¡°Hay que demostrar que el Estado es capaz de levantarse y doblar el brazo a la violencia¡±

Fernando Carrillo Fl¨®rez (Bogot¨¢, 57 a?os), procurador general de Colombia, est¨¢ al frente de un organismo decisivo para garantizar la institucionalidad del pa¨ªs, el control de la funci¨®n p¨²blica y la transici¨®n hacia la consolidaci¨®n de la paz y la convivencia, especialmente en los territorios rurales. El pr¨®ximo 27 de octubre los ciudadanos est¨¢n llamados a las urnas para elegir alcaldes y gobernadores. En medio de la campa?a electoral ha aflorado de nuevo lo peor del pasado reciente, con asesinatos y amenazas a candidatos. En esta entrevista con EL PA?S, Carrillo, exministro y exembajador en Espa?a, reflexiona sobre los desaf¨ªos que afronta el Estado.?

Pregunta. ?Representan estas elecciones el momento m¨¢s inseguro desde la firma de los acuerdos con las FARC?

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Respuesta. Son las primeras regionales en el marco de la implementaci¨®n de los acuerdos. La prueba de fuego m¨¢s grande para la transici¨®n pol¨ªtica y electoral est¨¢ sobre la mesa. La pregunta es si el Estado va a dejarse doblar el brazo o le va a doblar el brazo a la violencia. En los ¨²ltimos d¨ªas elaboramos un mapa de riesgos electorales. El elemento central es el control territorial del Estado, que lamentablemente no se ha logrado todav¨ªa con posterioridad a la firma de los acuerdos. Los resultados son dram¨¢ticos: 315 municipios del pa¨ªs est¨¢n en alerta roja, lo que nos obliga a una acci¨®n inmediata. Le hemos pedido al Gobierno que convoque un puesto de mando unificado para darle seguimiento a las rutas de protecci¨®n de los candidatos. Se comete alg¨²n tipo de atentado o se configura alguna amenaza cada 24 horas, sobre todo en los territorios que antes estaban siendo controlados por fuerzas ilegales o la guerrilla. Aqu¨ª el problema es el narcotr¨¢fico, una especie de narcotr¨¢fico 2.0, mucho m¨¢s sofisticado, y una presencia de los carteles mexicanos, particularmente del cartel de Sinaloa en el norte del Cauca. Le hemos puesto un gran ¨¦nfasis exclusivamente en los cultivos il¨ªcitos, pero con toda la cadena de narcotr¨¢fico estamos en mora de dar resultados mucho m¨¢s verificables. Hay violencia f¨ªsica y verbal contra l¨ªderes y lideresas sociales y tenemos que demostrar que la institucionalidad, el Estado, es capaz de levantarse y doblar el brazo a la violencia y al crimen organizado que quiere interferir en el resultado electoral.

P. ?Se ha hecho lo suficiente para protegerlos?

R. Todo lo que hemos hecho ha sido lamentablemente insuficiente, porque sigue ese peaje que las organizaciones criminales quieren hacer pagar a esos liderazgos, que son nuevos y son el resultado de las nuevas coordenadas. Hemos venido insistiendo mucho en el cambio de paradigma de la protecci¨®n en Colombia. S¨ª se puede priorizar y focalizar en los departamentos que tienen el mayor n¨²mero de l¨ªderes asesinados, que coinciden normalmente con el mayor n¨²mero de candidatos amenazados. El Gobierno tiene ese doble desaf¨ªo, proteger el liderazgo social y proteger adicionalmente a los l¨ªderes sociales candidatos a las corporaciones p¨²blicas. Hemos convocado lo que hemos denominado unas ¡°mesas por la vida¡± a nivel territorial. El gran pecado de todo esto ha sido la bogotanizaci¨®n de la estrategia. Desde un despacho de Bogot¨¢ no puede uno definir una ruta de protecci¨®n efectiva de un l¨ªder que est¨¢ dedicado a la restituci¨®n de tierras en Buenaventura, como de hecho sucedi¨® en la pr¨¢ctica. Aqu¨ª la clave es sumar fuerzas de las autoridades.

P. Con esas premisas, ?cu¨¢n preocupante es el anuncio de Iv¨¢n M¨¢rquez [disidente de las FARC] y su regreso a las armas?

R. Es absolutamente torpe desde el punto de vista de la historia que est¨¢ viviendo Colombia. Es un grito trasnochado, anacr¨®nico. De alguna manera es una invocaci¨®n al pasado y a la guerra que no entienden unas generaciones de colombianos. Uno habla con los menores de 30 a?os y no entienden c¨®mo un tipo se puede alzar en armas acudiendo a argumentos de hace 100 a?os para decir que hay una injusticia social. Por supuesto, nadie cree en ese discurso, las motivaciones pol¨ªticas que dieron lugar a la creaci¨®n de las FARC hoy no tienen ninguna justificaci¨®n hist¨®rica ni pol¨ªtica. Creo que se equivocaron no solo por una mala lectura de lo que est¨¢ pasando, sino porque ellos nunca dejaron el narcotr¨¢fico. Ellos ten¨ªan otro tipo de negocios y se quitaron la careta, un compromiso con la paz que nunca se dio. Y ese grito hacia el pasado no tiene ning¨²n eco en Colombia. Creo que la paz ha venido echando ra¨ªces. Por supuesto necesitamos acelerar todos los procesos de presencia territorial, oferta social del Estado, los programas de desarrollo, pero pensar en que eso va a tener alguna repercusi¨®n a nivel de resonancia en Colombia, no lo creo. Est¨¢n lamentablemente amparados por la dictadura de Maduro. Es evidente, escudados en la frontera de Venezuela. Eso representa una amenaza, una amenaza regional, con lo cual hay que activar los mecanismos de defensa regional es importante como lo est¨¢ haciendo el Gobierno. Esto nos obliga a todos a radicalizar nuestra convicci¨®n en relaci¨®n con la paz. Hasta el grito lastimero y lamentable de M¨¢rquez y sus secuaces el pa¨ªs estaba dividido entre el s¨ª y el no. Ahora la gente est¨¢ convencida de que hay un 80%, un 90% de guerrilleros que s¨ª creyeron en el proceso y hay que apoyarlos. Uno es el modelo de Timochenko y otro es el regreso al pasado. La gente ese discurso no lo va a comprar. Hay una amenaza terrorista y habr¨¢ que combatirlos como terroristas y narcotraficantes.

