El sector privado exige al Gobierno mexicano un alto a la violencia

La mayor patronal mexicana, Coparmex, ha pedido este lunes al Gobierno de Enrique Pe?a Nieto iniciar una reforma en seguridad p¨²blica que contemple la profesionalizaci¨®n de las polic¨ªas y que atienda y mejore la procuraci¨®n de justicia ante el aumento de la violencia que ha obligado a algunas empresas mexicanas a cerrar sus centros de distribuci¨®n. ¡°No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesi¨®n un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato¡±, ha destacado en un pronunciamiento el sindicato patronal m¨¢s grande del pa¨ªs.

La violencia en M¨¦xico no da tregua y cada vez golpea con m¨¢s fuerza al sector empresarial. El robo de combustible se dispar¨® un 34% durante marzo. En el primer trimestre del a?o ocurrieron 852 atracos en trenes y v¨ªas (un incremento del 581%) y hubo 3.357 robos de mercanc¨ªas, seg¨²n datos de la patronal. ¡°La inseguridad est¨¢ dejando un severo da?o econ¨®mico, un impacto sobre la capacidad de nuestro pa¨ªs de atraer inversi¨®n, generar empleo y desarrollar un c¨ªrculo virtuoso de pacificaci¨®n a partir de la generaci¨®n de riqueza¡±, dice en un comunicado la Confederaci¨®n Patronal de la Rep¨²blica Mexicana (Coparmex).

Desde principios de este mes, Grupo Lala, el gigante de los productos l¨¢cteos en M¨¦xico, cerr¨® su centro de distribuci¨®n de Ciudad Mante, en el Estado de Tamaulipas (noreste) por las condiciones de inseguridad que hay en esa regi¨®n disputada por violentos c¨¢rteles. En una escueta nota de prensa difundida la semana pasada dijo que est¨¢ colaborando con las autoridades para "reiniciar actividades en cuanto sea posible¡±. Hace poco m¨¢s de dos meses, Femsa, la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo, decidi¨® cerrar su centro de distribuci¨®n de Ciudad Altamirano, en el Estado de Guerrero (sur del pa¨ªs) con el objetivo de "preservar la integridad y la seguridad de sus empleados".

La patronal propone al Gobierno de Enrique Pe?a Nieto dise?ar estrategias que atiendan al sistema de justicia en su totalidad. Una de las propuestas es profesionalizar y dignificar los cuerpos policiales del pa¨ªs que asciende a unos 2.800 agentes. ¡°Al momento, 6 de cada 10 polic¨ªas no cuentan con el entrenamiento o equipo necesario para poder realizar sus labores¡±, se denuncia. Otro punto que solicita Coparmex, liderada por Gustavo de Hoyos, es mejorar la procuraci¨®n de justicia mediante una Fiscal¨ªa aut¨®noma que genere confianza en la poblaci¨®n.

Uno de los puntos clave para mejorar la seguridad, apunta, es reformar el sistema penitenciario mexicano. Se requieren c¨¢rceles menos costosas y m¨¢s eficientes que cumplan con el objetivo de castigar y reinsertar. La ¨²ltima demanda del organismo es la creaci¨®n de una secretar¨ªa (ministerio) de seguridad p¨²blica. La elecci¨®n, se expone en el escrito, no es una excusa para dejar la gobernabilidad del pa¨ªs como una segunda prioridad en la agenda. ¡°El crimen no opera conforme a los ciclos pol¨ªticos y por ello nuestras autoridades no deben hacerlo tampoco¡±.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se ha sumado al exhorto de mejorar la seguridad ante la violencia que se ha convertido en los mayores obst¨¢culos para la actividad productiva. ¡°No podemos permitir que se despoje a los trabajadores de lo que ganan a diario con tanto esfuerzo; ni podemos aceptar que se obstruya y afecte a las empresas que generan empleos, porque no existen condiciones de seguridad para operar¡±, dice Juan Pablo Casta?¨®n, presidente del CCE en un comunicado.

La Mina Dolores, ubicada en Chihuahua (norte) y operada por el grupo canadiense Pan American Silver Corp, ha reducido sus actividades ante la violencia. La planta, donde trabajan m¨¢s de 1.800 empleados seg¨²n el CCE, se suma a la lista de empresas afectadas por la inseguridad. El transporte ferroviario tambi¨¦n ha sufrido embates de los criminales. Grupo M¨¦xico denunci¨® que sus subsidiarias Ferromex y Ferrosur, las principales v¨ªas de transporte de mercanc¨ªas, han sufrido siete descarrilamientos debido a sabotajes en la ruta que va de Ciudad de M¨¦xico a Veracruz. El impacto econ¨®mico es de unos 312 millones de pesos (unos 17 millones de d¨®lares) entre las ventas perdidas, la sustracci¨®n de bienes de los trenes y las reparaciones en v¨ªas, locomotoras y carros.

En plena campa?a electoral los homicidios no cesan. Tan s¨®lo el mes pasado hubo un promedio de 90 asesinatos diarios. Casta?¨®n pide a los candidatos que aspiran a un puesto de elecci¨®n popular, que realicen propuestas realistas, soluciones efectivas y acciones viables para poner fin a la inseguridad y combatir el crimen organizado y la corrupci¨®n. ¡°Queremos que los candidatos se comprometan a escuchar a la sociedad y a resolver los problemas que enfrentamos¡±, manifest¨®.