Colombia ordena la libertad de Jes¨²s Santrich, l¨ªder de las FARC pedido en extradici¨®n por EE UU
La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz decidi¨® aplicar la garant¨ªa de no extradici¨®n al exguerrillero
La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el sistema de justicia transicional encargado de juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves del conflicto armado en Colombia, ha ordenado este mi¨¦rcoles la libertad inmediata de Jes¨²s Santrich, excomandante de la ya extinta guerrilla de las FARC pedido en extradici¨®n por Estados Unidos. El tribunal decidi¨® aplicar la garant¨ªa de no extradici¨®n -contemplada en los acuerdos de paz- a Seuxis Paucias Hern¨¢ndez Solarte, el verdadero nombre de Santrich, debido a que ¡°las pruebas no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realizaci¨®n¡±.
Santrich, que siempre ha asegurado ser v¨ªctima de un ¡°montaje judicial¡±, lleva poco m¨¢s de un a?o detenido en Colombia, a la espera de una decisi¨®n, despu¨¦s de que un juzgado de Nueva York lo acus¨® por narcotr¨¢fico. Su captura ha tensado desde entonces la aplicaci¨®n de los acuerdos sellados a finales de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hoy desarmadas y convertidas en un partido pol¨ªtico con diez esca?os garantizados en el Congreso. De hecho, Santrich fue originalmente escogido para uno de esos esca?os, y eventualmente podr¨ªa ocuparlo.
Al explicar su decisi¨®n, la secci¨®n de revisi¨®n de la JEP detall¨® que no pudo evaluar la conducta de Santrich ni determinar la fecha ¡°dado que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Am¨¦rica no remiti¨® las evidencias solicitadas¡± y a que en las interceptaciones telef¨®nicas de otro caso, que la fiscal¨ªa envi¨® a la JEP, ¡°no se revel¨® la conducta atribuida a Hern¨¢ndez Solarte en la solicitud de extradici¨®n¡±. El dictamen concluye que juzgar a Santrich en Colombia ¡°es la manera m¨¢s efectiva de respetar el derecho internacional p¨²blico y posibilitar el goce de los derechos de las v¨ªctimas a la verdad, la justicia, la reparaci¨®n y la no repetici¨®n¡±.
Seg¨²n la fiscal¨ªa colombiana, Santrich formaba parte de una red que llevaba delinquiendo desde junio de 2017, un semestre despu¨¦s de la firma del acuerdo final de paz. El hist¨®rico pacto establece que solo podr¨¢n beneficiarse de la JEP quienes se acojan por delitos cometidos antes de la firma, y los que delincan despu¨¦s de esa fecha ser¨¢n juzgados por la justicia ordinaria. El juzgado de Nueva York lo se?ala de conspirar para exportar 10 toneladas de coca¨ªna.
El caso Santrich tiene profundas ramificaciones. Para empezar, ha provocado un enfrentamiento permanente entre la JEP y el fiscal general, N¨¦stor Humberto Mart¨ªnez, por diferentes interpretaciones de las facultades que tiene la justicia transicional. Mientras la fiscal¨ªa sostiene que la JEP unicamente puede certificar la fecha en que ocurrieron los presuntos delitos, el tribunal invoca potestades m¨¢s amplias, como conocer las pruebas en casos de extradici¨®n y evaluar la conducta.
En cualquier caso, la secci¨®n de revisi¨®n de la JEP aclar¨® que no le correponde efectuar juicios de responsabilidad penal, y por lo tanto ¡°en el caso en concreto nunca se concluy¨® que la conducta no existi¨®, sino que, por falta de pruebas, no pudo evaluarla¡±. La garant¨ªa de no extradici¨®n no implica que los se?alamientos se queden sin investigar y las ¡°autoridades judiciales nacionales¡± deben ahora ¡°definir si tienen competencia para investigar los hechos sobre la base de elementos de prueba obtenidos legalmente¡±.
La decisi¨®n del tribunal se produce en un momento particularmente delicado de las relaciones entre Bogot¨¢ y Washington. La decisi¨®n de Estados Unidos de retirar visas a varios magistrados de las altas cortes colombianas en las ¨²ltimas semanas, en plena recta final del tr¨¢mite de la reforma a la JEP propuesta por el presidente Iv¨¢n Duque, ha sido ampliamente interpretada como una presi¨®n indebida, adem¨¢s de desatar un intenso debate sobre la independencia judicial. Dos de las seis objeciones presentadas por Duque ¨Cpendientes de una revisi¨®n integral de la Corte Constitucional- se concentran en la figura de la extradici¨®n.
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