El Gobierno de Ortega reprime una manifestaci¨®n y pone en entredicho su acuerdo con la oposici¨®n
Al menos tres personas resultaron heridas en un choque con la Polic¨ªa Nacional. El presidente de Nicaragua prometi¨® el viernes cesar la represi¨®n, permitir las manifestaciones y reformas electorales
El r¨¦gimen que lidera el sandinista Daniel Ortega ha reprimido nuevamente una manifestaci¨®n convocada en Managua este s¨¢bado, un d¨ªa despu¨¦s de comprometerse con la opositora Alianza C¨ªvica a respetar las garant¨ªas establecidas en la Constituci¨®n. Entre ellas, las libertades civiles, cesar la represi¨®n, permitir las manifestaciones pac¨ªficas, desarmar a sus grupos parapoliciales, liberar a todos los presos pol¨ªticos y reformas electorales de cara a un posible adelanto de elecciones, un tema espinoso que Ortega se niega a discutir.
Este s¨¢bado, la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que aglutina a m¨¢s de 40 organizaciones, convoc¨® varias protestas en el pa¨ªs, como una forma de medir el nivel de compromiso del r¨¦gimen de poner fin a la violencia. Pero lo vivido en la protesta pone en entredicho la palabra de Ortega, con las im¨¢genes de la Polic¨ªa Nacional atacando a quienes acud¨ªan a la manifestaci¨®n. Incluso, irrumpieron en un centro comercial donde los opositores buscaron refugio.
En la represi¨®n tambi¨¦n participaron colectivos leales al mandatario. Uno de estos simpatizantes de Ortega dispar¨® contra un grupo de manifestantes, dejando al menos tres heridos. Se reportan tambi¨¦n algunos detenidos. La opositora Alianza C¨ªvica conden¨® la violenta respuesta del r¨¦gimen a trav¨¦s de su cuenta de Twitter. "Condenamos en¨¦rgicamente la flagrante violaci¨®n a los derechos de las personas que se hab¨ªan reunido pac¨ªficamente y exigimos la inmediata liberaci¨®n de quienes fueron detenidos ilegalmente. La voluntad se demuestra con hechos". En le mismo tono se pronunci¨® la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que hizo un llamado al Gobierno "a respetar el derecho a la protesta de los nicarag¨¹enses y a que aclare la situaci¨®n de las personas detenidas". Mientras que Erika Guevara-Rosas, director de Amnist¨ªa Internacional para las Am¨¦ricas, dijo que "es evidente que Ortega y sus fuerzas violentas no quieren di¨¢logo, quieren seguir violentando los derechos humanos de la poblaci¨®n, y acallar sus voces de protesta a c¨®mo de lugar".
El Acuerdo para Fortalecer Derechos y Garant¨ªas Ciudadanas, firmado el viernes en Managua, establece la liberaci¨®n definitiva y el cierre de todos los expedientes judiciales de los detenidos en el marco de la represi¨®n desatada contra las manifestaciones que exigen el fin de 12 a?os de Gobierno. Hasta ahora, Ortega hab¨ªa liberado a 160 detenidos ¡ªde m¨¢s de 600¡ª, considerados presos pol¨ªticos. En realidad, se trat¨® de una excarcelaci¨®n, dado que no han sido levantados los cargos en su contra. La mayor¨ªa fue detenida de forma arbitraria en las manifestaciones o tras ser espiada por la Polic¨ªa controlada por Ortega y condenada por cr¨ªmenes de terrorismo en procesos legales considerados espurios por organizaciones de derechos humanos. Varios familiares de los detenidos han denunciado que sufren maltratos y ¡°torturas¡±. Una comisi¨®n de europarlamentarios, que visit¨® Nicaragua a finales de enero, constat¨® la situaci¨®n de los encarcelados y exigi¨® al r¨¦gimen su liberaci¨®n. Lo acordado establece que ser¨¢ la Cruz Roja Internacional la encargada de coordinar la libertad de los detenidos.
