El inmigrante m¨¢s peque?o separado de sus padres en la frontera era un beb¨¦ rumano de cuatro meses

Cuando Constantin Mutu volvi¨® a ver a sus padres ten¨ªa 10 meses de edad y hab¨ªa pasado la mitad de su vida bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos. El nombre de este beb¨¦ rumano es el nuevo rostro del horror vivido en la frontera sur del pa¨ªs durante los meses de la tolerancia cero de Donald Trump, en los que casi 3.000 menores de edad fueron separados de sus padres inmigrantes tras ser detenidos. Seg¨²n una investigaci¨®n de The New York Times publicada este domingo, Mutu es el ni?o m¨¢s peque?o separado de sus padres por el Gobierno norteamericano.

Vasile y Florentina Mutu son una pareja de gitanos de Olteni, Rumania. Tienen cinco hijos. En 2018, cuando naci¨® el m¨¢s peque?o decidieron que viajar¨ªan a M¨¦xico para desde ah¨ª pedir asilo en la frontera sur de Estados Unidos. La pareja viaj¨® con sus hijos Nicolas, de cuatro a?os, y Constantin, de cuatro meses. Poco antes de llegar a la frontera de Texas se perdieron. Vasile cruz¨® con Constantin e inmediatamente los separaron. Florentina no lleg¨® a cruzar. Volvi¨® a Rumania poco despu¨¦s.

Constantin pas¨® a estar bajo custodia del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales, que gestiona el sistema de asilo de menores. Fue enviado a vivir con una familia de acogida a Michigan. Vasile Mutu cay¨® en una depresi¨®n mientras estaba detenido. No hablaba ni le¨ªa ingl¨¦s. Mutu cuenta al Times que en un momento dado los agentes le hicieron una oferta: si retiraba la demanda de asilo ser¨ªa deportado de vuelta con su beb¨¦. Firm¨® y sali¨® del centro de detenci¨®n el 3 de junio de 2018. Cuando pregunt¨®, le dijeron que le dar¨ªan al beb¨¦ cuando subiera al avi¨®n. Vasile Mutu se volvi¨® a Rumania solo.

La familia de acogida de Constantin, consciente de la situaci¨®n, mantuvo constante comunicaci¨®n con la madre del beb¨¦, a la que informaba de su evoluci¨®n. Florentina enviaba v¨ªdeos habl¨¢ndole en rumano.

Constantin ten¨ªa ocho meses cuando fue llevado al juzgado para la audiencia ante el juez de inmigraci¨®n. El abogado del Estado pretendi¨® que se pagara ¨¦l mismo su billete de vuelta a Rumania. El juez oblig¨® a que lo pagara el Gobierno de Estados Unidos. Constantin regres¨® a su pa¨ªs de origen a los nueve meses, ahora tiene a?o y medio, pero todav¨ªa no ha aprendido a hablar ni a caminar solo. Su familia se encuentra en una demanda para reclamar una compensaci¨®n por parte del gobierno estadounidense por el da?o causado.

La llamada pol¨ªtica de tolerancia cero en la frontera sur de Estados Unidos fue iniciada en el oto?o de 2017 por el fiscal general Jeff Sessions siguiendo ¨®rdenes del presidente Donald Trump. Legalmente consist¨ªa en imputar un crimen a todos los inmigrantes que cruzaran la frontera fuera de los puntos de entrada. Los menores de edad no pueden estar detenidos en las mismas condiciones que los adultos m¨¢s de 21 d¨ªas. La consecuencia pr¨¢ctica era que los ni?os eran separados y entregados a los servicios sociales, mientras los padres esperaban juicio en la c¨¢rcel.

La propia Administraci¨®n Trump reconoci¨® que el objetivo era disuadir a los inmigrantes irregulares con el temor de perder a sus hijos. Por aquel entonces, empezaron a formarse las primeras caravanas de migrantes centroamericanos. Muchos llevaban a sus hijos convencidos de que ser¨ªa m¨¢s f¨¢cil quedarse en Estados Unidos. La estrategia se hizo oficial en la primavera de 2018. Ante las primeras informaciones de lo que estaba pasando, la reacci¨®n social y pol¨ªtica fue tan fuerte que Donald Trump se vio obligado a revertir esta pol¨ªtica con una orden ejecutiva.

Para entonces, el da?o estaba hecho. Una denuncia de la Uni¨®n Americana por los Derechos Civiles en San Diego, en nombre de una mujer a la que separaron de su hija tras entrar por Tijuana, permiti¨® conocer las cifras reales de lo que hab¨ªa pasado en esos meses. Un total de 2.737 ni?os fueron separados de sus padres. La cifra es provisional, es el n¨²mero que la inspecci¨®n del propio Gobierno hab¨ªa conseguido identificar hasta el pasado diciembre. En muchos casos, el Gobierno no ten¨ªa ning¨²n registro de qui¨¦n era hijo de qui¨¦n. Unos estaban en el sistema de inmigraci¨®n y otros en el de servicios sociales. Algunos eran tan peque?os que no pod¨ªan dar ninguna informaci¨®n que permitiera localizar a sus padres. Cientos de padres fueron deportados sin sus hijos.

Gracias a las ¨®rdenes cautelares del juez de San Diego, la gran mayor¨ªa de las familias separadas identificadas por el Gobierno ya se han reunido. El n¨²mero real de familias separadas se desconoce. La propia inspecci¨®n del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales reconoce que podr¨ªan ser miles m¨¢s.