Un esc¨¢ndalo empa?a la campa?a en Costa Rica y somete a pruebas a su sistema pol¨ªtico

Costa Rica ha entrado en una campa?a electoral cruzada por un complejo esc¨¢ndalo pol¨ªtico que toca a los tres poderes de la Rep¨²blica. El pa¨ªs centroamericano, uno de los m¨¢s estables de Am¨¦rica Latina y de mayor solidez en su sistema institucional, comienza el proceso hacia las elecciones generales de febrero de 2018 con la tendencia creciente de incertidumbre y escepticismo. La desconfianza se ha agravado por las noticias de los ¨²ltimos meses sobre una trama de influencias pol¨ªticas alrededor de un supuesto negocio de importaci¨®n de cemento desde China.

Lo que se present¨® como una aventura empresarial en 2014 para romper el dominio de las cementeras Cemex y Holcim en un mercado de 500 millones de d¨®lares anuales en el pa¨ªs, es ahora el centro de innumerables cuestionamientos por la influencia indebida de pol¨ªticos de diversos partidos, incluido Acci¨®n Ciudadana (PAC) que llev¨® a Luis Guillermo Sol¨ªs al poder en 2014. Analistas ven ahora un inevitable impacto de esta trama en los resultados electorales del 4 de febrero, cuando se elige presidente, dos vicepresidentes y los 57 diputados.

Dos tercios del electorado carecen a¨²n de preferencia electoral y la corrupci¨®n ocupa el primer lugar de los problemas nacionales junto al desempleo (con una tasa del 9%), seg¨²n la encuesta de octubre del Centro de Investigaci¨®n y Estudios Pol¨ªticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica. El estudio muestra tambi¨¦n el ascenso progresivo del candidato presidencial Juan Diego Castro, de discurso antisistema, que parece saber aprovechar el clima popular de hartazgo para poder entrar a una posible segunda vuelta.

Los cuestionamientos se dirigen al Ejecutivo, pero tambi¨¦n a diputados y dirigentes de partidos opositores, y dos instituciones insignes. La primera, el Banco de Costa Rica, entidad estatal que financi¨® con m¨¢s de 30 millones de d¨®lares el negocio de importaci¨®n de cemento chino mediante procedimientos que ahora est¨¢n bajo investigaci¨®n. La segunda y m¨¢s sensible: el poder Judicial, uno de los bastiones de la estabilidad costarricense (que ocupa el puesto 25 en el mundo, junto a Chile, seg¨²n el informe Rule of Law Index), que ahora muestra se?ales de injerencias indebidas. Uno de sus magistrados est¨¢ suspendido por sospechas de haber actuado en favor del negocio del cemento o de pol¨ªticos vinculados.

Ese magistrado, un abogado medi¨¢tico con formaci¨®n de fiscal que ha ocupado cargos pol¨ªticos en dos gobiernos, se llama Celso Gamboa y es allegado del fiscal general de la Rep¨²blica, Jorge Chavarr¨ªa. El fiscal general tambi¨¦n est¨¢ suspendido mientras se investiga por qu¨¦ no avanzaban las investigaciones del caso apodado cementazo, como tampoco han progresado otras acusaciones contra pol¨ªticos. La Fiscal¨ªa General est¨¢ de manera interina en manos de una mujer, Emilia Navas, que ya orden¨® reabrir investigaciones en este caso y otros en que hay poderosos involucrados, incluso alguno que podr¨ªa afectar al expresidente ?scar Arias. Las alertas est¨¢n encendidas.

En las redes sociales cunde la indignaci¨®n. Algunos grupos ciudadanos piden la cabeza de Gamboa, la del fiscal general y del diputado V¨ªctor Morales Zapata. Este un hombre de confianza del presidente Sol¨ªs, que ha sido descrito como "un embajador de Juan Carlos Bola?os (el empresario importador de cemento chino)" por Mariano Figueres, que es amigo suyo, jefe de la Direcci¨®n de Inteligencia y Seguridad (DIS) y mano derecha del mandatario en la Casa Presidencial. Tambi¨¦n los empresarios piden la cabeza de un viceministro de Hacienda, pero Sol¨ªs se resiste. De momento, nadie hay en la c¨¢rcel ni con culpas demostradas.

El caso se ha ido conociendo por partes en diversos medios de comunicaci¨®n y mediante comparecencias p¨²blicas ante la comisi¨®n de diputados que investiga "el caso m¨¢s grande de corrupci¨®n pol¨ªtico empresarial de nuestra historia", como lo calific¨® la congresista Patricia Mora, del izquierdista Frente Amplio (FA).

Otras versiones discurren en voz baja y sin tel¨¦fonos. Algunos temen que les escuchen las conversaciones, como lo mencionaba el empresario Bola?os en un controvertido audio filtrado a la prensa, en el cual conversa con un exgerente bancario sobre un aparente plan para evitarse saldar los cr¨¦ditos en el BCR. Todos los d¨ªas hay noticias nuevas, mientras dirigentes de cada partido intentan poner los focos contra posibles rivales para mejorar sus posibilidades en las elecciones de febrero.

El candidato mejor ubicado en las encuestas (aunque con cuotas que no bastar¨ªan para ganar en primera vuelta) es Antonio ?lvarez Desanti, un veterano pol¨ªtico y empresario adinerado que se postula por el Partido Liberaci¨®n Nacional (PLN) con el fuerte apoyo de ?scar Arias, aunque ya debi¨® sustituir a un candidato legislativo por sus v¨ªnculos con Bola?os. El segundo lugar en las encuestas lo ocupa el abogado Juan Diego Castro, de discurso de mano dura y de cr¨ªticas frecuentes al sistema. En entrevistas le han preguntado si se siente el Donald Trump de Costa Rica y lo niega sin molestarse demasiado.

M¨¢s abajo aparecen el abogado conservador Rodolfo Piza por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC, centro derecha) y el oficialista Carlos Alvarado, periodista y polit¨®logo que dejo su cargo de ministro del Gobierno de Sol¨ªs para asumir a sus 38 a?os una candidatura continuista en el PAC. M¨¢s all¨¢ de sus inciertas capacidades para atraer electores, el cementazo?ha puesto en aprietos a ambos.

En total, son 13 los candidatos presidenciales y 25 los partidos que pelean por los 57 esca?os legislativos. Los partidos abundan aunque solo tres de cada diez electores se reconocen como seguidor de uno de ellos. El 42% est¨¢ dudoso de votar o seguro de abstenerse. De quienes est¨¢n decididos, cuatro de cada diez no saben a qui¨¦n apoyar, dice la encuesta del CIEP. Mientras, la campa?a avanza sin suficiente atenci¨®n a otros temas urgentes para este pa¨ªs, como la soluci¨®n al d¨¦ficit fiscal (el 6% del PIB), la desigualdad creciente, el estancamiento del empleo y un r¨¦gimen de pensiones insostenible.