Uribe y Lula
La peripecia penal de Uribe impacta con mucha fuerza sobre la pol¨ªtica colombiana
La peripecia de ?lvaro Uribe vuelve a demostrar que Colombia es el reino del realismo m¨¢gico. El expresidente inici¨®, en 2012, una acci¨®n penal contra el senador Iv¨¢n Cepeda. Le acusaba de manipular testigos para demostrar que, siendo gobernador de Antioquia, ¨¦l hab¨ªa colaborado con su hermano, Santiago Uribe, en la supuesta organizaci¨®n de una banda de paramilitares destinada a enfrentar a la guerrilla de las FARC. Pero la Corte Suprema colombiana lleg¨® a otras conclusiones. Determin¨® que las imputaciones de Uribe eran falsas y que, al rev¨¦s, hab¨ªa sido ¨¦l quien presion¨® a los que declararon contra Cepeda.
El m¨¢ximo tribunal penal cit¨® a Uribe a indagatoria. D¨ªas despu¨¦s, ¨¦l renunci¨® a su banca como senador. Se interpret¨® que lo hizo para evitar que lo juzgue la Corte y lo haga, en cambio, la Justicia ordinaria, que le ser¨ªa m¨¢s favorable. ?l lo niega. Esta cuesti¨®n abrir¨¢ una controversia que tal vez deba despejar la Corte Constitucional.
La peripecia penal de Uribe impacta con mucha fuerza sobre la pol¨ªtica colombiana. En especial, sobre el futuro Gobierno de su ahijado Iv¨¢n Duque. Uno de los dilemas que el presidente electo debe resolver es c¨®mo ganar autonom¨ªa respecto de Uribe, sin desairarle. La citaci¨®n de la Corte oblig¨® a Duque a respaldar a su mentor. Pero fue muy equilibrado. Defendi¨® la honorabilidad de su amigo, pero tambi¨¦n se manifest¨® respetuoso de las instituciones que lo juzgan. Una posici¨®n distante de muchos dirigentes de su partido, que alegan una persecuci¨®n facciosa.
A esa dificultad simb¨®lica se le agrega otra, de car¨¢cter pol¨ªtico. Como tantos otros candidatos latinoamericanos, Duque lleg¨® al poder present¨¢ndose como alguien ajeno al sistema de partidos. Se postul¨® como independiente. Nada que sorprenda: el partido del actual presidente, Juan Manuel Santos, no pudo postular a nadie. Y la candidatura liberal de Humberto de la Calle, fracas¨®. Sin embargo, las fuerzas cl¨¢sicas de la pol¨ªtica colombiana, a pesar de su escaso encanto electoral, siguen teniendo bancadas importantes en el Congreso.
Uribe iba a ser quien, en nombre de Duque, negociar¨ªa con ese aparato parlamentario. Ahora ese rol, delicad¨ªsimo, qued¨® vacante. El programa legislativo de la nueva presidencia debe reorientarse. Ni siquiera hay un garante de la unidad del bloque oficialista. Contra lo que promet¨ªa su discurso electoral, Duque depender¨¢ de los partidos mucho m¨¢s de lo previsto. Una excelente noticia para Gustavo Petro, el rival al que derrot¨® en segunda vuelta, que prometi¨® destinar los pr¨®ximos cuatro a?os a disputar el poder a esa ¡°oligarqu¨ªa tradicional¡±.
La defensa de Uribe, m¨¢s pol¨ªtica que jur¨ªdica, pone tambi¨¦n en primer plano una peculiaridad regional. Uribe denuncia que la Corte fue obediente a una conspiraci¨®n medi¨¢tico judicial orquestada, en la penumbra, por su antiguo ministro de Defensa, el presidente Santos. El reproche es interesante. Parece el eco de acusaciones similares: la argentina Cristina Fern¨¢ndez de Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa repiten, desde la izquierda, la misma recriminaci¨®n. El caso m¨¢s notorio, y el que m¨¢s comparaciones sugiere con el de Uribe, es el de Lula da Silva. Sobre el expresidente, que es el pol¨ªtico con mayor intenci¨®n de voto de Brasil, pesa un procesamiento que le impide competir por la presidencia. Lula, como Uribe, se queja de un acoso medi¨¢tico judicial. Para resolverlo propuso un procedimiento ins¨®lito: un debate televisado con los jueces.
Las limitaciones que la Justicia independiente y la prensa libre suponen para el juego del poder son el eje principal de una controversia que afecta a sociedades cada vez m¨¢s polarizadas. El caso de Uribe agrega una pincelada a ese cuadro preocupante. Puede discutirse, seg¨²n la situaci¨®n de cada pa¨ªs, si la justicia est¨¢ politizada. Lo que es evidente, y en much¨ªsimos casos saludable, es que en Am¨¦rica Latina la pol¨ªtica est¨¢ judicializada. El fen¨®meno se explica por la poca transparencia de la vida p¨²blica. Que la disputa por el poder est¨¦ tan determinada por los tribunales es un s¨ªntoma inocultable de la gran crisis que atraviesa el sistema democr¨¢tico en la regi¨®n.
Tampoco conviene caer en un optimismo ingenuo. Ese saneamiento institucional est¨¢ planteando desaf¨ªos delicados a la representaci¨®n pol¨ªtica. Con la renuncia de Uribe, si es aceptada, el Senado colombiano perder¨¢ a una de las figuras m¨¢s legitimadas por el electorado del pa¨ªs. Lo mismo sucede en Brasil con la exclusi¨®n de Lula da Silva de la carrera por la presidencia. En la Argentina podr¨ªa ocurrir algo parecido, si no fuera porque los senadores peronistas resolvieron no despojar de sus fueros a Fern¨¢ndez de Kirchner. Ella tiene alrededor de un 30% de intenci¨®n de voto. La raz¨®n penal entra en conflicto con la raz¨®n electoral. Y esa contradicci¨®n, que exalta el principio de igualdad ante la ley, es tambi¨¦n un reto que debe superar la cultura democr¨¢tica en Am¨¦rica Latina.
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