?De qu¨¦ independencia hablamos?

Subyugar o controlar a jueces y fiscales es un objetivo recurrente para el crimen organizado y la corrupci¨®n. Y de eso hay varios ejemplos recientes en Am¨¦rica Latina y otras regiones. En varias situaciones recientes el foco parecer¨ªa estar ahora en los fiscales y en las cabezas de las fiscal¨ªas.

El Fiscal de la Naci¨®n en Per¨², por ejemplo, ha sido sindicado por una fiscal, desde agosto del a?o pasado, como integrante de una organizaci¨®n criminal en el puerto del Callao. Como cabeza del ministerio, a su vez, ha dado se?ales repetidas de trabas y bloqueos a las investigaciones sobre el caso Odebrecht/Lava Jato. Siendo cabeza de la instituci¨®n encargada de la investigaci¨®n y persecuci¨®n del delito, era muy grave que haya seguido en su puesto; la presi¨®n ciudadana lo forz¨® a renunciar esta semana. Pudo haber actuado el Congreso, pero prevaleci¨® la inacci¨®n de una mayor¨ªa parlamentaria poco entusiasta con que se vaya al fondo en esas investigaciones.

En Colombia, por su lado, se ha conocido que el Fiscal General, en su previa condici¨®n de abogado privado, habr¨ªa estado informado de operaciones oscuras de Odebrecht y no habr¨ªa actuado. No digo que all¨ª haya responsabilidad penal, pero hechos as¨ª generan l¨®gica preocupaci¨®n en la sociedad por las responsabilidades de la fiscal¨ªa en la investigaci¨®n de actos delictivos atribuidos a esa empresa.

La penetraci¨®n de organizaciones criminales en el sistema de justicia es una grave amenaza. No son simples los medios con que cuenta el Estado para actuar ante hechos criminales que podr¨ªan estar ocurriendo en otras instituciones p¨²blicas. Pero si se trata de altas autoridades como fiscales generales el asunto es m¨¢s complejo. Abre zonas grises: leg¨ªtima acci¨®n p¨²blica para investigar versus intervenci¨®n en instituciones a investigar cuya independencia se debe preservar.

Cuando en 2017 present¨¦ mi primer informe ante la Asamblea General como Relator Especial sobre independencia de jueces y abogados de la ONU, puse el foco en la delincuencia organizada y la corrupci¨®n como una de las mayores amenazas contempor¨¢neas a la independencia judicial. Los hechos han demostrado que no estaba equivocado. Hay dos razones para que los ¨®rganos internacionales ¡ªpol¨ªticos y de derechos humanos¡ª deban actuar.

Primero, porque la corrupci¨®n tiene impacto directo sobre la vigencia de los derechos humanos: priva a las sociedades de recursos importantes que podr¨ªan servir para atender necesidades b¨¢sicas. Segundo, porque impacta directamente sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado, en general, y sobre la administraci¨®n de justicia, en particular.

Vamos a esto segundo: para la corrupci¨®n es crucial interferir, controlar o, m¨¢s a¨²n, cooptar al sistema de justicia. Es la vacuna m¨¢s eficaz. Si, en general, es importante contar con un sistema judicial independiente para que resuelva con objetividad y de acuerdo a ley, un sistema judicial eficaz e independiente es absolutamente crucial para prevenir y combatir la corrupci¨®n. As¨ª, velar por la independencia de jueces y fiscales es protegerlos no solo de la injerencia o presi¨®n desde el poder pol¨ªtico sino de la menos visible influencia de organizaciones criminales en el Estado.

Tres factores son cruciales para que la justicia no sea vacuna de los corruptos sino arma de la sociedad y que pueda dirigirse hacia altos funcionarios cuando corresponda. Uno, mecanismos de designaci¨®n y control de jueces y fiscales independientes del poder y que sean, a la vez, transparentes. Dos, reglas y garant¨ªas que doten a jueces y fiscales ¡ªen los distintos niveles jer¨¢rquicos¡ª tanto de seguridad f¨ªsica y mental como en el puesto de trabajo. Tres, una sociedad vigilante y medios de comunicaci¨®n atentos a informar a la sociedad de evoluciones sospechas sobre la conducta de jueces o fiscales como ha ocurrido recientemente en Per¨².