El Tribunal de Paz de Colombia eleva a m¨¢s de 6.400 los ¡®falsos positivos¡¯ bajo el Gobierno de Uribe

La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los cr¨ªmenes m¨¢s graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, estableci¨® que entre 2002 y 2008 hubo m¨¢s de 6.400 v¨ªctimas de los llamados ¡°falsos positivos¡±, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros ca¨ªdos en combate. Esa cifra casi que triplica los 2.248 que hab¨ªa reportado previamente la Fiscal¨ªa en sus informes.

¡°La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron muertas ileg¨ªtimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008¡±, se?al¨® este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad del alto tribunal, surgido del acuerdo de paz, al hacer p¨²blica la estrategia de priorizaci¨®n del caso 03, relacionado con los falsos positivos. Esos cr¨ªmenes, perpetrados principalmente durante los dos mandatos del expresidente ?lvaro Uribe (2002-2010), el m¨¢s f¨¦rreo opositor a la negociaci¨®n con las FARC, siguen siendo una fuente permanente de conmoci¨®n en una sociedad que busca doblar la p¨¢gina de la violencia sin esquivar la verdad.

Como parte del proceso para dimensionar el fen¨®meno de las ejecuciones extrajudiciales, el tribunal ha contrastado un enorme volumen de informaci¨®n que incluye cuatro bases de datos. ¡°Las cifras del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), el Sistema de Informaci¨®n Judicial de la Fiscal¨ªa (SIJUF), el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Hist¨®rica (CNMH) y la Coordinaci¨®n Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) difieren respecto a la magnitud del crimen investigado por la JEP¡±, se?al¨® el alto tribunal. ¡°Sin embargo, las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor n¨²mero de v¨ªctimas. El resultado muestra que durante esta etapa se registr¨® el 78% del total de la victimizaci¨®n hist¨®rica¡±.

La primera fase de investigaci¨®n, detall¨® la JEP, se concentra en seis territorios del pa¨ªs: Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, as¨ª como la costa Caribe. Dos de cada tres v¨ªctimas se presentaron en 10 de los 32 departamentos de Colombia, que incluyen todos los territorios priorizados. Las versiones voluntarias que ya han aportado algunos involucrados en el caso 03, que aborda las ¡°muertes ileg¨ªtimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado¡±, han detallado las presiones en el ej¨¦rcito para obtener resultados a cambio de recompensas.

¡°Hasta que el ej¨¦rcito no sea honesto y cuente la verdad, es vergonzoso pero ir¨¢n apareciendo m¨¢s fosas comunes como la de Dabeiba con nuestros hijos, esposos padres y seres queridos que un d¨ªa salieron para no volver¡±, reaccion¨® en sus redes sociales Luz Marina Bernal, una de las fundadores de las Madres de Soacha, un movimiento de familiares de v¨ªctimas de falsos positivos. Su mensaje hace referencia a las exhumaciones que ha hecho la JEP en el cementerio cat¨®lico de Dabeiba, un paraje monta?oso a unas cuatro horas de Medell¨ªn, en el noroeste de Colombia, donde se han recuperado cuerpos de presuntas v¨ªctimas de ejecuciones extrajudiciales.

A cuatro a?os de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC, Colombia se acerca a las primeras decisiones judiciales de fondo sobre m¨¢s de medio siglo de conflicto armado. El mes pasado, la JEP imput¨® a la c¨²pula de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ¨Choy desarmadas y convertidas en el partido pol¨ªtico rebautizado como Comunes¨C una serie de cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con el secuestro, una de sus pr¨¢cticas m¨¢s crueles y repudiadas. Esa in¨¦dita imputaci¨®n se produjo en el marco del caso 01, que aborda la ¡°toma de rehenes y graves privaciones de la libertad cometidas por las FARC-EP¡±.

El del secuestro es el m¨¢s avanzado de los siete grandes procesos ¨Co ¡®macrocasos¡¯¨C que ha abierto hasta ahora la justicia transicional, y la imputaci¨®n se considera su primer gran resultado. El caso 03, ¡°muertes ileg¨ªtimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado¡±, es el otro macrocaso m¨¢s avanzado, en el que se espera en este 2021 un auto de determinaci¨®n de hechos y conductas.

La JEP, considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, se ha visto obligado a navegar en medio de la polarizaci¨®n que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde los di¨¢logos de La Habana, y avanza en sus pesquisas a pesar de los m¨²ltiples obst¨¢culos. El tribunal de paz privilegia la verdad plena, y establece penas alternativas a la c¨¢rcel a cambio de que los involucrados confiesen sus cr¨ªmenes y reparen a las v¨ªctimas. Junto a la Comisi¨®n de la Verdad y la Unidad de B¨²squeda de Personas dadas por Desaparecidas, la JEP forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y No Repetici¨®n surgido de los acuerdos, que ha contado con el robusto respaldo de la comunidad internacional.

El sistema, sin embargo, ha sido blanco de ataques por parte del expresidente Uribe, mentor pol¨ªtico de Iv¨¢n Duque y fundador del Centro Democr¨¢tico, el partido de Gobierno. Uribe, quien insiste en derogar la JEP y modificar los acuerdos, consider¨® la decisi¨®n de este jueves como un ¡°nuevo atropello de la JEP por falsos positivos¡± en un comunicado que public¨® en su cuenta de Twitter. ¡°Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias¡±, se?al¨® el exmandatario, quien renunci¨® a su esca?o en el Senado para enfrentar un proceso por manipulaci¨®n de testigos.

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