Arequipa se levanta contra la mina de T¨ªa Mar¨ªa
Siete civiles han muerto en enfrentamientos con la polic¨ªa desde 2011. El Gobierno peruano acaba de conceder a Grupo M¨¦xico la licencia para el proyecto
El otorgamiento, esta semana, a la empresa Southern Peru Copper Corporation, del Grupo M¨¦xico, la licencia de construcci¨®n de la mina de cobre T¨ªa Mar¨ªa en una zona agr¨ªcola del sur del pa¨ªs, ha provocado un fuerte rechazo de congresistas, autoridades locales y regionales, organizaciones de agricultores. Tambi¨¦n un llamado de la Asociaci¨®n Nacional de Gobernadores Regionales al presidente Mart¨ªn Vizcarra para que ¡°imponga el di¨¢logo¡± ante un posible conflicto social y un paro indefinido, convocado contra el proyecto.
La mina de Southern Per¨² provoc¨® las primeras reacciones de rechazo tiempo atr¨¢s, en 2010, despu¨¦s de que se conociese que planeaba usar agua del r¨ªo Tambo en sus operaciones, un recurso utilizado por los agricultores del valle del mismo nombre. Un organismo de Naciones Unidas contratado por el Ministerio de Energ¨ªa y Minas para revisar el estudio de impacto ambiental hizo m¨¢s de 130 observaciones al proyecto, lo que llev¨® finalmente a la empresa a desecharlo.
En 2011 y 2015 las manifestaciones ciudadanas contra el proyecto fueron enfrentadas por la Polic¨ªa Nacional, que caus¨® la muerte por disparos a siete personas en la provincia de Islay (Arequipa). Nadie ha sido sancionado ni hallado culpable por dichas muertes, de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de m¨¢s de 100 organismos de la sociedad civil.
Conflicto por el uso del agua
Tras los disturbios y v¨ªctimas fatales, la empresa elabor¨® otro estudio de impacto ambiental en el que plante¨® la desalinizaci¨®n de agua de mar para la extracci¨®n del mineral a tajo abierto, en reemplazo del agua del r¨ªo. El Ministerio de Energ¨ªa y Minas lo aprob¨® en 2014, con vigencia hasta agosto de este a?o, para que en ese lapso la empresa cumpliera otro requisito: que los afectados locales aprobasen el proyecto minero, una licencia social que no consigui¨®.
El lunes, fuentes empresariales filtraron la noticia de que Southern obten¨ªa la autorizaci¨®n para la construcci¨®n de T¨ªa Mar¨ªa, pero el Ministerio de Energ¨ªa y Minas se neg¨® a confirmar a la prensa dicha versi¨®n. Al d¨ªa siguiente, la empresa difundi¨® un comunicado en el que afirmaba que ¡°Southern Peru reitera su compromiso de no iniciar la construcci¨®n del proyecto sin antes generar, en coordinaci¨®n con el Ejecutivo, espacios de di¨¢logo en los que se absuelvan las inquietudes y se den las garant¨ªas que la poblaci¨®n necesita, a fin de lograr un contexto social m¨¢s favorable¡±.
A diferencia de la aprobaci¨®n de otros grandes proyectos mineros, esta vez ni el Ministerio ni el Ejecutivo informaron sobre T¨ªa Mar¨ªa. Por ello, el jefe del Estado peruano ha recibido cr¨ªticas desde varios frentes, no solo de los dirigentes de la provincia donde se ubican los dos yacimientos de cobre de T¨ªa Mar¨ªa. Congresistas de diversos partidos pol¨ªticos le atribuyen falta de transparencia, mientras que el gobernador de Arequipa, Elmer C¨¢ceres, lo ha tildado de ¡°traidor¡±.
Las autoridades provinciales y distritales de Islay acordaron el mi¨¦rcoles iniciar un paro indefinido, en coordinaci¨®n con las juntas de riego y otras organizaciones sociales.?El martes por la noche el diario La Rep¨²blica inform¨® de que unos 400 agentes de la Divisi¨®n de Operaciones Especiales de la Polic¨ªa Nacional embarcaban desde la ciudad de Arequipa hacia los distritos de Islay que entrar¨¢n en paro indefinido.?Seg¨²n una reciente encuesta del Grupo Idessia realizada en la provincia de Arequipa, el 63% se opone a la licencia de construcci¨®n de la mina. Pero un segundo sondeo, hecho en septiembre del a?o pasado por Ipsos Per¨² en la provincia de Islay, situaba a un 59% a favor del proyecto.
Mariluz Marroqu¨ªn, dirigente de la junta de usuarios de riego del valle del r¨ªo Tambo, quiere, m¨¢s que el di¨¢logo con la empresa, que el mandatario peruano se haga presente en el valle. ¡°?l [Vizcarra] dijo que ir¨ªa. Hasta hoy sufrimos la contaminaci¨®n de la fundici¨®n¡±, apunta en referencia a un informe de 1.500 p¨¢ginas de la Contralor¨ªa, que prob¨® en los a?os noventa que los humos de la fundici¨®n de otra operaci¨®n de Southern Per¨², en la cercana provincia de Ilo, contaminaban el valle del Tambo. Las autoridades ordenaron a la empresa resarcir a los agricultores afectados, pero nunca cumpli¨®. El ingeniero Carlos Guill¨¦n, quien denunci¨® a la minera ante la Fiscal¨ªa y ante un tribunal del agua en Holanda, fue asesinado en Arequipa en 1998 en circunstancias nunca esclarecidas. Antecedentes, todos ellos, que est¨¢n en la memoria de los locales.
Alerta amarilla
Mientras en la capital de la regi¨®n, Arequipa, y en la provincia de Islay se multiplican las asambleas para organizar las movilizaciones a partir del lunes que viene, el sistema de salud ha decretado una alerta amarilla para atender a los posibles afectados por un conflicto social y se eval¨²a la suspensi¨®n de las clases en 178 escuelas de Islay.
¡°Southern, como otras empresas de la gran miner¨ªa, quiebran el sindicalismo con el poder econ¨®mico: ofrecen dinero fresco a los trabajadores sindicalizados, no respetan ni las huelgas ni las negociaciones, ni las multas por infracciones laborales¡±, critica Jorge Ju¨¢rez, secretario general del principal gremio de trabajadores mineros de Per¨². Sostiene, adem¨¢s, que Southern carece de buenos antecedentes porque viola los derechos laborales y por ello teme un nuevo conflicto social: ¡°El 70% de los trabajadores del sector minero son tercerizados, sin ning¨²n derecho¡±.
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