790 periodistas y activistas se encuentran bajo amenaza de muerte en M¨¦xico

790 periodistas y defensores de derechos humanos se encuentran bajo amenaza de muerte en M¨¦xico por realizar su trabajo. Esta es la cifra de personas adscritas actualmente al mecanismo de protecci¨®n para activistas y comunicadores implementado por el Gobierno federal. El programa, creado en julio de 2012, no ha frenado la violencia contra los denunciantes. Desde el 1 de diciembre, fecha en que inici¨® el mandato de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador, a la fecha han sido asesinados seis periodistas y nueve defensores de derechos humanos, seg¨²n cifras oficiales. La estad¨ªstica sigue creciendo. El domingo ocurri¨® el homicidio del reportero deportivo Omar Iv¨¢n Camacho en el Estado de Sinaloa, un caso que est¨¢ bajo investigaci¨®n por la fiscal¨ªa local.

498 de las 790 personas adscritas al mecanismo son defensores de derechos humanos. 292 son periodistas. La capital del pa¨ªs y los Estados de Veracruz y Guerrero concentran la mayor¨ªa de los casos de protecci¨®n, ha informado este lunes el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Con nueve homicidios en 2018, M¨¦xico ha sido identificado por segundo a?o consecutivo como la naci¨®n en paz m¨¢s peligrosa para la prensa seg¨²n Reporteros Sin Fronteras y enfrenta una escalada de violencia que ha rebasado las medidas de contenci¨®n de las autoridades. En enero fueron asesinados en extremos opuestos del pa¨ªs, el periodista Rafael Mur¨²a, en Baja California Sur, y el defensor No¨¦ Jim¨¦nez, en Chiapas. Ambos eran beneficiaros de este supuesto programa de protecci¨®n.

Encinas ha reconocido que el mecanismo reporta deficiencias tecnol¨®gicas y de los escoltas que est¨¢n al cuidado de los reporteros y activistas. A estas fallas se suman la desconfianza de los beneficiarios con las autoridades. Prueba de ello es que de los 792 botones de p¨¢nico que podr¨ªan servir de alerta ante una situaci¨®n de emergencia, 209 usuarios los han tenido apagados durante m¨¢s de medio a?o. Entre las razones de sus portadores sobresale que ¡°no quieren que las autoridades sepan d¨®nde se encuentran¡±, ha referido Encinas.

El Gobierno mexicano asegura que el programa no desaparecer¨¢, sino que se pondr¨¢ en marcha una renovaci¨®n que incluye la realizaci¨®n de una auditor¨ªa al fideicomiso que gestiona los recursos de la compa?¨ªa proveedora de seguridad y la evaluaci¨®n de los escoltas. La empresa privada RCU es la encarga de brindar escoltas a las casi 800 personas adscritas al programa. En una primera revisi¨®n de la compa?¨ªa se han detectado sobrecostes en el servicio y que no todo el personal est¨¢ autorizado para portar armas.

La propuesta de la Administraci¨®n de Morena ser¨¢ migrar estas tareas a la Secretar¨ªa de la Defensa Nacional y a la Polic¨ªa Federal. ¡°Por lo delicado de los servicios de protecci¨®n se extender¨¢ el contrato con la empresa privada a costos menores del actual, en un 15% promedio, mientras se revisa y concreta la migraci¨®n de los servicios de protecci¨®n a instituciones de Gobierno¡±, ha indicado Encinas. Este a?o el mecanismo cont¨® con un presupuesto de 207 millones de pesos (10,8 millones de d¨®lares), cifra similar a la de 2018.

Los recursos se han mantenido en el mismo sitio, mientras las solicitudes de incorporaci¨®n han ido en ascenso. En 2012 apenas fueron 19 de estos casos fueron admitidos, mientras que 2018 cerr¨® con 102 nuevos registros. Cristina Medina, periodista de Baja California Sur, ha advertido que a?o con a?o la escalada de violencia contra la prensa ha llevado a la autocensura de los reporteros, quienes han preferido abandonar la profesi¨®n o dejar de denunciar los abusos de pol¨ªticos, empresarios y grupos criminales en la Entidad.

Ana Ruelas, directora regional de la organizaci¨®n Art¨ªculo 19, que denuncia las agresiones contra la prensa, menciona que el Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador no fue claro en las medidas que van a llevar a cabo para combatir la impunidad que rodean a las agresiones contra la prensa. ¡°A¨²n falt¨® un poco de claridad sobre c¨®mo van a hacer para que haya una efectiva rendici¨®n de cuentas por parte de la Fiscal¨ªa general para decir c¨®mo est¨¢n investigando los casos de los periodistas que se acercan al mecanismo de protecci¨®n¡±, ha se?alado.