Egipto sancionar¨¢ a los usuarios de Twitter y Facebook que difundan ¡®fake news¡¯

Al rebufo del furor internacional alrededor de las llamadas fake news o falsas informaciones, el Parlamento de Egipto aprob¨® esta semana tres leyes para reforzar la supervisi¨®n estatal de los medios de comunicaci¨®n que incluyen sanciones a aquellos que publiquen noticias falsas o inciten a violar la ley. En una de sus provisiones m¨¢s controvertidas, una ley equipara las cuentas con m¨¢s de 5.000 seguidores en redes sociales como Facebook o Twitter a un medio de comunicaci¨®n, abriendo la puerta a que los usuarios m¨¢s populares puedan ser procesados por sus cr¨ªticas al Gobierno.

El r¨¦gimen liderado por el mariscal Al Sisi ha encarcelado a miles de disidentes, incluidos decenas de periodistas y blogueros por haber expresado opiniones cr¨ªticas. En el ¨²ltimo r¨¢nking de Reporteros Sin Fronteras sobre libertad de prensa, el pa¨ªs ocupa la posici¨®n 161 de los 180 pa¨ªses incluidos en la lista.

Activistas y organizaciones de la sociedad civil han criticado la vaguedad de la definici¨®n de las ¡°noticias falsas¡± en el articulado de la ley, pues cualquier cr¨ªtica al r¨¦gimen podr¨ªa ser interpretada bajo esta categor¨ªa. Sus temores no son infundados. De hecho, el Gobierno egipcio ya ha recurrido a este tipo de acusaciones en diversas ocasiones aprovechando la amplia preocupaci¨®n a nivel global por los bulos que circulan en medios y redes.

Por ejemplo, la pasada primavera, lanz¨® una campa?a contra la cadena brit¨¢nica BBC por un reportaje que documentaba la extendida pr¨¢ctica de las desapariciones forzadas. La emisora fue incluso denunciada ante los tribunales y vio amenazada su presencia en Egipto. Sin embargo, los jueces fallaron a su favor.

M¨¢s informaci¨®n

V¨ªdeo Vuelven los tiburones a Nueva York: dos ni?os mordidos en una isla al este de Manhattan

Tormenta pol¨ªtica por la agresi¨®n de un colaborador de Macron a un manifestante

Las c¨¢rceles portuguesas se llenan de ¡®¨¢ngeles¡¯ y ¡®leones¡¯

El ¨®rgano encargado de decidir qu¨¦ es una fake news ser¨¢ el Consejo Supremo para la Administraci¨®n de los Medios, cuyo m¨¢ximo responsable ser¨¢ nombrado a dedo por el presidente Al Sisi. Lo mismo sucede con el resto de ¨®rganos de nueva creaci¨®n destinados a ¡°regular¡± los medios de comunicaci¨®n en Egipto, ya sean los tradicionales ¡ªprensa escrita, radio y televisi¨®n¡ª, o bien las p¨¢ginas de informaci¨®n on line. Es decir, no gozar¨¢n de ning¨²n tipo de independencia del Gobierno. Las nuevas leyes se inscriben en el proceso de concentraci¨®n de poderes en el Ejecutivo iniciado tras el golpe Estado de 2013 que tiene como objetivo amordazar la sociedad y someterla al control absoluto de los servicios de seguridad.

Una de las leyes, que entrar¨¢ en vigor tras la ratificaci¨®n del presidente, establece que los periodistas podr¨¢n filmar todos aquellos lugares que no est¨¦n prohibidos. No obstante, no especifica cu¨¢les son estas excepciones. Entre las otras disposiciones, el posible arresto preventivo de reporteros por delitos de opini¨®n, o la prohibici¨®n de obtener licencias para p¨¢ginas web sin la aprobaci¨®n del Consejo Supremo para la Administraci¨®n de los Medios, que tendr¨¢ la capacidad de clausurar p¨¢ginas web e imponer multas a sus responsables. El Parlamento no tuvo en cuenta las aportaciones del Sindicato de Periodistas, y la mitad de su Junta Directiva ha amenazado con dimitir.

La aprobaci¨®n de las normativas llega apenas un mes despu¨¦s de que el Parlamento diera luz verde a una ley que regula por primera vez los delitos en Internet. Aquella norma ya otorgaba al Gobierno la potestad de bloquear el acceso a p¨¢ginas web cuando representen ¡°una amenaza a la seguridad nacional o comprometa la seguridad nacional o la econom¨ªa nacional¡±.

Durante el a?o pasado, el Gobierno egipcio bloque¨® m¨¢s de 500 p¨¢ginas web, entre ellas, las de medios cr¨ªticos como Madamasr o Al Jazeera, a pesar de no contar con ninguna base legal para hacerlo. De hecho, ninguna instituci¨®n p¨²blica asumi¨® haber tomado la decisi¨®n ni ofreci¨® ninguna justificaci¨®n, lo que dificult¨® que los afectados pudieran recurrir a los tribunales.