P. ?C¨®mo est¨¢ funcionando la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP)?

R. Es una justicia que ha comenzado a acomodarse a la realidad institucional, que sufri¨® muchos embates desde diversos sectores, que est¨¢ acabando de entenderse a s¨ª misma. Nosotros hemos experimentado frustraciones como Procuradur¨ªa. Hemos aplaudido unas decisiones, pero hemos cuestionado otras. Nosotros hubi¨¦ramos querido que hubiera habido celeridad en el recurso de apelaci¨®n contra Santrich y la JEP ha debido actuar en otra direcci¨®n. Necesitamos mucha mayor celeridad. Pero ese escenario de justicia, verdad, reparaci¨®n y no repetici¨®n que es esencial el futuro de la JEP tiene que echar ra¨ªces y seguir consolid¨¢ndose. Que puede equivocar y ah¨ª estamos nosotros para tratar de que no se den esas equivocaciones. Cuestionar decisiones de la JEP no es cuestionar a la JEP. Sigo pensando que lleg¨® para quedarse y que hay que apostar a su ¨¦xito.

P. Usted ha estado en la primera l¨ªnea de la defensa de los venezolanos que llegan a Colombia.

R. Por un concepto de la Procuradur¨ªa se logr¨® con la Canciller¨ªa, el Gobierno y Bienestar Familiar y la Defensor¨ªa del Pueblo entreg¨¢ramos la nacionalidad a 25.000 beb¨¦s que nacieron en Colombia hijos de venezolanos y que estaban en condici¨®n de apatridia, que es solo propia de reg¨ªmenes dictatoriales despu¨¦s de conflictos b¨¦licos. Logramos dotarlos de un sistema de seguridad social y en estas elecciones hemos iniciado una campa?a donde decimos abiertamente que es inaceptable que se utilicen los derechos de los venezolanos o la situaci¨®n de vulnerabilidad de los venezolanos como carne de ca?¨®n para la campa?a electoral en Colombia. Se llama Aqu¨ª cabemos todos, Colombia libre de xenofobia. La xenofobia es gasolina.

P. La Procuradur¨ªa ha afrontado, entre otros, la investigaci¨®n del caso Odebrecht y del Grupo Aval. ?Puede expicar qu¨¦ ha logrado? ?En qu¨¦ ha consistido su intervenci¨®n como procurador?

R. Mi gesti¨®n como procurador hay que juzgarla por sus resultados contundentes en materia de defensa de los recursos p¨²blicos de los colombianos al lograr gruesas sanciones econ¨®micas contra empresas contaminadas de corrupci¨®n.? La Procuradur¨ªa ha tocado los bolsillos de las empresas protagonistas de la corrupci¨®n de la multinacional Odebrecht y sus socios locales. Logr¨® la m¨¢s importante condena econ¨®mica en Am¨¦rica Latina contra Odebrecht y sus socios colombianos mediante una acci¨®n popular interpuesta en un tribunal, 260 millones de d¨®lares de indemnizaci¨®n a Colombia. Tambi¨¦n evit¨® que el Estado colombiano tuviera que pagar a esas mismas firmas el equivalente a un bill¨®n de d¨®lares, al solicitar la nulidad absoluta por corrupci¨®n en el contrato de la llamada Ruta del Sol en un tribunal arbitral. Tambi¨¦n se ha opuesto a pagos a los bancos por casi 400 millones de d¨®lares adicionales por obligaciones derivadas de contratos infectados por sobornos. El arma m¨¢s efectiva contra la corrupci¨®n es afectar los bienes de los corruptos, es lo que m¨¢s les duele.

P. Cada vez que hay una cita electoral en Colombia hay que contemplar otro tipo de corrupci¨®n a escala local. ?C¨®mo pueden actuar?

R. Venimos de un escenario dram¨¢tico. En la politiquer¨ªa hay una serie de pr¨¢cticas electorales como la compra de votos, la trashumancia electoral, que es llevarse votos de un municipio a otro, hemos sancionado ya a seis alcaldes. Esos ya son delitos, afortunadamente. La inscripci¨®n de candidatos inhabilitados. Se est¨¢ acelerando para estas elecciones toda una bater¨ªa de delitos electorales y aqu¨ª el verdadero protagonista que puede denunciar es el ciudadano.