Las masacres revelan la nueva cara del conflicto en Colombia

El reacomodo y la fragmentaci¨®n del conflicto en Colombia impide identificar a los autores de las masacres que han azotado al pa¨ªs en los ¨²ltimos dos a?os. Las matanzas, que durante este mes han dejado al menos 45 v¨ªctimas, est¨¢n costando la vida a pobladores de las ¨¢reas rurales de al menos cinco regiones del pa¨ªs andino mientras no se vislumbra una respuesta eficaz por parte del Gobierno de Iv¨¢n Duque a la degradaci¨®n de la violencia. Arauca, en la frontera con Venezuela; Nari?o, el departamento que limita con Ecuador; Cauca, tierra ind¨ªgena; y Catatumbo, que comparte m¨¢s de 400 kil¨®metros con los venezolanos, son algunos de los nombres que se repiten una y otra vez. Seg¨²n el organismo de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, solo este a?o han registrado 33 masacres y a¨²n hay siete por documentar, adem¨¢s de 97 asesinatos de l¨ªderes sociales.

Aunque es un fen¨®meno advertido, la opini¨®n p¨²blica a¨²n se pregunta qui¨¦n est¨¢ detr¨¢s de esas matanzas y por qu¨¦ se mantiene la espiral de violencia. La respuesta es tan compleja como la cantidad y diversidad de organizaciones armadas que operan hoy en el territorio. Tras el desarme de la guerrilla de las FARC, cuya organizaci¨®n se convirti¨® en partido pol¨ªtico, la nueva cara del conflicto en Colombia se volvi¨® m¨¢s confusa y focalizada.

El Gobierno de Iv¨¢n Duque, que lleg¨® a la presidencia hace dos a?os como cr¨ªtico f¨¦rreo del acuerdo de paz con las FARC, dice que ¡°los masacradores de hoy son los mismos de ayer y por las mismas razones. Ex-FARC, Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelambres¡±, como afirm¨® el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Las cifras del Centro de Memoria Hist¨®rica, entidad gubernamental que ha documentado el conflicto, indican otra cosa: aunque todos los grupos han usado las masacres como m¨¦todo de terror, de las 1.982 ocurridas entre 1985 y 2012, el 58% fueron cometidas por los paramilitares.

Adicionalmente, varios analistas difieren del relato oficial de que ¡°son los mismos¡± y se?alan que hay cambios no solo sobre el tipo de actores armados sino tambi¨¦n de sus m¨¦todos y advierten que entender que el conflicto ya mut¨® es clave para una respuesta gubernamental m¨¢s contundente y no solo de reacci¨®n a cada masacre. Si antes del acuerdo de paz hab¨ªa organizaciones ¡°de orden nacional con relativa capacidad de cohesi¨®n y mando, hoy son m¨²ltiples organizaciones con influencia local¡±, observan los analistas Juan Carlos Garz¨®n, Kyle Johnson y Luis Fernando Trejos. ¡°Si bien algunos grupos siguen siendo politizados, la variable de la ideolog¨ªa se ha debilitado. Y, en cuanto al m¨¦todo, estos grupos evitan la confrontaci¨®n directa con el Estado¡±, agrega Garz¨®n, director de Din¨¢micas del Conflicto de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz (FIP) en conversaci¨®n con EL PA?S.

El Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja ha insistido, por su parte, en la existencia de al menos cinco conflictos en Colombia. Con el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), considerado la ¨²ltima guerrilla del pa¨ªs, que se ha venido fortaleciendo hasta convertirse en el grupo m¨¢s activo; con la estructura del Clan del Golfo, surgido de los remanentes de los grupos paramilitares; con el Ej¨¦rcito Popular de Liberaci¨®n (EPL), que se fortaleci¨® desde 2017; con las disidencias de las FARC, es decir aquellos que se apartaron del proceso de paz; y el ¨²ltimo entre el ELN y el EPL que se enfrentan en algunas zonas. El organismo humanitario acaba de revelar una cifra preocupante- que se suma a las de masacres y asesinatos de l¨ªderes-, desde la firma del Acuerdo de Paz, se han registrado 466 casos de desapariciones.

