La ONU exige a Maduro detener las ¡°graves violaciones de derechos¡±
Michelle Bachelet denuncia abusos policiales y el deterioro democr¨¢tico en un demoledor informe tras su visita a Venezuela
Graves violaciones de los derechos econ¨®micos, sociales, civiles y pol¨ªticos. Violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.287 solo en 2018, atribuidas a la "resistencia a la autoridad". Una migraci¨®n sin freno. En definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al Gobierno de Nicol¨¢s Maduro a "adoptar de inmediato medidas espec¨ªficas para detener y remediar las graves vulneraciones" que asfixian a millones de personas. De lo contrario, advierte, "continuar¨¢ el ¨¦xodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el pa¨ªs y empeoran las condiciones de vida de quienes permanecen en ¨¦l". El Ejecutivo rechaz¨® el informe, que pide el desmantelamiento de las fuerzas especiales de la polic¨ªa conocidas como FAES y de los colectivos armados, y present¨® 70 alegaciones.
Seg¨²n Naciones Unidas, que se bas¨® en 558 entrevistas con v¨ªctimas y testigos directos, el chavismo "ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo". A la crisis de la separaci¨®n de poderes se a?ade una emergencia econ¨®mica que el informe atribuye abiertamente no solo a la imparable hiperinflaci¨®n sino tambi¨¦n a "las pol¨ªticas econ¨®micas y sociales adoptadas durante la ¨²ltima d¨¦cada", que han acabado por debilitar los sistemas de producci¨®n. Pero las observaciones de la oficina son especialmente duras en relaci¨®n con la actuaci¨®n de los cuerpos de seguridad y las fuerzas especiales de la Polic¨ªa Bolivariana.
Las fuerzas de seguridad
"Las FAES, una unidad de respuesta r¨¢pida creada en 2017 para combatir el crimen organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la polic¨ªa cient¨ªfica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores/as, pol¨ªticos/as y de sus familiares", se?ala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, adem¨¢s, en un contexto en el que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados, "contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represi¨®n de manifestaciones y de la disidencia".
La alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias y persecuci¨®n a los opositores. Presenta la cifra de 5.287 muertes, seg¨²n el Gobierno de Maduro por ¡°resistencia a la autoridad¡±, en el curso de esas operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y mayo de este a?o. Tambi¨¦n destaca que un mes antes de su visita hab¨ªa 793 personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo que va de a?o 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Dos visitas
La expresidenta de Chile visit¨® el pa¨ªs entre el 19 y el 21 de junio y se reuni¨® con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaid¨®, ONG y actores de la sociedad civil. ¡°Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente los relatos de quienes han sido v¨ªctimas de la violencia del Estado y sus peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la sociedad civil, as¨ª como las violaciones de derechos humanos documentadas en este informe, a las autoridades competentes¡±, manifest¨® la alta comisionada. Cuando estaba a punto de salir de Venezuela, las autoridades detuvieron a un grupo de militares con la acusaci¨®n de planear un atentado contra Maduro. Uno de ellos, el capit¨¢n de corbeta Rafael Acosta Ar¨¦valo, muri¨® bajo custodia de agentes de la Direcci¨®n General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El resultado de la autopsia, filtrado por funcionarios del Estado, apunta a que falleci¨® tras sufrir torturas continuadas.
Desde 2004 Venezuela no recib¨ªa una evaluaci¨®n en terreno de la situaci¨®n de los derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo t¨¦cnico que en medio de la crisis el¨¦ctrica de marzo recorri¨® cuatro ciudades del pa¨ªs y realiz¨® entrevistas a activistas. El escrutinio al que se deja someter el chavismo ahora, luego de a?os de negarse a la visita de funcionarios de este tipo, ocurre en el momento en que Maduro, como l¨ªder de la revoluci¨®n, est¨¢ contra las cuerdas y el pa¨ªs enfrenta la peor crisis econ¨®mica, pol¨ªtica e institucional.?
¡°El Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es m¨ªnimo en relaci¨®n con la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de adoptar reformas econ¨®micas estructurales¡±. En otra parte del texto se?ala: ¡°Exhorto a todas las personas con poder e influencia ¡ªtanto en Venezuela como en el resto del mundo¡ª a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que est¨¢ arras¨¢ndolo todo. Mi Oficina est¨¢ lista para seguir apoyando¡±.
Separaci¨®n de poderes
A los datos, Bachelet contrapone en su informe las omisiones del sistema de justicia y critica duramente al fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, con quien tuvo un breve encuentro en su visita. ¡°El Ministerio P¨²blico ha incumplido con regularidad su obligaci¨®n de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, as¨ª como tampoco el Gobierno o la polic¨ªa dan protecci¨®n a las v¨ªctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Adem¨¢s, el Fiscal General ha participado de una ret¨®rica p¨²blica de estigmatizaci¨®n y desacreditaci¨®n de la oposici¨®n y de quienes critican al Gobierno, violando as¨ª el principio de presunci¨®n de inocencia¡±.
El informe dedica un cap¨ªtulo a las sanciones econ¨®micas aplicadas al pa¨ªs que sistem¨¢ticamente el Gobierno de Maduro ha atribuido como responsables de la actual crisis. En este apartado destaca que la mayor¨ªa de las sanciones son de naturaleza selectiva y consisten en congelaci¨®n de activos y prohibiciones de viajes a unos 150 altos cargos. ¡°La econom¨ªa venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producci¨®n de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanci¨®n sectorial. Las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores econ¨®micos fundamentales empezaron a degradarse dr¨¢sticamente mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las ¨²ltimas sanciones econ¨®micas est¨¢n agravando a¨²n m¨¢s los efectos de la crisis econ¨®mica, y por tanto la situaci¨®n humanitaria. El informe se?ala como origen de la crisis humanitaria que vive Venezuela "el desv¨ªo de recursos, la corrupci¨®n y la falta de mantenimiento en la infraestructura p¨²blica, as¨ª como la subinversi¨®n, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida".
El Gobierno de Maduro presenta 70 alegaciones
El Gobierno de Maduro present¨® 70 observaciones al informe de Bachelet. Seg¨²n el documento presentado por Canciller¨ªa, la ONU ofrece "una visi¨®n selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situaci¨®n de derechos humanos de la Rep¨²blica Bolivariana de Venezuela, que contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de derechos humanos, recogidos en la Declaraci¨®n y Programa de Acci¨®n de Viena".
"Es especialmente preocupante que el 82% de las entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas ubicadas fuera del territorio de la Rep¨²blica Bolivariana de Venezuela, especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realiz¨® dos visitas al pa¨ªs durante el a?o 2019", contin¨²a el Gobierno. Adem¨¢s, seg¨²n el Gobierno no se hace referencia a "otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano". Es decir, los subsidios contemplados por el llamado carn¨¦ de la patria o la gratuidad de los servicios p¨²blicos. Canciller¨ªa niega tambi¨¦n que en Venezuela existan "personas detenidas" por motivos pol¨ªticos. Con estos argumentos, el Ejecutivo solicit¨® a Naciones Unidas que modificara el informe antes de su publicaci¨®n.
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