Un magistrado acusado de violencia machista despierta la indignaci¨®n en Bolivia

El rechazo a la violencia contra las mujeres logr¨® un inusual consenso. Por primera vez desde que Evo Morales es presidente de Bolivia, oficialismo y oposici¨®n han sumado esfuerzos en la misma acci¨®n parlamentaria. Los congresistas de ambas orillas pol¨ªticas hicieron a un lado sus diferencias en otros frentes y se coordinan para pedir la dimisi¨®n del magistrado del Tribunal Constitucional Orlando Ceballos, involucrado en una golpiza a su esposa, seg¨²n la polic¨ªa. Junto a diputadas y senadoras, los presidentes de las dos C¨¢maras y decenas de organizaciones sociales se pronunciaron en la misma direcci¨®n. No obstante, el Constitucional no ha tomado ninguna medida contra el jurista.

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Revoluci¨®n #MeToo

El mes pasado, Ceballos fue denunciado por su esposa, quien acudi¨® con signos de haber sufrido violencia a la polic¨ªa. La mujer dijo que no era la primera vez que ocurr¨ªa. El magistrado intent¨® mantenerse en sus labores, pero la presi¨®n del Gobierno lo oblig¨® a pedir una licencia para enfrentar la acusaci¨®n. Despu¨¦s de unos d¨ªas, la esposa desisti¨® de la querella. La fiscal¨ªa no lo impidi¨®, pese a que la ley establece que debe acusar, aunque la parte ofendida se retracte, cuando haya peligro de una nueva agresi¨®n o cuando existan indicios de reincidencia, como en este caso. Ahora Ceballos asegura que ¨²nicamente se trat¨® de una ¡°discusi¨®n de pareja¡±. Las organizaciones feministas no tardaron en considerar sus palabras una confesi¨®n, ya que la ley sanciona tanto la violencia f¨ªsica como la psicol¨®gica, es decir, una ¡°discusi¨®n¡± que termina en una comisar¨ªa.

Amparado en la inacci¨®n de la fiscal¨ªa y tras dar por solucionado un ¡°problema circunstancial¡±, el magistrado se reincorpor¨® esta semana su cargo, que entre otras cosas le exige verificar que las leyes protejan los derechos humanos, algo con lo que est¨¢ comprometido el pa¨ªs. ¡°Un hecho de violencia contra una mujer no es un problema 'circunstancial', sino que es un delito¡±, afirmaron m¨¢s de medio centenar de organizaciones de mujeres, abogados y defensa de los derechos humanos en un comunicado conjunto.

Incluso la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su ¡°profunda preocupaci¨®n¡± por este caso, que se suma a otros en los que autoridades bolivianas fueron acusadas de violencia intrafamiliar. Hace unos meses, por ejemplo, el jefe de la bancada de Santa Cruz del oficialista Movimiento al Socialismo afront¨® una acusaci¨®n similar, de la que tambi¨¦n sali¨® indemne al conseguir que la mujer desistiera de su denuncia. Las organizaciones feministas atribuyen estas retractaciones a que los agresores utilizan el poder que ostentan y a que las v¨ªctimas carecen de protecci¨®n estatal.

El Me Too,?movimiento mundial para denunciar los abusos contra las mujeres, no termina de aterrizar en el pa¨ªs andino. Bolivia registra algunas de las peores cifras de violencia de g¨¦nero de la regi¨®n. Cada d¨ªa de 2018, 104 mujeres fueron agredidas f¨ªsica o sexualmente y cada dos d¨ªas una mujer fue asesinada por su pareja o expareja. Los asesinatos m¨²ltiples, en los que el autor mata a su esposa y sus hijos, son frecuentes. Dos ni?os mueren asesinados por alguno de sus padres cada mes. Solo el 1% de las denuncias que se producen cada a?o termina en una sentencia; la mayor¨ªa se quedan en el camino porque la v¨ªctima se retracta, abandona la acusaci¨®n (y las autoridades no la contin¨²an ¡°de oficio¡±) o por ¡°pruebas insuficientes¡±.