Nicaragua aprueba una ley que impone penas de c¨¢rcel a quienes el Gobierno considere que publiquen noticias falsas

El Gobierno de Daniel Ortega sigue avasallando la libertad de expresi¨®n en Nicaragua. Este martes, el Parlamento leal al sandinismo aprob¨® la denominada Ley Especial de Ciberdelitos, cuyo objetivo principal es la criminalizaci¨®n de publicaciones en medios de comunicaci¨®n independientes y redes sociales de contenido considerado por el Gobierno como falso con penas de c¨¢rcel que oscilan entre uno y diez a?os. La normativa, conocida como ley mordaza, no solo afecta a periodistas, sino tambi¨¦n a cualquier ciudadano que vierta cr¨ªticas contra la Administraci¨®n de Ortega en plataformas digitales. La Ley Especial de Ciberdelitos es parte de un tridente legislativo promovido por el r¨¦gimen de Ortega y que, seg¨²n sus cr¨ªticos, est¨¢ ideado para acallar las voces disidentes que denuncian las constantes violaciones de derechos humanos que se cometen en este pa¨ªs centroamericano.

El Gobierno nicarag¨¹ense aprob¨® hace menos de 15 d¨ªas, y como parte de ese tridente legislativo, la Ley de Agentes Extranjeros por la cual se bloquea la financiaci¨®n y donaciones internacionales a la sociedad civil, ONG, periodistas y, en especial, a opositores para limitar sus actividades de organizaci¨®n pol¨ªtica. Con esa ley m¨¢s la Ley Especial de Ciberdelitos, queda ahora pendiente de aprobaci¨®n la tercera norma del tridente, que impondr¨¢ penas de cadena perpetua para ¡°castigar cr¨ªmenes de odio¡± que Ortega achaca a sus detractores.

Lo que m¨¢s ha llamado la atenci¨®n con la aprobaci¨®n de la ley de ciberdelitos es que es el mismo Gobierno quien determinar¨¢ cu¨¢ndo un periodista, medio de comunicaci¨®n o un ciudadano publique una noticia falsa. La argumentaci¨®n de la ley est¨¢ redactada en el mismo tono que Ortega y su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo, utilizan para desacreditar p¨²blicamente las denuncias de violaciones de derechos humanos o investigaciones period¨ªsticas. ¡°Quien usando las tecnolog¨ªas de la informaci¨®n y de la comunicaci¨®n publique o difunda informaci¨®n falsa y/o tergiversada, que produzcan alarma, temor, zozobra en la poblaci¨®n, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se pondr¨¢ pena de dos a cuatro a?os de prisi¨®n y 300 a 500 d¨ªas de multa¡±, reza el art¨ªculo 30 de la normativa, en cuyos numerales siguientes eleva la pena a cinco a?os de c¨¢rcel.

¡°La aprobaci¨®n de esta ley constituye una forma de endurecimiento de las relaciones de los gobernantes con la prensa. Una medida encaminada a acallar voces, que va m¨¢s all¨¢ de sus fronteras para inscribirse en un universo mayor: el conjunto de la sociedad nicarag¨¹ense¡±, dijo a EL PA?S el especialista en medios de comunicaci¨®n Guillermo Rothschuh.

La normativa tambi¨¦n impone penas de cinco a nueve a?os de c¨¢rcel por publicar filtraciones de informaci¨®n sobre el Gobierno, una pr¨¢ctica period¨ªstica recurrente en un r¨¦gimen de cero informaci¨®n p¨²blica. ¡°No creo que detenga las filtraciones, siempre han existido hist¨®ricamente en Nicaragua. Tapar ese hueco es casi imposible. Tampoco creo que el periodismo adverso al Gobierno vaya a retroceder. As¨ª al menos lo han expresado sus caras m¨¢s visibles. El silenciamiento de un pueblo es una tarea fallida. As¨ª lo confirma nuestra historia pasada y reciente¡±, insisti¨® Rothschuh.

El periodista N¨¦stor Arce, fundador del medio Divergentes y especialista en medios digitales, sostiene que esta ley ¡°busca detener la filtraci¨®n de informaci¨®n desde las dependencias p¨²blicas que ayudan a periodistas a realizar investigaciones que evidencian el mal manejo y corrupci¨®n de las oficinas del Estado¡±. E insiste en que la definici¨®n de ellos mismos de qu¨¦ es noticia falsa y castigar a quienes ellos consideren que est¨¦n public¨¢ndolas ¡°no es solo una amenaza a la libertad de prensa, sino a la libertad de expresi¨®n de cada ciudadano nicarag¨¹ense que publique a trav¨¦s de sus propios medios digitales, sean redes sociales, blogs o mensajer¨ªa¡±. Conforme a lo aprobado por los diputados sandinistas, la ley de ciberdelito entrar¨¢ en vigor 60 d¨ªas despu¨¦s de su publicaci¨®n en el diario oficial La Gaceta.

Espionaje

Otro art¨ªculo pol¨¦mico, el 39, dice que el Gobierno podr¨¢ obligar a los proveedores de servicios de Internet en Nicaragua a ¡°recolectar, extraer o grabar los datos relativos a un usuario, as¨ª como el tr¨¢fico de datos en tiempo real, a trav¨¦s de la aplicaci¨®n de medidas tecnol¨®gicas¡±. La abogada Vilma N¨²?ez, presidenta del Centro Nicarag¨¹ense de Derechos Humanos (CENIDH), opina que esta ley ¡°instaura de facto estructuras y mecanismos de espionaje¡±.

Pero desde el punto de vista t¨¦cnico, el r¨¦gimen de Ortega podr¨ªa tener nula o poca capacidad para controlar el espectro digital: la cantidad de informaci¨®n que se genera en las redes sociales y los sitios web es tanta que el Gobierno necesita una inversi¨®n millonaria, tecnol¨®gica y humana, para poder ejecutar controles similares a los que lleva a cabo China o Rusia, seg¨²n el periodista Arce.

En 2018, durante las protestas sociales en Nicaragua, el diario israel¨ª Haaretz public¨® una investigaci¨®n en la que revel¨® que el Gobierno de Ortega compr¨® a empresas tecnol¨®gicas privadas de ese pa¨ªs programas de espionaje y recolecci¨®n de inteligencia, para ¡°localizar y detener a activistas de derechos humanos, perseguir a miembros de la comunidad LGTBI y silenciar a los ciudadanos que criticaban¡±.

¡°El Gobierno s¨ª podr¨ªa ordenar a las proveedoras de servicio de internet la restricci¨®n de acceso a sitios web y redes sociales, colocando en una lista negra las URL, como sucede en Venezuela o Cuba, por ejemplo. En todo caso, el r¨¦gimen seguir¨¢ realizando su control y monitoreo a peque?a escala como lo ha hecho, y aumentado, desde 2018 a trav¨¦s de sus estructuras territoriales y vecinales, de forma muy an¨¢loga¡±, explic¨® Arce. Sin embargo, remarc¨® el periodista, la amplitud de la ley les otorga la disposici¨®n de intervenir y solicitar informaci¨®n a las personas naturales y jur¨ªdicas, y estas tendr¨¢n que entregar sus dispositivos inform¨¢ticos y acceso a las cuentas que el r¨¦gimen considera bajo investigaci¨®n.