Los grupos evang¨¦licos paralizan una ley a favor de la poblaci¨®n trans en Uruguay
El oficialista Frente Amplio propone que la sanidad p¨²blica financie el cambio de sexo
Un a?o de tramitaci¨®n parlamentaria y varios meses de pol¨¦mica: la ley que protege las personas trans (travestis, transexuales y transg¨¦nero) ha generado una resistencia inesperada en Uruguay, con manifestaciones, mensajes en las redes sociales y la recolecci¨®n de firmas contra el proyecto. El colectivo trans, que no llega a las mil personas, tiene el apoyo de varias decenas de asociaciones que acusan a las iglesias evang¨¦licas de orquestar una campa?a con tintes religiosos en el pa¨ªs m¨¢s laico y con menos creyentes de Am¨¦rica Latina.
El proyecto de ley uruguayo, actualmente paralizado, propone medidas de discriminaci¨®n positiva para las personas trans, como el acceso a becas y puestos de trabajo estatales; tambi¨¦n contempla que el cambio de sexo se pueda hacer en la sanidad p¨²blica de forma gratuita y facilita el cambio de identidad. Adem¨¢s, otorga una indemnizaci¨®n a las v¨ªctimas de la represi¨®n durante la dictadura (1973-1985), un grupo de unas 60 personas que recibir¨ªa una pensi¨®n de unos 350 d¨®lares mensuales. La filosof¨ªa global de la normativa es proteger a un colectivo especialmente marginado - los trans tienen una esperanza de vida de 35 a?os en Uruguay - y abrir espacios laborales para que la principal opci¨®n de subsistencia de estas personas no sea la prostituci¨®n.
El cap¨ªtulo m¨¢s pol¨¦mico tiene que ver con la autorizaci¨®n del cambio de sexo (tanto hormonal como quir¨²rgico) para los menores de edad sin el consentimiento de sus padres. La oposici¨®n del Partido Nacional (centro derecha) ha exigido que se eliminen estas disposiciones. La coalici¨®n de izquierdas en el poder, el Frente Amplio, promueve la normativa, pero ante las protestas, ha decidido suprimir la autorizaci¨®n de las operaciones quir¨²rgicas de cambio de sexo para los menores que no tengan el apoyo de sus padres. El argumento principal es que en Uruguay tan solo el 1% de la poblaci¨®n trans (tanto adulta como adolescente) se somete a este tipo de intervenci¨®n.
Sin embargo, el Frente Amplio se resiste a eliminar la posibilidad de que los menores reciban tratamientos hormonales sin el apoyo familiar, ya que la legislaci¨®n internacional avala el concepto de ¡°autonom¨ªa progresiva¡± de los adolescentes, tanto en decisiones como el cambio de sexo como en lo referente al aborto. En realidad, el cambio de sexo hormonal en menores sin autorizaci¨®n de la familia se practica en Uruguay desde hace unos diez a?os, previa autorizaci¨®n judicial y en el marco de un proceso m¨¦dico controlado.
Las principales sociedades m¨¦dicas lo apoyan y desde la pol¨ªtica o las organizaciones sociales nunca hubo oposici¨®n. Por ello, la llegada de una petici¨®n de 40.000 firmas contra estas medidas - una cifra considerable en un pa¨ªs de 3,4 millones de habitantes - ha causado sorpresa y revuelo pol¨ªtico, especialmente cuando se supo que personas cercanas a la iglesia evang¨¦lica Misi¨®n Vida, una de las m¨¢s grandes del pa¨ªs, presentaron la petici¨®n en el Parlamento.
Las organizaciones de apoyo a la ley han contratacado con una lluvia de datos que muestran que, de todos los marginados sociales, los trans son los m¨¢s vulnerables de Uruguay. As¨ª, aseguran que las personas de este colectivo tienen una esperanza de vida de 35 a?os, cuando la media nacional es de 77 a?os. El 25% abandon¨® su domicilio antes de los 18 a?os despu¨¦s de ser rechazado por su familia, el 87% no termin¨® estudios secundarios y sufri¨® discriminaci¨®n en el ¨¢mbito educativo y el 67% tuvo que prostituirse para generar un ingreso, seg¨²n cifras de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Rep¨²blica. Adem¨¢s, durante la dictadura, los trans sufrieron torturas, violencia sexual y c¨¢rcel injustificada.
Por el lado parlamentario, la senadora Ver¨®nica Alonso, del Partido Nacional, lidera la oposici¨®n a la normativa. Alonso, que tiene como aliados varios legisladores evang¨¦licos, no solo se opone al cambio de sexo en los menores, sino que rechaza las medidas de discriminaci¨®n positiva y las reparaciones por los abusos de la dictadura. De todos modos, la senadora es partidaria de que una ley proteja a las personas trans y reconoce que es una poblaci¨®n estigmatizada y vulnerable. Pero dentro de su propio partido hay senadores que se muestran m¨¢s flexibles y podr¨ªan dar su apoyo a la ley si se producen algunas modificaciones. En realidad, el Frente Amplio dispone de una mayor¨ªa suficiente para conseguir una aprobaci¨®n, aunque actualmente trabaja en cambios para obtener el mayor apoyo parlamentario posible y que la votaci¨®n tenga lugar a finales de este mes.
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