Guatemala promueve una amnist¨ªa para cr¨ªmenes de lesa humanidad
La presi¨®n local y exterior ralentiza su aprobaci¨®n, que contravendr¨ªa varios puntos del derecho internacional refrendados por el pa¨ªs centroamericano
El Congreso de Guatemala ultima la aprobaci¨®n de una amnist¨ªa para cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil guatemalteca (1960-1996), que modificar¨ªa la Ley de Reconciliaci¨®n Nacional ¡ªaprobada hace 23 a?os, antes de que el Gobierno del pa¨ªs centroamericano y guerrilla sellaran la paz que puso final a uno de los conflictos armados m¨¢s duraderos del continente¡ª. Sin embargo, la?enorme presi¨®n internacional y local en contra de un texto que violar¨ªa la Constituci¨®n y la propia legislaci¨®n guatemalteca, as¨ª como convenios internacionales en materia de derechos humanos, ha provocado un retraso en la?tramitaci¨®n de la medida. Todas las opciones est¨¢n abiertas en este momento: que el Legislativo siga adelanta con su aprobaci¨®n en los pr¨®ximos d¨ªas o que acabe dando finalmente marcha atr¨¢s, como le piden los grupos pro derechos fundamentales.
A la presi¨®n para que los diputados digan no al cambio legal se ha sumado en las ¨²ltimas horas el Gobierno estadounidense que, en un comunicado, ha manifestado su "profunda preocupaci¨®n por una ley que otorgar¨ªa una amnist¨ªa total a perpetradores de graves abusos a los derechos humanos as¨ª como a los condenados por estos cr¨ªmenes". El documento, firmado por Robert Palladino, portavoz del Departamento de Estado, se?ala que las condenas a los perpetradores "han restaurado la dignidad de las v¨ªctimas y sobrevivientes, han inspirado mayor confianza en las instituciones y han servido como ejemplo positivo a otros pa¨ªses".
La ley de 1996 inclu¨ªa una amnist¨ªa para los delitos pol¨ªticos, pero no para los responsables de masacres, secuestros o violaciones, consideradas delitos de lesa humanidad, por los que han sido condenados 42 militares y un exguerrillero, mientras que otras 4.000 personas vinculadas a las fuerzas de seguridad del Estado y 87 exguerrilleros est¨¢n sujetas a¨²n a procesos judiciales. Al momento de entrar en vigor la amnist¨ªa ¡ªsi finalmente se aprueba¡ª, los involucrados ser¨ªan excarcelados en 24 horas y se detendr¨ªan las investigaciones sobre los responsables de cr¨ªmenes de guerra.
En ese supuesto, no obstante, la ley nacer¨ªa "muerta", en opini¨®n de expertos como el antiguo canciller guatemalteco Edgar Guti¨¦rrez o el analista Manfredo Marroqu¨ªn, de Transparencia Internacional. El motivo: contravendr¨ªa la Constituci¨®n, la legislaci¨®n interna y los tratados internacionales firmados por Guatemala. "El Gobierno [de Jimmy Morales] no tiene m¨¢s af¨¢n que destruir las instituciones, sin percatarse de las graves implicaciones pol¨ªticas y econ¨®micas que sus decisiones pueden traer para el pa¨ªs. Pero los gobernantes no entienden que no entienden", comenta el exministro Guti¨¦rrez. Lo que ocurre en Guatemala, a?ade, por su parte, Marroqu¨ªn, deber¨ªa llamar la atenci¨®n de la comunidad internacional. "Ser¨ªa un retroceso muy grande", agrega, que guardar¨ªa paralelismos con lo ocurrido en Egipto tras la Primavera ?rabe. "Se crear¨ªan las condiciones para una migraci¨®n masiva hacia EE UU", advierte el especialista de Transparencia Internacional, que no titubea al opinar que Guatemala est¨¢ en manos de una ¨¦lite mafiosa dispuesta a impedir que un aut¨¦ntico Estado de derecho cobre vigencia.
La aprobaci¨®n de esta amnist¨ªa tendr¨ªa, adem¨¢s, consecuencias no valoradas por los legisladores que la impulsan. Paola Lim¨®n, coordinadora jur¨ªdica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroam¨¦rica y M¨¦xico, recuerda que Guatemala ratific¨® la Convenci¨®n Americana de Derechos Humanos en 1978 y reconoci¨® la competencia de la Corte Interamericana en 1987. En reiteradas ocasiones, subraya, esta instancia ha dictaminado que las amnist¨ªas no pueden ser obst¨¢culo para la investigaci¨®n, juzgamiento y sanci¨®n de graves violaciones a los derechos fundamentales.
Guatemala est¨¢, por tanto, en la obligaci¨®n de acatar las disposiciones de la Corte. De lo contrario, habr¨ªa consecuencias legales. ¡°La aprobaci¨®n de esta amnist¨ªa se convierte en un obst¨¢culo para el avance de esas investigaciones y contraviene una sentencia del tribunal m¨¢s alto de la regi¨®n en materia de derechos humanos¡±, se?ala Lim¨®n, que rememora c¨®mo ya en 2014 el pa¨ªs centroamericano fue declarado en desacato, justamente por una actitud contraria al deber de investigar y sancionar las graves violaciones cometidas durante el largu¨ªsimo conflicto armado. ¡°Esto podr¨ªa repetirse, incluso agravarse si la Corte decide remitir esta informaci¨®n a la Asamblea General de la OEA [Organizaci¨®n de Estados Americanos]". "La amnist¨ªa", concluye, "no solo tendr¨ªa efectos a nivel general, sino un impacto particular en los casos concretos de personas impactadas". Y echar¨ªa por la borda casos que hab¨ªan tenido avances en la investigaci¨®n, juicio y sanci¨®n de los responsables.
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