La apresurada tramitaci¨®n de una ley de hidrocarburos agudiza las protestas en Argelia
La oposici¨®n denuncia que el Ejecutivo no tiene legitimidad para aprobar una norma sobre inversi¨®n extranjera que marca el futuro del pa¨ªs
El r¨¦gimen argelino, cuyo hombre fuerte es el general y jefe del Estado Mayor, Ahmed Gaid Salah, va a? sacar adelante en tiempo r¨¦cord una ley sobre hidrocarburos que intenta atraer el capital de las multinacionales extranjeras. La norma ha provocado protestas masivas en la calle desde su aprobaci¨®n por el Consejo de Ministros, el 13 de octubre. El Ejecutivo est¨¢ deseoso de aumentar los ingresos procedentes de los hidrocarburos. Pero numerosos analistas y dirigentes de la oposici¨®n se preguntan por qu¨¦ un Gobierno interino --al frente del pa¨ªs desde que?en abril dimiti¨® el presidente Abdelaziz Buteflika-- tiene que aprobar deprisa y corriendo una norma clave para el presente y el futuro del pa¨ªs.
El d¨ªa de su aprobaci¨®n por la c¨¢mara baja del Parlamento, el pasado d¨ªa 14, la polic¨ªa tuvo que acordonar la sede de la Asamblea Nacional Popular, ante la presencia de miles de manifestantes. ¡°La riqueza de Argelia no se malvende¡±, ¡°no se toca la soberan¨ªa nacional¡±, esgrim¨ªan. La ley solo est¨¢ ya pendiente de que la ratifique el Senado, donde se someter¨¢ a votaci¨®n el pr¨®ximo d¨ªa 28. Los partidos que han gobernado en alianza durante las dos d¨¦cadas del r¨¦gimen Buteflika gozan de mayor¨ªa en ambas C¨¢maras y se da por hecho que la norma ser¨¢ aprobada.
La anterior ley data de 2005. Y aunque ha sido reformada en cuatro ocasiones, no ha evitado ni los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n ni ha conseguido atraer grandes inversiones extranjeras. En la actualidad, cualquier empresa que desee invertir en Argelia en este sector tiene que asociarse con la estatal Sonatrach y su participaci¨®n no puede sobrepasar el 49% del capital. Con la nueva ley, el Estado sigue reserv¨¢ndose al menos el 51% de todos los contratos con multinacionales.
No obstante, la ley incluye una rebaja fiscal generalizada as¨ª como los llamados contratos de producci¨®n compartida, mediante los cuales las compa?¨ªas privadas pueden beneficiarse de una parte de la producci¨®n. La nueva norma tambi¨¦n pretende agilizar los tr¨¢mites burocr¨¢ticos para acometer los proyectos.
Dos de las grandes beneficiaras de la nueva normal son Repsol y Cepsa. Repsol participa, como socio de Sonatrach, en siete concesiones, una de exploraci¨®n y seis de producci¨®n y desarrollo. Cepsa lleva 30 a?os en el pa¨ªs y participa en cinco concesiones de exploraci¨®n y producci¨®n. La mitad del gas que compra Espa?a proviene de Argelia.
Argelia es el tercer productor de petr¨®leo en ?frica (tras Nigeria y Angola) y se encuentra entre los diez primeros productores de gas. Pero en medio siglo ha visto desaparecer el 60% de sus reservas de hidrocarburos. El r¨¦gimen intenta combatir la bajada de los precios del petr¨®leo mediante la aportaci¨®n del capital extranjero.
Para justificar la necesidad de la nueva ley, el ministro de Energ¨ªa, Mohamed Arkab, inform¨® de que desde 2005 el Estado ha abierto 67 yacimientos a concurso, solo ha recibido 19 ofertas y apenas ha firmado 13 contratos. Eso explica, en parte, que Argelia haya pasado de producir 1,5 millones de barriles de petr¨®leo en 2005 a solo un mill¨®n en la actualidad.
El contexto pol¨ªtico es tenso. Una gran parte de la poblaci¨®n considera que el actual Gobierno interino es ileg¨ªtimo desde el pasado 9 de julio, fecha en la que expiraba el mandato de tres meses que la Constituci¨®n prev¨¦ como plazo para todo Gobierno interino. El r¨¦gimen intent¨® convocar unas elecciones presidenciales el 4 de julio, pero la sociedad las boicote¨® porque consideraba que la transparencia de los comicios no estaba garantizada. Ning¨²n candidato se present¨®.?El Consejo Constitucional dictamin¨® entonces que el presidente interino, Abdelk¨¢der Bensal¨¢, pod¨ªa seguir en su puesto hasta que se elija a un nuevo presidente. Los manifestantes acusaron entonces al Consejo de ser un instrumento del poder militar.
