ªan el v¨ªnculo, el malware se descargaba en los aparatos.

Solo dos de los cerca de 90 aparatos que fueron atacados terminaron contagiados. Pero estos anzuelos se lanzaron a los periodistas Carmen Aristegui y Carlos Loret de Mola. Tambi¨¦n hab¨ªan sido vigilados el director del IMCO, un think tank enfocado en transparencia y rendici¨®n de cuentas, y dos activistas y un cient¨ªfico que hab¨ªan impulsado un impuesto para gravar a las bebidas azucaradas. El Gobierno de Pe?a Nieto rechaz¨® las acusaciones. Y la Fiscal¨ªa puso en marcha una investigaci¨®n que a la fecha no ha dado resultados.