Un juez ordena el arraigo del exfiscal general de Per¨²

El magistrado Pedro Ch¨¢varry ha sido notificado la ma?ana de este s¨¢bado de una orden judicial que le impide salir de Per¨² durante los pr¨®ximos nueve meses, en los que ser¨¢ investigado por encubrimiento. El martes, Ch¨¢varry renunci¨® al cargo de fiscal general presionado por las protestas ciudadanas, por las numerosas denuncias por incumplir la Constituci¨®n y por las pruebas de su supuesta pertenencia a una mafia del sistema de justicia llamada Cuellos Blancos del Puerto.

La solicitud de arraigo fue realizada por la propia fiscal general interina, Zoraida ?valos, despu¨¦s de haber recibido el jueves un informe del equipo especial Lava Jato, que investiga posibles actos de corrupci¨®n en Per¨² de la constructora brasile?a Odebrecht. Ch¨¢varry ha sido imputado por haber ordenado a tres de sus escoltas el pasado 5 de enero violar los precintos de seguridad de una oficina del Ministerio P¨²blico para sustraer cajas de documentos con evidencias.

La puerta del despacho del asesor parlamentario de Ch¨¢varry, Juan Manuel Duarte, hab¨ªa sido precintada el 4 de enero por el fiscal Jos¨¦ Domingo P¨¦rez, del equipo Lava Jato, para buscar pruebas asociadas con la investigaci¨®n por lavado de dinero que se realiza contra Keiko Fujimori y sus colaboradores. El grupo habr¨ªa formado en 2011 una organizaci¨®n criminal para blanquear 1,2 millones de d¨®lares procedentes de una caja paralela de Odebrecht para ser utilizados en la campa?a presidencial de la l¨ªder de la oposici¨®n, hija del aut¨®crata Alberto Fujimori.

Cuando el fiscal provincial P¨¦rez volvi¨® el 6 de enero al noveno piso del Ministerio P¨²blico a continuar el registro de la oficina encontr¨® los precintos rotos. P¨¦rez pidi¨® ver el v¨ªdeo de las c¨¢maras de seguridad, pero le respondieron que estaban desactivadas. Entonces, orden¨® precintar la oficina que guarda las grabaciones de las c¨¢maras.

Horas antes de presentar su renuncia, Ch¨¢varry asegur¨® a una radio colombiana que se enter¨® por la prensa de que sus escoltas hab¨ªan entrado a la oficina asegurada y que eso se tendr¨ªa que investigar. Una de las c¨¢maras del circuito cerrado, no obstante, no hab¨ªa sido desactivada. Dos d¨ªas despu¨¦s, el diario El Comercio public¨® im¨¢genes de Ch¨¢varry llegando el 5 de enero al noveno piso con uno de los tres escoltas que minutos despu¨¦s rompi¨® el precinto y ayud¨® a la asesora de prensa del jefe del Ministerio P¨²blico a sustraer documentos. Horas m¨¢s tarde, las im¨¢genes revelaron al fiscal y su personal saliendo del noveno piso cargando una caja grande.

El fiscal Jos¨¦ Domingo P¨¦rez asegur¨® recientemente a EL PA?S que ¡°lo que estamos viendo es de un nivel delincuencial que no tiene calificaci¨®n, porque no se espera que eso ocurra en el propio Ministerio P¨²blico y sobre todo con personas vinculadas con el (entonces) fiscal de la Naci¨®n. Por el riesgo al que se han sujetado, y por poner en peligro su funci¨®n, probablemente hab¨ªa informaci¨®n que vinculaba a Pedro Ch¨¢varry con la organizaci¨®n criminal¡±.

Desde agosto, Ch¨¢varry ha bloqueado, con el apoyo de la bancada fujimorista en el Congreso, una investigaci¨®n fiscal en su contra por presuntamente pertenecer a Cuellos Blancos del Puerto. El l¨ªder de dicha trama, el destituido juez supremo C¨¦sar Hinostroza, ofreci¨® ayuda en 2018 a Keiko Fujimori para evitar que siguiera bajo investigaci¨®n por lavado de activos. Al parecer, Fuerza Popular no proteger¨¢ m¨¢s a Ch¨¢varry. El lunes, la subcomisi¨®n de acusaciones constitucionales del Congreso, presidida por un fujimorista, pondr¨¢ a debate las seis denuncias por infracci¨®n constitucional que pesan sobre el exfiscal.?