El tribunal de paz de Colombia imputa a otros 15 militares por 127 asesinatos de civiles presentados como ¡®falsos positivos¡¯

La justicia transicional en Colombia ha pisado el acelerador. La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los hechos m¨¢s graves ocurridos en el marco del conflicto armado, ha imputado este jueves cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 militares por 127 asesinatos en la costa Caribe como parte del proceso por los ¡®falsos positivos¡¯, el eufemismo con el que se conocen en el pa¨ªs los asesinatos de civiles por parte de ...

La justicia transicional en Colombia ha pisado el acelerador. La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), encargada de juzgar los hechos m¨¢s graves ocurridos en el marco del conflicto armado, ha imputado este jueves cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad a otros 15 militares por 127 asesinatos en la costa Caribe como parte del proceso por los ¡®falsos positivos¡¯, el eufemismo con el que se conocen en el pa¨ªs los asesinatos de civiles por parte de uniformados para presentarlos como guerrilleros ca¨ªdos en combate. Es uno de los casos m¨¢s emblem¨¢ticos del tribunal de paz.

¡°Estos hechos no hubieran ocurrido sin alianzas con los paramilitares y sin un conjunto de incentivos, amenazas y presiones que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ¡®en combate¡¯¡±, se?al¨® el magistrado ?scar Parra, uno de los relatores del caso, al leer un comunicado en la sede de la jurisdicci¨®n surgida de los acuerdos de paz, en el norte de Bogot¨¢. ¡°La JEP continuar¨¢ indagando la eventual participaci¨®n de niveles superiores por acci¨®n u omisi¨®n¡±, apunt¨®.

La Sala de Reconocimiento de la JEP acus¨® de homicidio y desaparici¨®n forzada a los 15 militares ¨Cque incluyen dos tenientes coroneles¨C, a los que considera m¨¢ximos responsables por su participaci¨®n en los cr¨ªmenes atribuidos al batall¨®n La Popa, con sede en Valledupar, la capital del departamento del Cesar, en el norte de Colombia, entre el 9 de enero 2002 y el 9 de julio 2005, con varios ind¨ªgenas entre las v¨ªctimas. Los pueblos Wiwa y Kankuamo sufrieron un da?o ¡°particularmente grave, diferenciado y desproporcionado¡± por las acciones de ese batall¨®n, subray¨® el tribunal.

Tambi¨¦n encontr¨® que los imputados ¡°hicieron parte de una organizaci¨®n criminal que se conform¨® dentro de la unidad militar y a trav¨¦s de la cual se despleg¨® una conducta extendida, y a gran escala, para presentar resultados operacionales ficticios en los que presentaron como ¡®bajas en combate¡¯ a personas asesinadas en estado de indefensi¨®n por miembros del Ej¨¦rcito o por paramilitares¡±. En los a?os investigados, el batall¨®n estuvo comandado por Publio Hern¨¢n Mej¨ªa y Juan Carlos Figueroa. Las pesquisas determinaron que el 87% de los resultados operacionales reportados durante la comandancia del coronel Mej¨ªa fueron asesinatos y desapariciones. Los militares tienen ahora 30 d¨ªas para decidir si reconocen los hechos.

Es la segunda imputaci¨®n en el caso 03, que investiga ¡°asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado¡±, despu¨¦s de que el tribunal ya hab¨ªa imputado este mes a una decena de militares, entre ellos un general, por 120 asesinatos en la regi¨®n del Catatumbo, en Norte de Santander, un departamento fronterizo con Venezuela, entre 2007 y 2008. Esos asesinatos buscaban aumentar las estad¨ªsticas oficiales de ¨¦xito militar como parte de un conflicto armado que dej¨® m¨¢s de nueve millones de v¨ªctimas. Los ¡®falsos positivos¡¯ son uno de los mayores esc¨¢ndalos de las Fuerzas Armadas en d¨¦cadas de campa?a contrainsurgente.

¡°La JEP ve que el patr¨®n de criminalidad del Catatumbo se repite con particularidades propias tambi¨¦n en el batall¨®n La Popa. Tendr¨¢ que continuar las investigaciones para establecer si respecto de las dem¨¢s unidades militares ubicadas a lo largo y ancho de la geograf¨ªa nacional, y en distintos tiempos, se repite el patr¨®n¡±, se?al¨® el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. Se esperan por lo menos seis imputaciones como parte del caso 03, que adem¨¢s de Catatumbo y la Costa Caribe ha priorizado los departamentos de Antioquia, Huila, Casanare y Meta, en una muestra de lo extendido del fen¨®meno.

Los ¡®falsos positivos¡¯ fueron perpetrados mayoritariamente entre 2002 y 2010, durante los dos periodos del expresidente ?lvaro Uribe, el m¨¢s f¨¦rreo opositor a la negociaci¨®n de paz con la guerrilla de las FARC. Sus m¨²ltiples ramificaciones han sido una fuente permanente de conmoci¨®n en una sociedad en transici¨®n, que, sin esquivar la verdad, busca una reconciliaci¨®n que ha sido esquiva en medio de la polarizaci¨®n pol¨ªtica. En febrero, la JEP estableci¨® que entre 2002 y 2008 hubo m¨¢s de 6.400 v¨ªctimas de estos cr¨ªmenes.

¡°Lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades fue la presio?n para producir bajas y todo lo que se tejio? alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam¡±, declar¨® el mes pasado el expresidente Juan Manuel Santos al comparecer ante la Comisi¨®n de la Verdad. All¨ª defendi¨® su papel como ministro de Defensa del Gobierno Uribe para acabar con las ejecuciones extrajudiciales y pidi¨® perd¨®n a las v¨ªctimas de ¡®falsos positivos¡¯.

Considerada la columna vertebral de los acuerdos sellados a finales de 2016, la JEP trabaja a todo vapor en este 2021 con imputaciones en los dos casos m¨¢s avanzados entre los siete grandes procesos ¨Co ¡®macrocasos¡¯¨C que ha abierto. En enero ya hab¨ªa imputado a la c¨²pula de las FARC en el caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por la extinta guerrilla. El tribunal, junto a la Comisi¨®n de la Verdad y la Unidad de B¨²squeda de Personas dadas por Desaparecidas, forma parte del rebautizado Sistema Integral para la Paz, que como ocurri¨® en su momento con las negociaciones ha contado con el decidido apoyo de la comunidad internacional.

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