El expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz, ?scar Arias, acusado de corrupci¨®n

El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz 1987, ?scar Arias S¨¢nchez, enfrenta una acusaci¨®n penal por aparente prevaricaci¨®n en favor de un proyecto de extracci¨®n de oro en la zona norte del pa¨ªs.

A Arias S¨¢nchez (que gobern¨® entre 1986-1990, y 2006-2010), conocido mundialmente por su protagonismo en la pacificaci¨®n de Centroam¨¦rica en los a?os 80, el Ministerio P¨²blico de Costa Rica se le imputa impulsar ilegalmente en 2008 el proyecto canadiense conocido como Crucitas, que despu¨¦s qued¨® anulado, abandonado y pendiente de arbitrajes internacionales.

"En las dos oportunidades en que gobern¨¦ jur¨¦ respetar las leyes (...) Vamos a demostrar mi inocencia ante los jueces de la Rep¨²blica, que son honorables. Uno como presidente tiene plena confianza en los t¨¦cnicos del Gobierno y finalmente son los abogados de los departamentos legales los que redactan los decretos", se?al¨® el expresidente Arias?horas despu¨¦s de que se conociera la noticia.?

La noticia la confirm¨® a la prensa local en la tarde de este mi¨¦rcoles la oficina de Prensa del Ministerio P¨²blico, ahora bajo el mando de una fiscal de mano dura llamada Emilia Navas. Ella en octubre tom¨® en 2017 la direcci¨®n del ¨®rgano acusador el Estado en sustituci¨®n de otro abogado, Jorge Chavarr¨ªa, al que se le cuestionaba su pasividad ante casos de corrupci¨®n.

Navas orden¨® desde octubre reabrir el caso contra Arias, de 77 a?os, y ahora acusa ante los tribunales al expresidente mejor reputado del pa¨ªs, de acuerdo con las encuestas de opini¨®n p¨²blica. El argumento de la Fiscal¨ªa indica que el presidente Arias firm¨® en octubre de 2008 un decreto que declaraba "de inter¨¦s p¨²blico" y "de conveniencia nacional" el proyecto minero de la firma canadiense Industrias Infinito, en el poblado Crucitas, fronterizo con Nicaragua. Sin embargo, esa concesi¨®n fue anulada por razones ambientales en 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo, con lo cual, se puso de manifiesto una aparente ilegalidad en el decreto que hab¨ªa firmado el mandatario. La figura de prevaricaci¨®n se castiga en Costa Rica con seis a?os de c¨¢rcel.

La Fiscal¨ªa comunic¨® la acusaci¨®n a la Procuradur¨ªa General de la Rep¨²blica (PGR), como manda la ley para los casos en que la parte ofendida son los miembros de la funci¨®n p¨²blica. La PGR debe decidir si querella (acusaci¨®n particular) y presenta una demanda por un monto de dinero para resarcir al Estado el da?o provocado, seg¨²n un comunicado oficial del Ministerio P¨²blico. En dos semanas la fiscal Navas enviar¨ªa la acusaci¨®n al Juzgado Penal de Hacienda y la Funci¨®n P¨²blica, del II Circuito Judicial de San Jos¨¦.

Este caso somete a Arias a las mismas acusaciones por las cuales fue condenado a tres a?os de c¨¢rcel su ministro de Ambiente, Roberto Dobles. El exmandatario, sin embargo, hab¨ªa sido separado de la causa penal por decisi¨®n del fiscal general anterior.

El proyecto qued¨® abandonado despu¨¦s de la sentencia de 2010 en la que se dio a la raz¨®n a grupos ambientalistas que acusaban a Arias de promover una mina a cielo abierto para extraer hasta 700.000 onzas de oro, pero con graves impactos en el ecosistema. Despu¨¦s, la finca pas¨® a manos de costarricenses y fue invadida en 2017 por grupos de mineros informales que extra¨ªan el metal de manera artesanal con sustancias qu¨ªmicas que tambi¨¦n da?an el medio ambiente. El gobierno de Carlos Alvarado lleg¨® en mayo con la promesa de retomar el control del poblado Crucitas, aunque con procesos legales pendientes para poder apropiarse del terreno de 850 hect¨¢reas. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones, adscrito al Banco Mundial, lleva desde 2014 un laudo iniciado por la compa?¨ªa canadiense, que reclama 94 millones de d¨®lares por inversiones realizadas y ganancias que dej¨® de percibir.

"Tenemos plena confianza en que don ?scar no cometi¨® ning¨²n delito y eso va a ser demostrado; no nos cabe la menor duda. La acusaci¨®n se dio de manera precipitada, con una investigaci¨®n muy escueta, carente de todo elementos probatorios, que no respeta las reglas elementales penales sobre la responsabilidad personal y se parte del desconocimiento refundo sobre el rol constitucional de un Presidente de la Rep¨²blica", ha manifestado su abogado, Rodolfo Brenes. "Don ?scar no particip¨® del tr¨¢mite administrativo [del decreto], pues no ten¨ªa conocimiento, no ten¨ªa un inter¨¦s particular en la concesi¨®n de Crucitas ni presion¨® a nadie para favorecer a la empresa (...) Las acusaciones son solo hip¨®tesis que, estamos seguros, vamos a destrozar en juicio. El prevaricato solo se comete cuando se act¨²a a sabiendas de que el acto es ilegal, pero en este caso no es as¨ª; don ?scar firm¨® ese decreto sin saber que ten¨ªa alg¨²n problema", ha agregado Brenes.