Ortega ¡ªaislado internacionalmente, con sanciones contra su r¨¦gimen y funcionarios cercanos, incluida su esposa¡ª intenta encontrar una salida a la crisis pol¨ªtica aceptando cesar la represi¨®n en Nicaragua, permitir las manifestaciones pac¨ªficas que ¨¦l mismo hab¨ªa ilegalizado, desarmar a los grupos parapoliciales que sembraron el terror desde junio, cuando se desat¨® la llamada ¡°Operaci¨®n limpieza¡± y las denominadas ¡°caravanas de la muerte¡± que dejaron un reguero de cad¨¢veres en el pa¨ªs.
Adem¨¢s se establece que el Gobierno permitir¨¢ el regreso a Nicaragua de todos los exiliados en el marco de la violencia desatada por el Estado, con ¡°plenas garant¨ªas y seguridad personal¡±. Tambi¨¦n se revisar¨¢n las cancelaciones de la personalidad jur¨ªdica de las organizaciones de la sociedad civil a las que el r¨¦gimen acusa de haber financiado lo que ha catalogado como un ¡°fallido golpe de Estado¡±. Ortega se compromete a garantizar la libertad de prensa, permitir la entrega de insumos a los diarios y regresar los bienes confiscados a dos medios de comunicaci¨®n en diciembre: la revista Confidencial, cuyo director, el periodista Carlos Fernando Chamorro, tuvo que exiliarse en Costa Rica, y el canal 100% Noticias, tambi¨¦n asaltado en diciembre, con su director, Miguel Mora, y su jefa de redacci¨®n, Luc¨ªa Pineda, encarcelados y acusados de incitar al odio.
El tema que genera anticuerpos en Ortega es el adelanto de elecciones. El mandatario lo rechaza, aunque se ha comprometido a discutir reformas para ¡°fortalecer¡± los procesos electorales. ?l controla el Tribunal Electoral, importante pieza para su permanencia en el poder: desde 2008 la oposici¨®n ha denunciado continuos fraudes electorales bien documentados por organismos de la sociedad civil. La propuesta acordada el viernes incluye retomar un proyecto que comenz¨® a discutirse con la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) hace unos a?os, para lo que Luis Almagro, secretario general del organismo interamericano, ha designado a Crist¨®bal Fern¨¢ndez, jefe de la Secci¨®n de Cooperaci¨®n T¨¦cnica Electoral del Departamento para la Cooperaci¨®n y Observaci¨®n Electoral (DECO), como coordinador para discutir los ¡°trabajos en materia electoral¡±.
Los opositores celebraron el acuerdo como un triunfo. Pero Ortega, un h¨¢bil pol¨ªtico que ha manejado los hilos del poder en este pa¨ªs centroamericano desde hace 40 a?os, obliga a que la prudencia debe ser norma: est¨¢ a¨²n por verse si el compromiso deja de ser simb¨®lico y el exguerrillero cumple a cabalidad con lo firmado.
La interrogante que se abre hoy en Nicaragua es cu¨¢l es la apuesta del sandinista: ?Estar¨¢ dispuesto a negociar su permanencia en el poder a cambio de garant¨ªas para ¨¦l, su familia y la ¨¦lite que lo rodea o se trata de una nueva t¨¢ctica dilatoria a cambio de evitar nuevas sanciones internacionales? Son d¨ªas aciagos en el b¨²nker de El Carmen ¡ªel palacete en Managua fuertemente custodiado desde donde despacha Ortega¡ª con el mandatario y su mujer, la tambi¨¦n vicepresidenta Rosario Murillo, tratando de salir del laberinto en el que se metieron el 18 de abril de 2018, cuando ordenaron una represi¨®n que dej¨® 325 muertos, m¨¢s de 600 detenidos, decenas de miles de exiliados, medios de comunicaci¨®n asaltados y confiscados, un n¨²mero sin determinar de desaparecidos, profundas heridas en una sociedad dividida y una econom¨ªa al borde del colapso.
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