La Justicia ecuatoriana tiene en sus manos el futuro pol¨ªtico de Rafael Correa

El regreso al poder de Rafael Correa en Ecuador depende m¨¢s de la Justicia que de las urnas. Tras ver frustradas sus opciones de participar en las pr¨®ximas elecciones, el expresidente escuchar¨¢ este lunes desde B¨¦lgica qu¨¦ va a pasar con su futuro pol¨ªtico en la pr¨®xima d¨¦cada. Un tribunal ha pasado el fin de semana deliberando y por la tarde -cuando ya sea de noche en el huso horario de Correa- debe comunicar si el juicio por el que fue condenado a ocho a?os de prisi¨®n y otros tantos de inhabilitaci¨®n para cargo p¨²blico se apeg¨® al procedimiento o si tuvo errores, antes de declarar si se ejecuta la sentencia. Esa resoluci¨®n sobre los recursos de casaci¨®n presentados por la defensa de Correa y por otros 15 condenados es el punto de inflexi¨®n para el pol¨ªtico.

Si el tribunal no le da la raz¨®n en la tercera instancia, la condena debe ejecutarse. Hasta ahora, estaba pendiente de agotar la v¨ªa judicial antes de que el expresidente tuviera que cumplir con los a?os de prisi¨®n y con el impedimento para seguir en pol¨ªtica. Pero desde este lunes, el expresidente sabr¨¢ si queda apartado de cualquier proceso electoral durante los pr¨®ximos ocho a?os -lo que podr¨ªa alejarle, por los plazos, incluso de las pr¨®ximas tres disputas presidenciales- y si debe ir a la c¨¢rcel por un periodo similar. Sobre ¨¦l, ya pesaba una orden de prisi¨®n que nunca lleg¨® a materializarse debido a que vive en Europa y la Interpol no dio paso a la orden de detenci¨®n internacional.

Al no haber vuelto a pisar territorio ecuatoriano desde 2017, Rafael Correa ha evadido esa detenci¨®n, pero tambi¨¦n un juicio que sigue pendiente por el secuestro de un asamble¨ªsta opositor y, esta ¨²ltima semana, ha quedado apartado de la carrera presidencial del pr¨®ximo a?o. La autoridad electoral no tom¨® en cuenta su postulaci¨®n, pues la normativa exige a todos los aspirantes que formalicen su participaci¨®n de forma presencial, personal e indelegable. Es una ¡°persecuci¨®n¡±, ha repetido en numerosas ocasiones Corea para protestar en todos los casos.

La importancia del fallo judicial para su futuro pol¨ªtico qued¨® definitivamente evidenciada el pasado viernes, ¨²ltimo d¨ªa de la audiencia de casaci¨®n. El expresidente no hab¨ªa comparecido en todo el juicio, ni presencial ni virtualmente. Tampoco en la instancia de apelaci¨®n. Pero s¨ª lo hizo cuando se agotaban los recursos judiciales para insistir en el argumento de la persecuci¨®n y en el de que todas las pruebas del caso fueron forjadas o manipuladas. ¡°Jam¨¢s he permitido un soborno; es una persecuci¨®n pol¨ªtica, est¨¢n destruyendo familias por perseguirme a m¨ª. Para tratar de inculparme se han inventado nombres: arroz verde, sobornos y cuadernos escritos de un viaje de Quito a Guayaquil¡­ Fueron manipulados esos archivos desde el 2018¡±, dijo Correa el viernes, desde la esquina de una pantalla de la sala de audiencias antes de hacer un llamado al tribunal a ¡°hacer justicia y cambiar la historia¡±.

¡°Se?ores magistrados, en sus manos est¨¢ parar. Interpol les rechaza todo; B¨¦lgica se les r¨ªe¡±, ridiculiz¨® el exmandatario. La decisi¨®n que se dar¨¢ a conocer el lunes podr¨¢ enfrentar nuevos recursos de ampliaci¨®n o de aclaraci¨®n; sin embargo, ya no podr¨¢ alterarse la posici¨®n del tribunal. Tambi¨¦n podr¨ªa acudir a instancias internacionales, pero esas otras opciones no dejan sin efecto la aplicaci¨®n de la sentencia.

Junto a Correa, han sido condenados -y tambi¨¦n est¨¢n a la espera de la decisi¨®n sobre sus recursos- otros 15 procesados. Entre ellos, el exvicepresidente Jorge Glas, preso desde 2017 por el caso Odebrecht; el exsecretario jur¨ªdico de la Presidencia, Alexis Mera, que fue uno de los hombres de confianza del exmandatario durante su d¨¦cada de gobierno; y la exministra de Obras P¨²blicas, Mar¨ªa de los ?ngeles Duarte, que a mediados de agosto rompi¨® el arresto domiciliario y acudi¨® a refugiarse a la residencia del embajador de Argentina en Quito. Adem¨¢s de los exasamble¨ªstas de Alianza PAIS, Viviana Bonilla y Christian Viteri, que tambi¨¦n incumplieron antes de llegar a casaci¨®n la medida cautelar de comparecer ante el juez regularmente. La ¨²ltima vez que se presentaron ante la Corte de Guayas fue el 11 de agosto y se desconoce su paradero desde entonces.

Seg¨²n el Ministerio Fiscal, los miembros de la c¨²pula de Gobierno de Rafael Correa implicados formaron una trama de aportaciones irregulares de campa?a al partido oficialista Alianza PAIS que oper¨® entre 2012 y 2016. Esta red movi¨® m¨¢s de siete millones de d¨®lares (unos 6,5 millones de euros), a trav¨¦s de intercambios de favores entre las autoridades y contratistas del Estado. A cambio de la financiaci¨®n ilegal, los empresarios recib¨ªan grandes proyectos de infraestructura. La Procuradur¨ªa General del Estado, que tambi¨¦n actu¨® como acusaci¨®n, cifr¨® el perjuicio al pa¨ªs en 21 millones de d¨®lares.

El caso sali¨® a la luz en abril del a?o pasado gracias a la revelaci¨®n del portal period¨ªstico MilHojas, en la que se expon¨ªan los nombres en clave de los altos cargos y los empresarios supuestamente implicados. Dos de las acusadas colaboraron con la Justicia desde la etapa de investigaci¨®n. Pamela Mart¨ªnez, asesora de Presidencia cuando gobernaba Correa, y Laura Ter¨¢n, asistente de esta, entregaron a la Fiscal¨ªa un cuaderno y archivos de Excel en los que llevaban un registro contable de los pagos que recib¨ªan los funcionarios y de c¨®mo se hac¨ªan las transacciones de los empresarios: en efectivo o con cruce de facturas por servicios no prestados o con precios inflados. A cambio de la cooperaci¨®n penal, ambas se beneficiaron de una pena menor que ya est¨¢n cumpliendo. Para Mart¨ªnez son 38 meses y 12 d¨ªas y para Ter¨¢n, tres meses y seis d¨ªas.