L¨®pez Obrador lanza una amplia reforma del sistema judicial

El Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador se ha propuesto dar un giro al sistema de justicia en M¨¦xico, endureci¨¦ndolo a trav¨¦s de un paquete de nueve reformas anunciado este mi¨¦rcoles. Entre los cambios m¨¢s relevantes est¨¢n que los jueces y magistrados ser¨¢n fiscalizados y nombrados por el Senado, y podr¨¢n ser juzgados penalmente si cometen actos de corrupci¨®n en tribunales especializados. Otro punto relevante es que se crea un C¨®digo Penal ¨²nico: M¨¦xico tiene 32 c¨®digos distintos, uno por cada Estado, lo que daba definiciones y castigos diferentes para delitos como el feminicidio.

Las reformas, que se discutir¨¢n en el Senado, han generado pol¨¦mica en M¨¦xico dentro de diversos sectores judiciales, sobre todo por las implicaciones para la presunci¨®n de inocencia y las tareas de los jueces, lo que ha implicado que el Gobierno haya insistido en que no son definitivas. La propuesta implica una modificaci¨®n de la Constituci¨®n, el C¨®digo Penal, el C¨®digo de Procedimientos Penales, la Ley org¨¢nica de la Fiscal¨ªa General de la Rep¨²blica (FGR) y la Ley org¨¢nica del Poder Judicial, as¨ª como de otras cuatro leyes centrales en la procuraci¨®n e impartici¨®n de justicia. Los alfiles del presidente han reconocido los lastres de la violencia, la impunidad y la corrupci¨®n y prometen un vuelco que ocupar¨¢ la agenda legislativa en las pr¨®ximas semanas. Los l¨ªderes parlamentarios de todos los partidos se abstuvieron de hacer comentarios hasta la presentaci¨®n formal de las iniciativas, anunciada para principios de febrero.

El nuevo ordenamiento estar¨ªa apuntalado por un C¨®digo de Procedimientos Penales, que ha sido criticado por quitar restricciones con una reforma constitucional al arraigo, una medida de investigaci¨®n que pone a un sospechoso a disposici¨®n del Ministerio P¨²blico hasta 40 d¨ªas mientras se re¨²nen pruebas en su contra y que abre el debate sobre la presunci¨®n de inocencia de los ciudadanos. El arraigo solo estaba previsto para miembros de la delincuencia organizada. Tambi¨¦n se establece la "presunci¨®n de responsabilidad", en la que se puede se?alar como responsable a alguien que se niegue a participar de una investigaci¨®n o peritaje. Seg¨²n la propuesta, las pruebas que se consigan de forma il¨ªcita ya no ser¨¢n descartadas autom¨¢ticamente, sino que podr¨¢n rectificarse bajo criterio de un juez.

Tambi¨¦n se propone una reorganizaci¨®n de la FGR, que delimite su papel ante las nuevas disposiciones sobre extinci¨®n de dominio y la Guardia Nacional, creada el a?o pasado. La Fiscal¨ªa podr¨¢ solicitar su propio presupuesto a la Secretar¨ªa de Hacienda, ya no seg¨²n lo que estime el Ejecutivo. Seg¨²n los borradores que han circulado, otro punto pol¨¦mico es que los supuestos para intervenir llamadas telef¨®nicas y para que las compa?¨ªas de telecomunicaciones entreguen informaci¨®n sobre sus clientes ser¨¢n m¨¢s laxos en la investigaci¨®n de delitos electorales y fiscales.

Desde su toma de posesi¨®n el 1 de diciembre de 2018, la relaci¨®n de L¨®pez Obrador y el Poder Judicial ha sido turbulenta. El entorno m¨¢s pr¨®ximo al Ejecutivo ha impulsado una limpia bajo la premisa de la lucha contra la corrupci¨®n. Margarita R¨ªos Farjat, nombrada por el presidente como titular del Servicio de Administraci¨®n Tributaria, asumi¨® a principios de 2020 como ministra de la Suprema Corte para los pr¨®ximos 15 a?os y ocup¨® el puesto que dej¨® vacante Eduardo Medina Mora, tras una renuncia precipitada en octubre pasado.

Detr¨¢s de la dimisi¨®n de Medina Mora hab¨ªa una investigaci¨®n profunda en contra del entonces ministro, seg¨²n constat¨® EL PA?S. A pesar de que el Instituto Nacional de Acceso a la Informaci¨®n determin¨® esta semana que L¨®pez Obrador explicara p¨²blicamente los motivos de la renuncia del exministro, las razones a¨²n no han quedado del todo claras. R¨ªos Farjat es la tercera ministra nombrada durante la Administraci¨®n de L¨®pez Obrador, de once puestos disponibles.

El paquete legislativo ha sido presentado por el consejero jur¨ªdico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra; la secretaria de Gobernaci¨®n (Interior), Olga S¨¢nchez Cordero, y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tambi¨¦n nombrado durante este Gobierno. "El modelo actual ha fracasado y nos ha llevado a un r¨¦cord nada envidiable del 99% de impunidad", ha dicho Scherer, el brazo legal del presidente. "Los que roban un pa¨ªs pod¨ªan andar en la calle y los que robaban 20 pesos pasaban su vida en la c¨¢rcel", ha agregado Gertz Manero sobre la nueva ley de justicia c¨ªvica, que enfatiza el trabajo comunitario, y los cambios para la reinserci¨®n de menores de edad que eviten la reincidencia en delitos m¨¢s graves.

Las iniciativas surgieron a partir de un foro celebrado el 21 de octubre pasado y recogen lo que el Ejecutivo ha calificado como reformas urgentes. "Tenemos que actuar con mucho cuidado", ha advertido Ricardo Monreal, l¨ªder de Morena en la C¨¢mara alta y uno de los hombres fuertes de L¨®pez Obrador en el Legislativo, en vista de un debate legislativo que se anticipa como r¨ªspido.

Tras pasar por comisiones y la discusi¨®n en el pleno, la nueva legislaci¨®n debe aprobarse en el Senado y despu¨¦s pasar por la C¨¢mara de Diputados, ambos con mayor¨ªa de Morena, el partido de L¨®pez Obrador. Est¨¢ previsto que la suma de fuerzas de los aliados del Gobierno ¡ªel Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista¡ª allane el camino para alcanzar un voto calificado de dos terceras partes y la aprobaci¨®n de al menos 17 de 32 Congresos estatales en el caso de las reformas constitucionales.

En el trasfondo de la reforma legal m¨¢s ambiciosa desde 2008, cuando se estableci¨® el Sistema Penal Acusatorio, est¨¢ la crisis de seguridad que azota a M¨¦xico, donde fueron asesinados cerca de 27.000 personas hasta noviembre pasado y hay m¨¢s de 60.000 desaparecidos, seg¨²n datos oficiales. El mismo pa¨ªs donde cerca de nueve de cada diez delitos no se denuncian y donde cuatro de cada cinco mexicanos se sienten inseguros en el lugar que viven.