Ahora, el r¨¦gimen ha convocado otras presidenciales para el 12 de diciembre y esta vez ha conseguido que compitan cinco candidatos. Pero la sociedad civil sigue desconfiando de unos comicios en los que no est¨¢ garantizada la presencia de observadores internacionales, ni se han concedido visados a la prensa extranjera.
Tensi¨®n pol¨ªtica
Las convulsiones pol¨ªticas se reflejan en Sonatrach, la principal empresa p¨²blica del pa¨ªs. En nueve a?os Sonatrach ha tenido seis presidentes. El pen¨²ltimo de ellos, Rachid Hachichi, llevaba solo siete meses en el puesto y fue destituido el pasado 13 de octubre, tras haber defendido el proyecto ante el Parlamento. ¡°?Por qu¨¦ ha sido despedido ahora?", se preguntaba el medio digital TSA, el m¨¢s le¨ªdo del pa¨ªs. No hay ninguna respuesta oficial a esa pregunta.
Hassan Haddouche, periodista especializado en Econom¨ªa de TSA, explica por tel¨¦fono que tras las protestas en las calles fueron invitados a la Asamblea varios expertos energ¨¦ticos para que se pronunciaran sobre la ley. ¡°La mayor¨ªa de ellos coincidieron en que se trata de una ley necesaria, porque la producci¨®n y la exportaci¨®n de hidrocarburos han bajado mucho en la ¨²ltima d¨¦cada. Y se necesita atraer el capital extranjero¡±. ¡°Sin embargo¡±, precisa Haddouche, ¡°los expertos creen que hay un problema de legitimidad por parte del Gobierno y que no era necesaria aprobar la ley ahora, con unas elecciones presidenciales previstas en un mes. Existe adem¨¢s un problema de credibilidad. La gente no cree que lo que pueda hacer este Gobierno vaya a ser bueno para el pa¨ªs¡±.
Gonzalo Escribano, miembro del centro de an¨¢lisis Real Instituto Elcano, cree que, aunque la ley era necesaria desde hace a?os, el Gobierno no goza de la legitimidad necesaria para aplicarla. ¡°No es el momento para aprobar una ley tan importante¡±, se?ala, ¡°aunque tampoco creo que con ella se est¨¦n malvendiendo los recursos naturales del pa¨ªs¡±.
¡°Las multinacionales¡±, se?ala Escribano, ¡°ven¨ªan pidiendo tres cosas desde hace varios a?os: la primera, una reducci¨®n de impuestos; la segunda, una participaci¨®n mayor en las inversiones, no limitada por la mayor¨ªa del 51% para Sonatrach; y la tercera, una mayor flexibilidad en la burocracia. De esas tres demandas, la ley solo se ha centrado en la bajada de la presi¨®n fiscal. Como media, la fiscalidad se ha reducido 20 puntos porcentuales¡±.
¡°En cuanto a la flexibilidad de la burocracia¡±, a?ade Escribano, ¡°est¨¢ por ver si se consigue. En Argelia desde que haces la primera inversi¨®n hasta que comienzas a explotar el gas pueden pasar diez a?os. En Egipto, incluso en alg¨²n yacimiento complicad¨ªsimo, se puede hacer en tres¡±.
Un experto del sector que solicita el anonimato a?ade: ¡°La ley es un avance para atraer las inversiones. Pero el gran problema de Argelia se llama log¨ªstica y burocracia. Las grandes reservas, sobre todo de gas, est¨¢n en el sur des¨¦rtico del pa¨ªs. La log¨ªstica deja mucho que desear y la burocracia no ayuda. Todo el mundo tiene miedo de tomar la ¨²ltima decisi¨®n¡±.
Varios analistas creen que con la r¨¢pida aprobaci¨®n de la ley el r¨¦gimen intenta comprar el silencio de las potencias extranjeras ante las protestas sociales que sacuden el pa¨ªs desde el 22 de febrero.? Haddouche, sin embargo, se muestra esc¨¦ptico con esa tesis: ¡°Cada vez que un Gobierno en Argelia intenta adoptar medidas liberales se le acusa de vender el pa¨ªs a las potencias extranjeras. Eso forma parte de los mitos argelinos desde hace 50 a?os¡±.
Otros polit¨®logos, como el argelino Raouf Farrah, insisten en que el r¨¦gimen intenta obtener con esta medida el apoyo exterior. ¡°Es preciso recordar que estas compa?¨ªas petroleras tienen una gran capacidad de presi¨®n sobre sus respectivos Gobiernos, sobre todo en Francia y Estados Unidos¡±, subraya.
Ante la pregunta de si la ley es necesaria, m¨¢s all¨¢ del contexto pol¨ªtico actual, Farrah objeta: ¡°Plantear la pregunta as¨ª es problem¨¢tico, porque es dif¨ªcil analizarla fuera del contexto pol¨ªtico. Ahora mismo no es necesaria, sobre todo a causa de la ilegitimidad del Gobierno. Es imposible tomar decisiones estrat¨¦gicas sin el apoyo popular¡±.
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