El tribunal de paz de Colombia estudiar¨¢ un informe sobre m¨¢s de 150 ejecuciones extrajudiciales

La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano encargado de investigar los cr¨ªmenes del conflicto armado entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, estudiar¨¢ un nuevo informe sobre el asesinato sistem¨¢tico de civiles presentados despu¨¦s como bajas en combate. El sistema de justicia nacido de los acuerdos de La Habana recibi¨® el s¨¢bado documentaci¨®n de m¨¢s de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 v¨ªctimas presuntamente perpetradas por la Primera Divisi¨®n del Ej¨¦rcito entre 2003 y 2008 en la regi¨®n Caribe.

Estas acciones son atribuidas esencialmente a la Segunda Brigada y a la D¨¦cima Brigada Blindada de la fuerza armada terrestre. "Si bien en varios de los casos se ha establecido la responsabilidad penal de soldados, suboficiales y oficiales de baja graduaci¨®n, persiste la impunidad respecto de m¨¢ximos responsables, por lo que se solicita a la JEP llamar a responder a los integrantes de la plana mayor. Igualmente, se pedir¨¢ a la JEP adoptar acciones para garantizar la efectiva reparaci¨®n de las v¨ªctimas", se?ala el escrito, presentado ante el tribunal por organizaciones colombianas de abogados de derechos humanos.

Tras la petici¨®n del Colectivo de Abogados Jos¨¦ Alvear Restrepo y la Fundaci¨®n Comit¨¦ de Solidaridad con los Presos Pol¨ªticos, el tribunal de paz deber¨¢ decidir ahora si adopta alg¨²n tipo de decisi¨®n, empezando por la solicitud de una comparecencia voluntaria, respecto del actual comandante del Ej¨¦rcito, Nicacio de Jes¨²s Mart¨ªnez Espinel, y el jefe del Comando de Transformaci¨®n del Ej¨¦rcito del Futuro, Adolfo Le¨®n Hern¨¢ndez Mart¨ªnez. Mart¨ªnez Espinel fue, entre finales de 2004 y principios de 2006, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la D¨¦cima Brigada, aunque ha asegurado en repetidas ocasiones que en esa etapa se limit¨® a labores administrativas. Hern¨¢ndez Mart¨ªnez estuvo al frente del Batall¨®n de Artiller¨ªa N¨²mero 2 La Popa entre 2007 y 2009. Esta es una de las unidades m¨¢s investigadas a lo largo de su historia por se?alamientos de ejecuciones extrajudiciales y cr¨ªmenes cometidos bajo el paraguas de una guerra.

El trabajo de la JEP consiste, en palabras del magistrado ?scar Parra Vera, que particip¨® en la presentaci¨®n del estudio, en "analizar patrones". "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimizaci¨®n. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque re¨²nen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, ser¨¢ contrastado", explic¨®. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batall¨®n la Popa. Tambi¨¦n estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia". "El informe ser¨¢ analizado, ser¨¢ contrastado", continu¨® el magistrado, quien recuerda que en el ¨²ltimo a?o la sala de reconocimiento del tribunal, encargada de seleccionar los casos, ya ha recibido 92 versiones voluntarias de militares que fueron mencionados en algunos informes. A partir de los pr¨®ximos meses, el sistema de justicia espera continuar "con 80 versiones orales y 27 versiones de car¨¢cter escrito".

En su primer a?o de vida, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz ha priorizado siete grandes casos. Entre ellos, la investigaci¨®n del secuestro sistem¨¢tico cometido por las FARC; el reclutamiento forzoso de ni?os y ni?as; la victimizaci¨®n del partido Uni¨®n Patri¨®tica; y las muertes ileg¨ªtimamente presentadas como bajas en combate por agente del Estado.

Un nombre que suena a eufemismo

En Colombia, el asesinato sistem¨¢tico de civiles por parte del Ej¨¦rcito tiene un nombre que para muchos suena a eufemismo: falsos positivos. As¨ª se conoce en el pa¨ªs a este oscuro episodio en el que, a cambio de incentivos como permisos y vacaciones, miles de civiles fueron registrados como guerrilleros muertos en combate con las fuerzas armadas. Y aunque la Fiscal¨ªa ha documentado al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales, la dimensi¨®n de esos hechos y las t¨¢cticas est¨¢n saliendo a la luz p¨²blica con la presentaci¨®n de militares ante la JEP. La inmensa mayor¨ªa de los casos se remontan a los dos per¨ªodos presidenciales de ?lvaro Uribe (2002-2010).

El informe, que describe los caos de 278 v¨ªctimas, se enfoca en la presunta actuaci¨®n de mandos militares de la D¨¦cima Brigada Blindada, llama la atenci¨®n sobre el uso de unidades especiales del Ej¨¦rcito en la comisi¨®n de estas ejecuciones; y se?ala que del total de las v¨ªctimas, seis eran personas con alg¨²n tipo de discapacidad; ocho, menores de edad; seis, mujeres; y 35, ind¨ªgenas de las comunidades Way¨², Kankuamo y Wiwa. La mayor¨ªa- agregan- eran personas pobres que recibieron falsas propuestas de empleo.

Una de las particularidades que se?ala el informe entregado a la JEP es que 131 v¨ªctimas hab¨ªan sido sepultadas como NN, es decir, sin aclarar su identidad. Solamente cuando aparecieron fosas comunes y la Fiscal¨ªa cotej¨® datos de ADN y los public¨® en sus medios, familiares de v¨ªctimas supieron de la suerte de sus parientes. Tambi¨¦n esta raz¨®n, el tribunal de paz considera muy valiosos este tipo de informes ya que pueden arrojar luz en el trabajo de b¨²squeda y localizaci¨®n de personas desaparecidas durante el conflicto armado.

Las dudas sobre los procedimientos del Ej¨¦rcito colombiano han desatado una tormenta pol¨ªtica principalmente sobre el partido de Gobierno, el Centro Democr¨¢tico, y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. Este acaba de salir airoso de una moci¨®n de censura porque la mayor¨ªa del Congreso sigue interpretando las denuncias sobre falsos positivos como un cuestionamiento a las fuerzas armadas, desvirtuando as¨ª el fondo de la cuesti¨®n. El director para las Am¨¦ricas de Human Rights Watch, Jos¨¦ Miguel Vivanco, destac¨® que el documento presentado este fin de semana "incluye evidencias contra el comandante del Ej¨¦rcito, general Mart¨ªnez Espinel". "?Hasta cuando seguir¨¢ en ese cargo?", se pregunta. El comandante ha rechazado todas las cr¨ªticas. Pese a eso, la revista Semana acaba de revelar el clima de amenazas que sufren los militares que han denunciado procedimientos corruptos y falsos positivos en el seno del Ej¨¦rcito.