La decisi¨®n de EE UU de retirar visas a magistrados tensa la pol¨ªtica colombiana

Desde que el presidente Iv¨¢n Duque present¨® en marzo sus reparos al sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz con las FARC, en Colombia se ha reavivado una polarizaci¨®n que en realidad nunca hab¨ªa terminado de disiparse. El m¨¢s reciente term¨®metro de esa divisi¨®n es el estatus de las visas para Estados Unidos de al menos tres magistrados de las altas cortes colombianas, que tienen en sus manos decisiones trascendentales, en un episodio que ha desatado un intenso debate p¨²blico sobre las relaciones diplom¨¢ticas y la independencia judicial.

La semana pasada trascendi¨® que Estados Unidos revoc¨® el visado a los magistrados Diana Fajardo y Antonio Jos¨¦ Lizarazo, de la Corte Constitucional, y Eyder Pati?o, de la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, se paralizaron varios convenios de cooperaci¨®n. Seg¨²n la prensa colombiana, Fajardo y Lizarazo recuperaron su visado luego de certificar ante la sede diplom¨¢tica que no ten¨ªan asuntos pendientes con la justicia, aunque se especula que m¨¢s togados enfrentar¨ªan una situaci¨®n similar, que diversos sectores han entendido como presiones indebidas y represalias por fallos que afectan a temas en los que Washington tiene intereses, como la extradici¨®n o el uso del glifosato para combatir los cultivos de coca.

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La escalada de tensi¨®n entre las altas cortes colombianas y el Gobierno de Estados Unidos ocurre precisamente en la recta final del tr¨¢mite a las objeciones presidenciales. Los seis reparos que present¨® Duque a la ley que reglamenta la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) ¡ªque ya hab¨ªa superado el filtro de la Corte Constitucional¡ª se hundieron en la C¨¢mara de Representantes (por 110 votos frente a 44), pero el Senado no consigui¨® tomar una decisi¨®n definitiva. Ahora el proyecto debe regresar a la Corte Constitucional, en medio de un ambiente enrarecido, para una revisi¨®n integral. Al menos dos de las objeciones han sido presentadas como preocupaciones en torno a la figura de la extradici¨®n, que concierne a Washington. Es un punto particularmente sensible, entre otros motivos por el caso del excomandante guerrillero Jes¨²s Santrich, detenido desde hace un a?o y reclamado por la justicia de Estados Unidos.

Luego de una semana de rumores y filtraciones, el domingo lleg¨® una respuesta formal de la Embajada en Bogot¨¢ a la pol¨¦mica. "El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas bas¨¢ndose en informaci¨®n, que salga a la luz en cualquier momento, que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en Estados Unidos, o no cumpla con los requisitos de visa", se?al¨® la misi¨®n diplom¨¢tica en un comunicado. A?adi¨® que "todas las decisiones con respecto a la elegibilidad para una visa se basan en las leyes y regulaciones de Estados Unidos", que "los expedientes de visas son confidenciales" y que no comentan "sobre casos de visas individuales".

El comunicado no apacigu¨® la controversia. En el pa¨ªs andino ¡°se vienen registrando sucesivos ataques y presiones¡± contra los jueces de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), denunci¨® el colectivo Defendamos la paz ¡ªque incluye a negociadores tanto del Gobierno como de las FARC, congresistas de distintos partidos, exministros, l¨ªderes sociales, acad¨¦micos y defensores de derechos humanos, entre otros¡ª en una carta que envi¨® este lunes a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, para pedir medidas de protecci¨®n para los magistrados.

La misiva asegura que esos ataques incluyen amenazas, denuncias de interceptaciones telef¨®nicas, campa?as organizadas de difamaci¨®n y, por ¨²ltimo, ¡°como si todo esto fuera poco¡±, el reciente retiro de las visas por parte de la Embajada norteamericana en Bogot¨¢. Para los firmantes, las presiones ¡°amenazan gravemente su seguridad e integridad¡±, y ¡°se constituyen en una ofensiva sin precedentes contra la autonom¨ªa del poder judicial, los fundamentos del Estado de derecho y la democracia¡±.

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¡°Entendemos que la emisi¨®n de visas constituye un acto soberano de Estado. Pero nos preocupa que la amenaza de retiro o el retiro de las visas a magistrados sea una medida de car¨¢cter coercitivo o punitivo ad portas de sentencias de importancia para las relaciones bilaterales¡±, afirma la carta, con copia al secretario general de la ONU, Ant¨®nio Guterres.

Este tipo de fricciones no han sido ajenas a las relaciones binacionales. Incluso al presidente Ernesto Samper (1994-1998) le fue retirada su visa despu¨¦s del esc¨¢ndalo por el ingreso de dineros del narcotr¨¢fico a su campa?a. Sin embargo, se hab¨ªa utilizado como una suerte de castigo. ¡°En este caso particular, la diferencia es que todav¨ªa no hab¨ªan tomado las decisiones frente a las objeciones del Gobierno a la JEP¡±, valora la analista Sandra Borda, profesora de la Universidad de Los Andes. ¡°Lo que est¨¢n haciendo es presionar a una rama del poder p¨²blico en Colombia para que vote en una direcci¨®n particular¡±, apunta.

¡°Estados Unidos atent¨® contra la independencia judicial, y adicionalmente contra la divisi¨®n de poderes, porque ahora lo que est¨¢n haciendo los magistrados es irse a pedirle al presidente que interceda por ellos frente a la embajada de Estados Unidos¡±, a?ade la autora de ?Por qu¨¦ somos tan parroquiales?, una breve historia internacional de Colombia. ¡°Los est¨¢ poniendo en una situaci¨®n de inferioridad frente al ejecutivo en un momento en que necesitan mucha independencia para poder tomar una decisi¨®n aut¨®noma sobre las objeciones de la JEP¡±.

Duque -como ya lo hizo su mentor pol¨ªtico, el expresidente ?lvaro Uribe- ha planteado una pol¨ªtica exterior cuyo eje principal est¨¢ en Washington, un socio fundamental de Bogot¨¢ en la lucha contra el narcotr¨¢fico y las guerrillas desde finales de los noventa. El Ejecutivo colombiano, que necesita la ayuda norteamericana para afrontar los problemas de seguridad generados por las disidencias de las FARC, las bandas de narcotr¨¢fico y la guerrilla del ELN, ha mantenido una buena sinton¨ªa con la administraci¨®n de Donald Trump en torno a la estrategia para lidiar con el r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro en Venezuela. Pero tambi¨¦n se ha topado con fricciones y desencuentros por el nivel r¨¦cord de cultivos il¨ªcitos, que cerr¨® el 2017 con 171.000 hect¨¢reas que lo reafirmaron como el primer cultivador y exportador mundial de coca¨ªna.