El patrimonio devastado
La riqueza arqueol¨®gica de Centroam¨¦rica suele acabar en las manos de unos pocos, lo que la ha convertido en una de las m¨¢s codiciadas para los saqueadores, vendedores y coleccionistas
El norte de Centroam¨¦rica, carente de tantas cosas, es rico en una: patrimonio arqueol¨®gico. Esta regi¨®n, parte de lo que anteriormente fue conocido como Mesoam¨¦rica, fue la cuna de la civilizaci¨®n maya, conocida por haber desarrollado el ¨²nico lenguaje escrito plenamente desarrollado de la ¨¦poca precolombina.
Guatemala y Honduras destacan por sus grandes centros ceremoniales, y en El Salvador los arque¨®logos y expertos no son t¨ªmidos para asegurar que, con 671 sitios arqueol¨®gicos registrados en todo el pa¨ªs, donde sea que pisamos hay restos de material arqueol¨®gico. Pero, como suele ocurrir con los recursos de esta parte del mundo, esa riqueza suele acabar en las manos de unos pocos, lo que la ha convertido en una de las m¨¢s codiciadas para los saqueadores, vendedores y coleccionistas.
La extracci¨®n de estas piezas no solo es contraproducente porque las saca de su contexto, impidiendo la investigaci¨®n a profundidad de la civilizaciones que las elaboraron y los usos que ten¨ªan, sino que adem¨¢s implica la destrucci¨®n irreparable de detalles en las piezas mutiladas. Para prevenir la proliferaci¨®n de esta pr¨¢ctica, que empezaba a devastar los monumentos, la Unesco aprob¨® en 1970 la convenci¨®n sobre medidas que deben adoptarse para la Protecci¨®n del Patrimonio Cultural de las Naciones. Esto oblig¨® a los pa¨ªses que a¨²n no contaban con ella a crear una legislaci¨®n espec¨ªfica para proteger este tipo de bienes. Entre ellos Honduras, en 1984; seguido por El Salvador, en 1993, y por Guatemala en 1997.
El saqueo no se reduce a la recolecci¨®n de lo que est¨¢ a merced de la naturaleza gracias al ingenio de los excavadores que conocen muy bien la ubicaci¨®n de los asentamientos y saben d¨®nde hacer hoyos. Es una pr¨¢ctica tan descarada que ha logrado extraer piezas en exhibici¨®n de un museo.
Como muchas de las leyes en estos pa¨ªses, la legislaci¨®n que protege el patrimonio cultural es un tratado de buenas intenciones que asigna responsabilidades a los Gobiernos, municipalidades y ciudadan¨ªa para la protecci¨®n de estos bienes. Lo que no incluye es voluntad pol¨ªtica para hacerlas cumplir. As¨ª, por ejemplo, la salvadore?a reza que ¡°cuando un bien cultural est¨¦ en peligro inminente de sufrir un da?o o de ser destruido, el Ministerio adoptar¨¢ las medidas de protecci¨®n que estime necesarias¡±, una m¨¢xima que se repite casi a calco en las de Guatemala y Honduras.
La realidad presenta un panorama tan distante que no es exageraci¨®n asegurar que estas disposiciones son casi letra muerta en pa¨ªses donde el saqueo y la exportaci¨®n de piezas arqueol¨®gicas no se ha detenido por m¨¢s sanciones que la legislaci¨®n establezca. Tras de esto no est¨¢ ¨²nicamente la simple ecuaci¨®n de la oferta y la demanda, sino considerables sumas de dinero destinadas para sobornar a polic¨ªas, aduanas, pol¨ªticos y otros personajes influyentes, sin cuya venia ser¨ªa imposible la destrucci¨®n de sitios arqueol¨®gicos en nombre del desarrollo ni el contrabando que ha repartido el patrimonio arqueol¨®gico mesoamericano en Estados Unidos y Europa, que luego es subastado por miles de d¨®lares o que ya est¨¢ en colecciones privadas de familias pudientes.
S¨ª, es grave que la informaci¨®n de la historia de un pa¨ªs acabe en una repisa a la vista de unos pocos, pero no es lo peor en gesti¨®n de patrimonio arqueol¨®gico que ha sucedido a nivel centroamericano. El Salvador, me temo, es el que menos ha sabido disimular su desinter¨¦s por lo arqueol¨®gico.