El impacto del proceso de paz

El Gobierno se ha defendido diciendo que no se trata de un regreso al pasado porque las masacres, que ahora nombra p¨²blicamente como ¡°homicidios colectivos¡±, ¡°no volvieron porque nunca se fueron¡±, en palabras del presidente Iv¨¢n Duque. Una mirada a las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos muestra que s¨ª hay una tendencia en aumento durante su administraci¨®n pero que esta viene desde finales de 2017, en el ¨²ltimo tiempo del Gobierno de Juan Manuel Santos. Ese a?o, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para An¨¢lisis de Conflictos (Cerac), ¡°se aprecia el punto de quiebre, al alza: diciembre de 2017 para entonces hab¨ªan casi desaparecido las masacres como tipo de violencia armada¡±.

En 2017, seg¨²n la ONU, se registraron 11 matanzas; en 2018, 29 y el a?o pasado fueron 36. Los primeros ocho meses de 2020 revelan que el aumento es a¨²n m¨¢s pronunciado. ¡°Ahora bien, los hechos nos dicen que estamos lejos del principio de siglo cuando en un solo a?o hubo en Colombia 1.400 v¨ªctimas de masacres¡±, dice Garz¨®n y agrega que Colombia s¨ª sinti¨® ¡°los impactos positivos del proceso con las FARC¡±.

Pero m¨¢s all¨¢ de estos conteos -cuya metodolog¨ªa de medici¨®n difiere entre el Gobierno y la ONU- las matanzas siembran el terror entre las comunidades y activan otras violaciones como el desplazamiento masivo de campesinos. As¨ª ha ocurrido en El Catatumbo, en frontera con Venezuela, donde cinco masacres en lo corrido de este a?o obligaron a 2.600 personas a huir de sus campos. En esa zona confluye el alto n¨²mero de cultivos il¨ªcitos, m¨¢s de la cuarta parte del total del pa¨ªs, la presencia del ELN y la banda Los Rastrojos y la llegada de 25.000 migrantes. ¡°El conflicto ya est¨¢ llegando a las goteras de la ciudad de C¨²cuta. Es un cuadro dram¨¢tico y por eso pedimos una respuesta inmediata y un acuerdo humanitario que proteja a la poblaci¨®n¡±, dijo el expresidente Ernesto Samper.

El narcotr¨¢fico no es la ¨²nica explicaci¨®n

El Gobierno insiste en la hip¨®tesis de que todo ocurre por el narcotr¨¢fico, pero diversos analistas afirman que si bien ese negocio tiene peso no logra explicar todos los casos. Un ejemplo es la masacre de cinco personas en Arauca, donde no hay alta presencia de cultivos de coca y que al parecer tendr¨ªa relaci¨®n con una sanci¨®n social por parte de disidencias; tampoco el caso de Cali donde fueron asesinados cinco j¨®venes en un campo de ca?a y que, seg¨²n la Fiscal¨ªa, fue cometido por dos vigilantes sin ninguna vinculaci¨®n a grupos armados; o el de Cauca donde el contexto de resistencia ind¨ªgena y la sevicia de las disidencias obliga a hacer lecturas m¨¢s all¨¢ del narcotr¨¢fico.

Por medio del consejero de seguridad Rafael Guar¨ªn, el Ejecutivo ha reconocido esta semana la gravedad de un problema que no se resuelve solo con m¨¢s presencia militar, y ha se?alado que se necesita un enfoque de intervenci¨®n integral en esos lugares con vac¨ªos de institucionalidad. Advierte, sin embargo, que los acuerdos de sustituci¨®n voluntaria muchas veces terminaron convertidos en un incentivo perverso.