Una tormenta perfecta llamada Per¨²

El caso Lava Jato tiene jaqueada a toda la clase pol¨ªtica peruana. El expresidente Alejandro Toledo est¨¢ pr¨®fugo en los Estados Unidos, sometido a un proceso de extradici¨®n por un soborno de m¨¢s de 35 millones de d¨®lares para la adjudicaci¨®n de la carretera Interoce¨¢nica Sur. Ya estuvieron detenidos el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por recibir tres millones de d¨®lares de Odebrecht para las elecciones de 2011. Actualmente cumple prisi¨®n preventiva Keiko Fujimori, l¨ªder de Fuerza Popular, el principal partido de oposici¨®n, acusada de obstruir a la justicia en una investigaci¨®n por aportes de campa?a. La semana pasada, cuando los fiscales fueron a arrestarlo preliminarmente, el expresidente Alan Garc¨ªa prefiri¨® matarse de un pistoletazo en la sien derecha. Al d¨ªa siguiente se emiti¨® una orden de prisi¨®n preventiva por 36 meses contra Pedro Pablo Kuczynski, que renunci¨® a la presidencia hace poco m¨¢s de un a?o.

En ning¨²n otro lugar el sistema de justicia ha avanzado tanto al enfrentarse a la mayor estructura de corrupci¨®n en la historia del continente. Es lo que opina la vasta mayor¨ªa de observadores extranjeros, que ponen al pa¨ªs como ejemplo del combate contra la corrupci¨®n de las constructoras brasile?as.

Curiosamente, dentro del Per¨² no existe esa misma unanimidad. A medida que se mostraban resultados cada vez m¨¢s palpables contra la c¨²pula que gobern¨® al pa¨ªs y a¨²n controla una importante parcela del poder pol¨ªtico, los ataques y amenazas contra el pu?ado de fiscales que integra el equipo especial Lava Jato han ganado mayor violencia y sonoridad. Quiz¨¢ el momento m¨¢s complejo ocurri¨® a principios de este a?o, cuando el fiscal general Pedro Ch¨¢varry decidi¨® descabezarlo, echando a Rafael Vela, su coordinador, y a Jos¨¦ Domingo P¨¦rez, su integrante m¨¢s destacado. Esta decisi¨®n motiv¨® una multitudinaria movilizaci¨®n ciudadana que concluy¨® con la vuelta de Vela y P¨¦rez, y forz¨® la renuncia de Ch¨¢varry.

Pero las acometidas no han cesado. Sus protagonistas suelen estar vinculados a los l¨ªderes pol¨ªticos procesados, sobre todo a Keiko Fujimori y al fallecido Alan Garc¨ªa. Uno de los argumentos que m¨¢s se ha repetido tiene que ver con el contenido del acuerdo de colaboraci¨®n eficaz firmado entre Odebrecht y la justicia peruana. En el acuerdo la empresa reconoci¨® el pago de coimas al menos en cuatro obras, se comprometi¨® a entregar las pruebas de sus delitos y acept¨® pagar una reparaci¨®n civil de 610 millones de soles (185 millones de d¨®lares) en 15 a?os, m¨¢s 450 millones (137 millones de d¨®lares) si pretende volver a participar en licitaciones p¨²blicas. A cambio, la Fiscal¨ªa no procesar¨¢ a los representantes de la constructora que se han acogido a la delaci¨®n. Este marco ha permitido el desfile de varios exfuncionarios que con sus testimonios ayudaron a darle forma a las investigaciones. Esta semana se espera la declaraci¨®n de Jorge Barata, superintendente de la empresa en Per¨², que cerrar¨ªa un buen n¨²mero de casos. Quienes cuestionan el acuerdo consideran que el monto de la reparaci¨®n civil es exiguo, que debi¨® llevarse a cabo un embargo contra los bienes de Odebrecht y que entrar a una negociaci¨®n de esta naturaleza con una empresa manifiestamente corrupta resulta indigno para un Estado soberano.

Estas mismas personas ahora emplean el suicidio de Alan Garc¨ªa como una nueva munici¨®n contra el proceso anticorrupci¨®n. Acusan a los fiscales, al periodismo de investigaci¨®n ¡ªque no ha dejado de publicar revelaciones vinculadas a los grandes actores del caso Lava Jato¡ª y al Gobierno del presidente Mart¨ªn Vizcarra de tirar del gatillo de la pistola con la que el dos veces expresidente acab¨® con su vida. Sostienen que Garc¨ªa fue sometido a una persecuci¨®n implacable, que nunca se le prob¨® nada y que su destino fue apurado por las tremendas presiones que ha supuesto el extendido empleo que hace la justicia peruana de las prisiones preventivas ¡ªanteriores a una acusaci¨®n fiscal y motivadas por el riesgo procesal¡ª contra los investigados por el caso Lava Jato.

Curiosamente, esta corriente de opini¨®n ha sufrido m¨²ltiples y violentos vaivenes desde que en 2016 Marcelo Odebrecht confes¨® al Departamento de Justicia de los Estados Unidos el pago de 29 millones de d¨®lares en sobornos a funcionarios de los gobiernos peruanos desde 2005 hasta 2014. Primero aseguraron que los jueces y fiscales nunca llegar¨ªan a tocar a los "peces gordos". Cuando se produjo la detenci¨®n de Humala aplaudieron la medida que, m¨¢s que como una resoluci¨®n judicial, entendieron como una declaratoria de orfandad pol¨ªtica. Una vez detenida Keiko Fujimori, reclamaron que la justicia no fuera tan severa con pol¨ªticos de otras tiendas, como Toledo y Kuczynski. La extradici¨®n de Toledo sigue su curso y han pasado a considerar la prisi¨®n preventiva decretada contra Kuczynski como un abuso para una persona de casi 81 a?os.

Los pol¨ªticos peruanos han demostrado no haber aprendido nada del final de la dictadura sui g¨¦neris de Alberto Fujimori ¡ªpadre de Keiko¡ª, que se descompuso en medio de las peores acusaciones por violaciones a los derechos humanos y corrupci¨®n. Pensando que el proceso de profilaxis nacional que lo sigui¨® fue una pura excepci¨®n y que si montaban un entramado de testaferros y cuentas en para¨ªsos fiscales saldr¨ªan bien librados, no tuvieron problemas en dejarse seducir por los dineros mal habidos de la constructoras brasile?as. Felizmente no ocurri¨® lo mismo con otros sectores del pa¨ªs que, desde el sistema de justicia, la opini¨®n p¨²blica o las calles han mantenido un firme pulso contra los coletazos de la corrupci¨®n.