En los ¨²ltimos tres a?os, entre las noticias relacionadas con patrimonio arqueol¨®gico, Guatemala y Honduras pueden contar con al menos un titular que hable de repatriaci¨®n de piezas extraviadas. Mientras, en El Salvador, en diciembre 2016, desaparecieron 11 piezas de tres salas distintas del mism¨ªsimo Museo Nacional de Antropolog¨ªa, uno en donde las c¨¢maras no grababan v¨ªdeo, en donde no hab¨ªa un cat¨¢logo de piezas, y en el que solo hab¨ªa cuatro vigilantes para dar seguridad a todo el museo. Hubo indignaci¨®n hasta de quienes nunca hab¨ªan puesto un pie ah¨ª, pero no la renuncia de ninguna de las autoridades responsables.
Entre 2017 y 2018, el Estado ha sido c¨®mplice en dos ocasiones de bloquear el trabajo de los arque¨®logos y de? no respetar la ley especial de protecci¨®n al patrimonio cultural.
El primer caso ocurri¨® en el primer trimestre de 2017, cuando la administraci¨®n de la alcald¨ªa capitalina, dirigida por el ahora presidente Nayib Bukele, dispuso al Cuerpo de Agentes Metropolitanos uniformados al mejor estilo de la Unidad de Mantenimiento del Orden de la Polic¨ªa Nacional Civil (PNC) en el per¨ªmetro de una plaza que estaba siendo intervenida. Las autoridades de Cultura quisieron solucionar el problema, amparados por la ley y su reglamento que los facultaba para imponerse, pero no lo hicieron. A¨²n afiliado al FMLN, Bukele logr¨® que la Presidencia diera la orden de no entrometerse con su proyecto de remodelaci¨®n del Centro Hist¨®rico, una de las obras que catapult¨® su popularidad entre la poblaci¨®n salvadore?a. La plaza por encima de la historia.
El segundo estall¨® en enero 2018, cuando los arque¨®logos del Ministerio de Cultura denunciaron que se hab¨ªa destruido el sitio arqueol¨®gico Tacuscalco, ubicado en el occidente del pa¨ªs, para construir una residencial, cuya inmobiliaria es propiedad de uno de los inversores del principal partido de derecha, Arena. Este caso fue conocido por los diputados de la Asamblea Legislativa que montaron una comisi¨®n especial para investigar ¡°el problema del lugar conocido como Tacuscalco¡±, siendo el problema la seguridad jur¨ªdica de los empresarios. Luego de recibir la visita de arque¨®logos, investigadores y autoridades del Ministerio de Cultura, e incluso de ir ellos mismos hasta el sitio, los legisladores optaron por hacer una interpretaci¨®n de lo que la ley dice para favorecer a los empresarios. La residencial por encima de la historia.
Existen al menos tres causas judiciales en marcha por la destrucci¨®n de este sitio, de las cuales deriv¨® el paro de obras de construcci¨®n ¨Caunque ya estaba completada a un 90 %¨C mientras se resolv¨ªa por la v¨ªa judicial. Sin embargo, ahora se pueden mirar en San Salvador vallas publicitarias que ofertan casas nuevas en esa misma residencial, desde la que ya resaltan antenas instaladas de televisi¨®n por cable en los hogares que divisan desde la carretera.
De casos como estos, en El Salvador hay un abanico, pero los se?alados sirven para concluir que la lecci¨®n es clara. En pa¨ªses centroamericanos como los nuestros, agobiados por los altos ¨ªndices de violencia e impunidad, la protecci¨®n al patrimonio arqueol¨®gico est¨¢ al fondo de la lista de prioridades y quienes tienen poder para hacer valer la ley prefieren modificarla en beneficio de sus intereses. Al fin y al cabo, qu¨¦ m¨¢s da una pir¨¢mide m¨¢s o una menos cuando en lugar de invertir en conocer la historia de este pa¨ªs se puede potenciar el enriquecimiento de los empresarios disfrazado de desarrollo.
EL PA?S y EL FARO se unen para ampliar la cobertura y conversaci¨®n sobre Centroam¨¦rica. Cada 15 d¨ªas, el s¨¢bado, un periodista de EL FARO aportar¨¢ su mirada en EL PA?S a trav¨¦s de an¨¢lisis sobre la regi¨®n, que afronta una de sus etapas m¨¢s agitadas.
