El presidente de Per¨² rechaza la ley que evita el reingreso de Alberto Fujimori en prisi¨®n
El Ejecutivo de Mart¨ªn Vizcarra indica que la norma, que permite al aut¨®crata cumplir su condena en arresto domiciliario, interfiere contra las funciones de la justicia y fue hecha con ¡°nombre propio¡±
El presidente de Per¨², Mart¨ªn Vizcarra, ha vuelto a marcar territorio ante la mayor¨ªa opositora en el Congreso, el partido fujimorista Fuerza Popular. El mandatario no ha querido promulgar la denominada ley Fujimori?que el Parlamento aprob¨® hace 11 d¨ªas de forma apresurada, con el fin de que el aut¨®crata Alberto Fujimori -y otros de sus excolaboradores presos- puedan cumplir el resto de su condena mediante arresto domiciliario, con grillete electr¨®nico y con derecho a desplazarse en la provincia donde tengan registrado su domicilio. Pese a que Vizcarra ha rechazado la ley, la norma podr¨ªa llegar a aprobarse, ya que el Congreso tiene potestad para hacerlo "por insistencia", cuando el presidente se niega a ratificarla.
El pasado 3 de octubre, un juez supremo anul¨® el indulto humanitario del que Fujimori gozaba desde la Nochebuena del a?o pasado. La medida la otorg¨® el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski, a cambio de algunos votos de fujimoristas disidentes, para evitar ser destituido por el Parlamento.
La decisi¨®n de Vizcarra, trasladada este lunes al presidente del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, indica que la ley aprobada por el Parlamento contraviene varios art¨ªculos de la Constituci¨®n y cuestiona que la norma haya sido aprobada mediante una deliberaci¨®n simulada y un tr¨¢mite apresurado en el pleno parlamentario.
La mayor¨ªa fujimorista exoner¨® el proyecto de ley del debate en comisiones ¨Ccon la firma de un congresista de Alianza para el Progreso que estuvo ausente-, y manej¨® la sesi¨®n del pleno para acelerar el debate. Adem¨¢s, tras ser votada, evit¨® que la medida fuese sometida a una segunda votaci¨®n, como suele ser el procedimiento habitualmente.
La norma llamada ejecuci¨®n humanitaria de la pena que vot¨® el Congreso permit¨ªa que los adultos mayores de 65 a?os (para el caso de mujeres) o 78 (en el caso de los varones) que hubieran cumplido un tercio de la pena y con un certificado de buena conducta de las autoridades penitenciarias, podr¨ªan continuar el resto de su condena bajo vigilancia electr¨®nica. Asimismo, la ley tambi¨¦n autorizaba a que los condenados que se beneficiasen de esta medida y que despu¨¦s fueran procesados por un delito cometido anteriormente, segu¨ªan sujetos a ese r¨¦gimen de libertad vigilada. Esta modalidad iba a ser ¨²til para Fujimori, quien debe someterse a un juicio oral por el caso Pativilca, una matanza cometida contra seis campesinos en 1991, por un comando del Ej¨¦rcito creado durante su Gobierno, el Grupo Colina.
El argumento m¨¢s contundente para que el Ejecutivo se plantease no firmar la ley es que ¡°contraviene la independencia de la funci¨®n jurisdiccional porque es el Poder Judicial el que se encarga de resolver conflictos¡± y no el Instituto Nacional Penitenciario, un ¨®rgano administrativo dependiente del Ministerio de Justicia.
¡°No es posible atribuir a ¨®rganos o instancias de ejecuci¨®n funciones que son de estricta competencia de los ¨®rganos o tribunales del Poder Judicial. Una atribuci¨®n de esta naturaleza supone injerencias inaceptables en el cumplimiento de disposiciones judicialmente leg¨ªtimas¡±, a?ade el documento.
Antes de que el Parlamento recibiera el oficio firmado por el presidente y el primer ministro, C¨¦sar Villanueva, Vizcarra se?al¨® a la prensa que se necesitaba que la norma fuera ¡°debatida a profundidad, que vea todas las aristas posibles para evitar que se puedan filtrar personas encarceladas que sean un peligro para la sociedad¡±.
Tal como algunos expertos lo anticiparon al d¨ªa siguiente de aprobada la norma, el Ejecutivo tambi¨¦n indica que la Ejecuci¨®n humanitaria de la pena, tal como la propuso Fuerza Popular, ¡°desnaturaliza el sistema judicial penal y genera inseguridad jur¨ªdica respecto del cumplimiento de las penas, y afecta el principio de separaci¨®n de poderes¡±.
Entre los siete cuestionamientos del Ejecutivo enviados al Congreso, est¨¢ tambi¨¦n que la norma ¡°afecta la competencia del juez para determinar las medidas de coerci¨®n personal a los procesados penalmente¡±, dado que establece el uso del grillete electr¨®nico por encima de otras medidas previstas, detenci¨®n preliminar, detenci¨®n preventiva, comparecencia y arraigo, entre otras.
El Ejecutivo tambi¨¦n afirma que la norma ¡°regula beneficios para personas determinadas¡± y se trata de una ¡°ley con nombre propio¡±. Asimismo, cuestiona que la medida solo sea aplicaba para quien haya cometido ciertos delitos penales ¡°y no otros de igual gravedad como el secuestro, el homicidio doloso, la tortura, el lavado de activos, los delitos contra la administraci¨®n p¨²blica (corrupci¨®n)¡±.
Despu¨¦s de conocerse la decisi¨®n de Vizcarra, la l¨ªder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien ha criticado la anulaci¨®n del indulto de su padre, ha asegurado en un canal de televisi¨®n que esperar¨¢ la decisi¨®n ¡°de los congresistas y las diversas bancadas: si deciden allanarse a las observaciones o insistir con el proyecto". Ante una norma que el Ejecutivo no promulga y devuelve, como en este caso, el Congreso, tiene la potestad de aprobarla "por insistencia".
M¨¢s destituciones de altos cargos
Como consecuencia de la fuga del exjuez supremo C¨¦sar Hinostroza, el pasado d¨ªa 7 -y conocida por el Gobierno 10 d¨ªas despu¨¦s- siguen cayendo responsables: el superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla, fue cesado en el cargo -de confianza-, que ocupaba desde hace dos a?os. Y el comandante general de la Polic¨ªa Nacional, Richard Douglas, fue destituido y pasado al retiro. En su lugar, el presidente Vizcarra y el nuevo ministro de Interior, Carlos Mor¨¢n, designaron a Jos¨¦ Lavalle. Mor¨¢n asumi¨® como titular de esta cartera el pasado viernes, tras la renuncia de su predecesor -Mauro Medina- por la huida del exmagistrado Hinostroza.
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