La reforma judicial de L¨®pez Obrador recibe duras cr¨ªticas de acad¨¦micos y organismos

La propuesta del Gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador para trasformar el sistema de justicia en M¨¦xico ha sido recibida con duras cr¨ªticas y preocupaci¨®n entre los c¨ªrculos de acad¨¦micos y las organizaciones de la sociedad civil. En el centro de la discusi¨®n est¨¢n las implicaciones que tendr¨ªa el paquete de nueve reformas impulsado por el Ejecutivo sobre la presunci¨®n de inocencia y la independencia del Poder Judicial. Las propuestas incluso podr¨ªan contradecir a la Constituci¨®n, seg¨²n los borradores que circularon horas antes de su llegada al Senado y cuya filtraci¨®n llev¨® a los legisladores a posponer su presentaci¨®n oficial hasta febrero.

"No impondremos normas que afecten los derechos fundamentales", dijo el mi¨¦rcoles el senador Ricardo Monreal, l¨ªder parlamentario de Morena, el partido gobernante, en la presentaci¨®n de las iniciativas. La mala recepci¨®n de las propuestas y la falta de consenso que tienen dentro del Gabinete han ralentizado uno de los grandes temas pendientes de la Administraci¨®n L¨®pez Obrador. El ambicioso intento por reformar el sistema judicial ha tenido un inicio dif¨ªcil. "Lo mejor es que todav¨ªa no se haya presentado", comenta Carlos de la Rosa, especialista en justicia penal y candidato a doctor por la universidad de Yale.?

El paquete de reformas ha sido considerado como un intento de endurecimiento de la justicia. "Es de car¨¢cter inquisitivo y resulta regresiva", apunta ?lvaro Vizca¨ªno, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Los especialistas consultados advierten de que las propuestas no resolver¨¢n "de un plumazo"?las crisis de inseguridad e impunidad sino que podr¨ªan, incluso, empeorarlas. "Si no se hace bien, puede ser un caos", vaticina el profesor Rub¨¦n Uriza, de la Escuela Libre de Derecho.

Uno de los puntos m¨¢s pol¨¦micos es la ampliaci¨®n de los delitos que ameritan el arraigo de un sospechoso. Esta medida ha sido criticada en M¨¦xico porque permite al ministerio p¨²blico detener a una persona mientras se re¨²nen pruebas y se presenta una acusaci¨®n formal en su contra. El arraigo solo est¨¢ contemplado en la Constituci¨®n como una medida contra la delincuencia organizada. "Si esto pasa, es grav¨ªsimo, estamos hablando de detener a ciudadanos sin pruebas", lamenta De la Rosa. Entre otros?cambios propuestos est¨¢ el crear la "presunci¨®n de responsabilidad",?en la que se puede se?alar como responsable a alguien que se niegue a participar de una investigaci¨®n o peritaje.?

De la Rosa critica la propuesta porque retoma una medida utilizada en el pasado que llev¨® al fracaso. Durante el Gobierno de Felipe Calder¨®n (2006-2012), en el inicio de la guerra contra el narcotr¨¢fico, hubo alrededor de 4.000 arraigos. Solo en poco m¨¢s de 120 casos se actu¨® penalmente, se?al¨® el exprocurador general?Jes¨²s Murillo Karam?en 2012, al arranque del sexenio de Enrique Pe?a Nieto. "No funciona porque fomenta las detenciones arbitrarias, sin un trabajo previo de investigaci¨®n", se?ala el especialista en justicia penal, que considera que una estrategia m¨¢s efectiva es que se asiente el Sistema Penal Acusatorio puesto en marcha en 2008.

Las iniciativas ideadas por la abogac¨ªa de la presidencia y la Fiscal¨ªa tambi¨¦n aumentan la discrecionalidad de los fiscales. De aprobarse las normas, estos podr¨ªan admitir pruebas obtenidas de forma ilegal si es que los jueces consideran que el error puede subsanarse. Se pide tambi¨¦n a los abogados defensores que se conduzcan apegados a la "verdad", lo que resulta problem¨¢tico, apunta Uriza. "?Cu¨¢l verdad, la del ministerio p¨²blico?", cuestiona.

Otra propuesta duramente recibida es la eliminaci¨®n en los jueces de control, encargados de reunir y valorar las evidencias en la fase previa a un juicio. Esto significar¨ªa que un mismo juez re¨²ne las pruebas y da su fallo. "Da?a la imparcialidad porque tienes jueces-fiscales, que son juez y parte", alerta Vizca¨ªno. El Senado ser¨ªa el encargado de vigilar y nombrar a jueces y magistrados por periodos de nueve a?os, lo que supone controles del poder Legislativo al Judicial, y anula al Consejo de la Judicatura, el ¨®rgano que fiscaliza a los impartidores de justicia.??

Uno de los puntos m¨¢s mencionados es la creaci¨®n de un C¨®digo Penal ¨²nico. Actualmente, los 32 Estados del pa¨ªs tienen su propio c¨®digo, lo que resulta en cat¨¢logos diferentes de delitos y castigos. La idea es reunir uno solo de delitos prioritarios y homologar los criterios. El proyecto contempla delitos como el feminicidio, pero evita el aborto, la eutanasia y los delitos sexuales, que se legislar¨ªan en el fuero com¨²n local. "No estamos hablando de un c¨®digo ¨²nico, estamos hablando de otro c¨®digo m¨¢s", se?ala Uriza, que califica el intento como "reformitis".?"La promesa m¨¢s vieja de campa?a es ampliar y endurecer las penas de los delitos, por eso el af¨¢n de reformar y cambiar todo", agrega el especialista.

"Se cree que basta cambiar las leyes para cambiar la realidad y que con leyes m¨¢s agresivas va a disminuir la incidencia delictiva, pero es una falacia", critica Rodrigo Soto Morales, profesor de la Universidad Panamericana. El acad¨¦mico afirma que la nueva reforma podr¨ªa diezmar las instituciones y su autonom¨ªa a merced de un populismo legislativo y penal. "Es un disparo de perdig¨®n pues no est¨¢n midiendo las consecuencias de estas reformas", agrega.?