Los activistas de la revuelta de Gezi se enfrentan a casi 3.000 a?os de c¨¢rcel
Los imputados denuncian falta de pruebas en un sumario en el que la Fiscal¨ªa acusa al magnate George Soros de financiar las mayores protestas que ha afrontado Erdogan
Hace seis a?os, en los estertores de la primavera de 2013, el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan se enfrent¨® a la mayor contestaci¨®n social vivida durante sus 17 a?os en el poder: lo que hab¨ªa comenzado como una peque?a manifestaci¨®n contra la reforma del parque estambul¨ª de Gezi termin¨® convertido en un movimiento contra el autoritarismo del entonces primer ministro y hoy presidente que se extendi¨® por todo el pa¨ªs y en el que participaron m¨¢s de 3,5 millones de turcos. Hoy, unos cuantos destacados activistas que participaron en las protestas y algunos que poco tienen que ver con aquella revuelta se sientan en el banquillo, acusados de intentar derrocar al Gobierno. Son 16 imputados ¡ªdos de ellos, el actor Mehmet Ali Alabora y el periodista Can D¨¹ndar, juzgados en rebeld¨ªa pues se han exiliado en el extranjero¡ª y la Fiscal¨ªa pide para ellos entre 606 y 2.970 a?os de c¨¢rcel.
Varios de los acusados, entre ellos la arquitecta y activista M¨¹cella Yapici, detenidos durante las protestas fueron absueltos en 2015. Sin embargo, la Fiscal¨ªa ha retomado el caso y emitido un nuevo sumario de acusaci¨®n bas¨¢ndose en las intervenciones telef¨®nicas ordenadas entonces por el fiscal Muammer Akkas, quien fue destituido del cargo por su pertenencia a la cofrad¨ªa de Fetul¨¢ G¨¹len, a la que se acusa de utilizar m¨¦todos ilegales para tomar el control del Estado. Su trabajo se ha usado para imputar a los acusados de graves delitos como ¡°intento de derrocar al Gobierno de la Rep¨²blica¡±, ¡°vandalismo¡± o ¡°posesi¨®n de armas¡±, entre otros. El propio Erdogan se presenta como demandante.
La prensa gubernamental pinta a los acusados como ¡°los agentes de [George] Soros¡±, en referencia al multimillonario h¨²ngaro a cuya fundaci¨®n, Open Society, se responsabiliza de ¡°financiar Gezi¡±. Uno de los principales encausados en el juicio es Osman Kavala, empresario y fil¨¢ntropo, miembro de la direcci¨®n de Open Society en Turqu¨ªa y presidente de una compa?¨ªa, Anadolu K¨¹lt¨¹r, dedicada a la promoci¨®n de las artes. Kavala fue detenido en octubre de 2017 y desde entonces ha sido mantenido en prisi¨®n pese a que no se le permiti¨® conocer las acusaciones que pesan contra ¨¦l hasta hace unos meses. En su declaraci¨®n ante el tribunal, Kavala asegur¨® que todos los fondos de Open Society recibidos por Anadolu K¨¹lt¨¹r fueron utilizados en proyectos culturales y exposiciones y que ¡°ninguno se emple¨® en Gezi¡±, aportando para demostrarlo las auditor¨ªas hechas por el propio Estado turco. ¡°Los sucesos de Gezi fueron la reacci¨®n de gente que pensaba que no se le permit¨ªa dar su opini¨®n sobre cuestiones que afectaban a su vida cotidiana y que no se sent¨ªa representada¡±, dijo Kavala, dejando claro que las protestas ¡°no estaban ligadas a ning¨²n centro y carec¨ªan de l¨ªderes¡±. Tambi¨¦n a?adi¨® que su participaci¨®n se limit¨® a acudir a las manifestaciones a t¨ªtulo individual y a prestar algunas ¡°mesas y sillas de pl¨¢stico¡± a quienes acampaban en el parque. La arquitecta Yapici, en su alegato, confirm¨® lo dicho por Kavala y explic¨® que hubo cientos de ciudadanos an¨®nimos que contribuyeron con mucho m¨¢s ¡ªagua y alimentos, por ejemplo¡ª a las acampadas de protesta.
Todos los imputados coincidieron en se?alar la debilidad de las acusaciones y la falta de indicios. La Fiscal¨ªa, entre otras cuestiones, aporta como pruebas acciones promovidas por los activistas como ¡°repartir flores a la polic¨ªa¡± o ¡°quedarse parados en medio de la calle¡±. ¡°El fiscal no ha presentado absolutamente ninguna evidencia cre¨ªble de ninguna actividad criminal en las cientos de llamadas telef¨®nicas interceptadas, informes financieros y registros de viajes¡±, denuncia la ONG Human Rights Watch en un comunicado.
En la segunda vista del proceso, este martes, las defensas exigieron la puesta en libertad de los dos imputados que permanec¨ªan en prisi¨®n preventiva, pero el tribunal s¨®lo acept¨® la de uno de ellos, el acad¨¦mico y activista Yigit Aksakoglu, encarcelado desde hace siete meses. En cambio, orden¨® la continuidad en la c¨¢rcel de Kavala.
La dureza de las penas exigidas contra los activistas de Gezi contrasta con la levedad de las solicitadas para los agentes de polic¨ªa acusados de haber provocado la muerte de varios manifestantes. La dura represi¨®n de las protestas ¡ªmuy criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos¡ª provoc¨®, seg¨²n la plataforma Taksim Dayanisma, la muerte de siete j¨®venes y la hospitalizaci¨®n de otras 8.000 personas. Catorce manifestantes perdieron la visi¨®n de un ojo debido a las balas de goma y los botes de gas lanzados por los agentes antidisturbios. Pese a que se iniciaron procesos judiciales contra los polic¨ªas responsables, ninguno est¨¢ en prisi¨®n. Uno de los agentes, acusado de apalear a un joven hasta la muerte, est¨¢ ya en libertad condicional pese a no haber cumplido siquiera la mitad de la pena de m¨¢s de 10 a?os de c¨¢rcel que se le impuso.
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