El poder judicial, en pie de guerra ante L¨®pez Obrador

M¨¢s de 2.000 empleados de la judicatura ¡ªentre ellos 600 magistrados¡ª han promovido juicios de amparo, un proceso en el que se impugnan normas generales que se consideran violatorias de los derechos humanos. Los funcionarios se han mostrado inconformes por la primera reforma del Gobierno de Morena, la de dos art¨ªculos de la Constituci¨®n ¡ª75 y 127¡ª, con la que L¨®pez Obrador ha decretado que nadie en la Administraci¨®n P¨²blica gane m¨¢s que ¨¦l. El mandatario recort¨® un 40% su sueldo y lo fij¨® en 108.000 pesos mensuales (5.300 d¨®lares). La demanda afirma que esta reforma ¡°es contraria al orden constitucional¡±. ¡°El Poder Judicial goza de autonom¨ªa para disponer de sus recursos, por lo cual no tiene obligaci¨®n de someter al escrutinio del Poder Legislativo las remuneraciones que asigne a jueces y magistrados federales¡±, afirma la demanda, de la que EL PA?S tiene una copia.

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La toma de posesi¨®n, en im¨¢genes

¡°Es hora de darle una buena sacudida al Poder Judicial¡±

Esta crisis escal¨® porque el poder judicial se fue quedando sin interlocuci¨®n ante el nuevo Gobierno. Una comisi¨®n visit¨® al senador Ricardo Monreal, de Morena, despu¨¦s de que este presentara en octubre una pol¨¦mica iniciativa para ¡°sacudir¡± a la judicatura con una propuesta de gran envergadura para rotar jueces, hacerles pruebas de pol¨ªgrafo y modificar sus encargos. Este fue el primer aviso que puso en guardia a los magistrados. Tras visitar al legislador, la comisi¨®n ejerci¨® presi¨®n en orden ascendente en el escalaf¨®n de Morena. Sigui¨® una visita a Olga S¨¢nchez Cordero, la secretaria de Gobernaci¨®n [ministra del Interior] con la que encontraron buena sinton¨ªa porque fue ministra del Supremo entre 1995 y 2015. A ella sigui¨® el cabildeo con Julio Scherer, el abogado de la presidencia. Por ¨²ltimo, los jueces pudieron comunicar sus preocupaciones al propio L¨®pez Obrador en una reuni¨®n a puerta cerrada. El presidente electo intent¨® tranquilizarlos diciendo que no hab¨ªa una agenda contra ellos.

Pero la realidad mandaba otras se?ales. Las alarmas saltaron el 5 de noviembre, cuando fue publicada la norma de remuneraciones. El viernes 21, la magistrada Sonia Rojas, de Sinaloa, promovi¨® un amparo para que su sueldo no sea afectado en enero, cuando entre en vigor el presupuesto de 2019. Su demanda fue aceptada en un tribunal. Desde entonces, cientos de jueces federales han seguido el ejemplo en un caso donde se han convertido en juez y parte. ¡°El impacto de la ley va a ser el contrario al buscado: riesgo de apertura de las puertas a la corrupci¨®n¡±, afirma la demanda.

Esta es la apuesta de la judicatura por desmotivar el empuje transformador de Morena. Est¨¢ por verse si es suficiente para tranquilizar un caso sin precedentes en M¨¦xico. El antecedente m¨¢s pr¨®ximo del choque entre el Judicial y el Ejecutivo se dio en diciembre de 1994, cuando el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) dio un manotazo en la mesa y redujo el pleno de la Suprema Corte de 26 a 11 ministros. Era un gesto de autoridad igual que el que pretende L¨®pez Obrador en el arranque de su mandato.

El choque con el poder judicial es el primero al que se enfrenta el nuevo presidente de M¨¦xico, que tras la victoria del 1 de julio tiene una mayor¨ªa absoluta en las dos C¨¢maras del Congreso, por lo que la oposici¨®n pol¨ªtica es simb¨®lica. Los jueces, en ese sentido, se vislumbran como la ¨²nica contenci¨®n a L¨®pez Obrador.

Hasta este viernes se hab¨ªan promovido 440 juicios que incluyen a 2.194 quejosos, entre ellos 291 jueces y 323 magistrados de circuito. Fuentes del Poder Judicial estiman que la cifra escalar¨¢ r¨¢pidamente entre los 1.429 puestos m¨¢s altos de la judicatura: ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces de distrito, consejeros de la judicatura y magistrados electorales.

Los demandantes ruegan a los jueces de distrito que se declaren impedidos en estos casos y piden a los Tribunales Colegiados solicitar a la Suprema Corte de Justicia atraer el caso para ponderar la constitucionalidad de la reforma promovida por Morena. El caso de la magistrada Sonia Rojas ya est¨¢ siendo estudiado en una de las salas del Tribunal Constitucional, cuya presidencia entrar¨¢ en un proceso de renovaci¨®n en enero pr¨®ximo y que tiene a dos jueces de carrera, Alberto P¨¦rez Day¨¢n y Jorge Pardo Rebolledo, entre sus principales interesados.

Muestra de buena voluntad

El Poder Judicial prepara un acuerdo general de autorregulaci¨®n como una se?al de buena voluntad para desactivar la crisis. Los jueces reconocen algunos de los vicios y deudas que tienen con la sociedad mexicana, por lo que ofrecen una regeneraci¨®n que venga de ellos mismos y no de la imposici¨®n del Legislativo. El Acuerdo General del Consejo de la Judicatura, en manos de este diario, pretende promover la meritocracia y erradicar el nepotismo.

En su art¨ªculo 10, el acuerdo impide a los jueces nombrar o promover a sus c¨®nyuges, concubinos o parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado. Tambi¨¦n proh¨ªbe hacer acuerdos o promociones o influir por su posici¨®n jer¨¢rquica para hacer nombramientos. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito no ser¨¢n adscritos a sitios donde haya un servidor p¨²blico con el que tengan un v¨ªnculo. Si un juez se casa con un servidor p¨²blico ser¨¢ reasignado.

La carrera judicial se har¨¢ a trav¨¦s de cursos y ex¨¢menes de habilitaci¨®n, se?ala el documento, que consta de 16 art¨ªculos. El acuerdo incluye el registro p¨²blico de m¨¦ritos de los servidores p¨²blicos que ponderar¨¢, adem¨¢s de la experiencia, la formaci¨®n acad¨¦mica, sanciones, notas desfavorables en el expediente y premios y reconocimientos.