Un Programa de Bienestar que abandona los derechos de la infancia

El 28 de febrero, unas horas antes de que se venciera el plazo para publicar las reglas de operaci¨®n de los programas sociales, el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador public¨® en el Diario Oficial de la Federaci¨®n el Programa de Bienestar para ni?as y ni?os hijos de madres trabajadoras, con el que abrogan el Programa de Estancias Infantiles.

El nuevo programa no garantiza en nada el bienestar, la seguridad ni el desarrollo de los ni?os. Viola el principio del inter¨¦s superior de la ni?ez y afecta a 330.000 ni?os, madres trabajadoras y a 60.000 responsables de estancias y asistentes que perder¨¢n sus empleos.

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Tal parece que al actual Gobierno le importa crear clientelas, pero no construir o mejorar pol¨ªticas p¨²blicas en beneficio de la poblaci¨®n. Primero descalifican y tiran a la basura. Despu¨¦s averiguan. As¨ª lo han hecho durante estos primeros 100 d¨ªas de Gobierno. Sin embargo, en este caso se trata de los grupos m¨¢s vulnerables de nuestra poblaci¨®n: ni?os y ni?as, menores con discapacidad y madres trabajadoras.

Menciono los aspectos centrales del programa de estancias infantiles que no fueron contemplados en el nuevo programa y eran fundamentales para su correcto funcionamiento:

1. El nuevo programa se enfoca solo a las zonas ind¨ªgenas y de m¨¢s alta marginaci¨®n del pa¨ªs, dejando fuera a todas las mujeres que viven en condiciones de pobreza urbana, que trabajan y que no cuentan con seguridad social ni con recursos propios para pagar los servicios de cuidado infantil. Esto representa una regresi¨®n en el goce de un derecho a la protecci¨®n social y a la libertad del trabajo.
2. Se reducen los montos de los apoyos: de 950 a 800 pesos mensuales y de 1,800 a 1,600 pesos para madres con hijos con alguna discapacidad. Es impensable que a una madre le alcancen 800 pesos para el cuidado de su hijo. ?sta es una reducci¨®n irracional, cuando una guarder¨ªa del IMSS cobra cerca de 3.000 pesos por ni?o y un Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) del DIF nacional cobra 6.000. Adem¨¢s, no hay una l¨®gica en la definici¨®n de los montos de los apoyos sociales. Mientras un joven que no trabaja recibe 3.500 pesos mensuales, una madre que requiere del apoyo del Estado para poder conciliar trabajo y familia recibe casi la cuarta parte. Esta medida es discriminatoria, mis¨®gina y machista, adem¨¢s de que menoscaba un derecho social y econ¨®mico adquirido.
3. No vincula la entrega de apoyos con la asistencia de los ni?os a centros de cuidado infantil. Los apoyos se entregan directamente a la madre trabajadora y, de acuerdo con las nuevas c¨¦dulas para recabar informaci¨®n de los beneficiarios, estas pueden ejercer el recurso como mejor lo consideren, sin que ello implique garantizar la seguridad, desarrollo y cuidado del menor. De hecho, ahora que est¨¢n censando a las mam¨¢s les dicen: ¡°Usted sabe si con ese dinero que le da el Gobierno sigue pagando la guarder¨ªa o paga a alg¨²n familiar, a su suegra, a su mam¨¢, a quien usted quiera para que le cuide al ni?o¡±.
4. Las nuevas reglas de operaci¨®n no establecen mecanismos de supervisi¨®n de los centros de cuidado infantil, con lo cual, en el mejor de los casos en que una madre decida gastar el apoyo en llevar a su hijo a uno de estos centros, nadie le garantiza que opere con personal capacitado y certificado y bajo medidas b¨¢sicas de seguridad, atenci¨®n, salud e higiene. Si el presidente L¨®pez Obrador quer¨ªa evitar un accidente como el que sucedi¨® en la guarder¨ªa ABC del IMSS, est¨¢ haciendo todo por ocasionarlo, pues estos centros operar¨¢n sin reglas y supervisiones regulares, a diferencia de c¨®mo lo hac¨ªan las estancias infantiles.
5. Se excluye a los ni?os y ni?as hijos de madres y padres trabajadores con seguridad social, con el argumento de que estos ni?os pueden ser atendidos en una guarder¨ªa del IMSS. No toman en cuenta que si hoy no hacen uso de esta prestaci¨®n es porque dicha instituci¨®n carece de suficiente cobertura y sus guarder¨ªas est¨¢n saturadas.

Este acto de autoridad, que no fue fundado ni motivado, viola derechos humanos, econ¨®micos y sociales adem¨¢s del inter¨¦s superior de la infancia y pone en riesgo a ni?as y ni?os. Ante la sordera del presidente y su equipo, el siguiente paso ser¨¢ pelear estos derechos en tribunales nacionales y, de ser necesario, acudir a instancias internacionales para en defensa de los m¨¢s vulnerables.

L¨ªa Lim¨®n es exdiputada por el Partido Verde y fue subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretar¨ªa de Gobernaci¨®n durante el Gobierno de Enrique Pe?a Nieto (PRI).