El tribunal de paz de Colombia imputa a una decena de militares por 120 asesinatos de civiles

En un nuevo hito de la justicia transicional en Colombia, el tribunal surgido de los acuerdos de paz con las FARC ha imputado este martes a una decena de militares, entre ellos un general, por cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con los llamados ¡®falsos positivos¡¯, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles para presentarlos como guerrilleros ca¨ªdos en combate.

La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz ha acusado de homicidio y desaparici¨®n forzada a 11 personas ¨Centre ellos un brigadier general, dos coroneles, dos tenientes coroneles, un mayor, un capit¨¢n, dos sargentos y un cabo, as¨ª como un civil¨C por su participaci¨®n en las muertes de por lo menos 120 personas ¡°en estado de indefensi¨®n¡± en la regi¨®n del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, entre enero de 2007 y agosto de 2008. Esos cr¨ªmenes, explic¨® el tribunal, buscaban aumentar las estad¨ªsticas oficiales de ¨¦xito militar en medio de un conflicto de m¨¢s de medio siglo que involucr¨® a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado.

¡°Estos hechos no hubieran ocurrido sin la pol¨ªtica institucional del Ej¨¦rcito de conteo de cuerpos, sin la pol¨ªtica de incentivos y la constante presi¨®n que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ¡®en combate¡¯, y sin la estigmatizaci¨®n de la poblaci¨®n civil¡±, explic¨® la magistrada Catalina D¨ªaz, relatora del caso, al leer un comunicado en la sede de la JEP, en el norte de Bogot¨¢. La imputaci¨®n, in¨¦dita en los cuatro a?os transcurridos desde la firma del acuerdo de paz, hace parte del caso 03, ahora llamado ¡°asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado¡±.

Las ramificaciones a lo largo y ancho del pa¨ªs de los ¡®falsos positivos¡¯, perpetrados mayoritariamente durante los dos mandatos del expresidente ?lvaro Uribe (de 2002 a2010), el m¨¢s f¨¦rreo opositor al proceso de paz con la guerrilla de las FARC, han sido una fuente permanente de conmoci¨®n en una sociedad que busca doblar la p¨¢gina de la violencia sin esquivar la verdad. La JEP estableci¨® en febrero que entre 2002 y 2008 hubo m¨¢s de 6.400 v¨ªctimas de ejecuciones extrajudiciales.

La detallada imputaci¨®n de 284 p¨¢ginas ¨Cconocida en el sistema como auto de determinaci¨®n de hechos y conductas¨C es la primera de por lo menos seis que se esperan como parte del caso 03. Los departamentos de Antioquia, Huila, Casanare y Meta, as¨ª como la regi¨®n de la Costa Caribe, son los otros territorios priorizados en las investigaciones. La JEP ha explicado que continuar¨¢ indagando la eventual participaci¨®n de niveles de mando superior, por acci¨®n u omisi¨®n.

Las 120 v¨ªctimas en Norte de Santander ten¨ªan un perfil semejante, y se repite un mismo modus operandi, de manera que no se trataba de hechos aislados, se?ala el tribunal de paz. ¡°Las desapariciones forzadas y asesinatos probados ten¨ªan las mismas caracter¨ªsticas y una misma finalidad: responder a la presi¨®n por ¡®bajas¡¯ a ¡®como diera lugar¡¯ y as¨ª satisfacer el indicador oficial del ¨¦xito militar en el marco de la pol¨ªtica institucional del conteo de cuerpos¡±, detalla la imputaci¨®n. Los incentivos, que inclu¨ªan felicitaciones, medallas, permisos y planes vacacionales, cumplieron un papel importante en las motivaciones de los perpetradores de esos cr¨ªmenes.

La Sala de Reconocimiento determin¨® dos modalidades criminales sucesivas. En la primera, las v¨ªctimas eran hombres j¨®venes de entre 25 y 35 a?os, habitantes del ¨¢rea rural del Catatumbo, en su mayor¨ªa agricultores, comerciantes y transportadores informales. La segunda consisti¨® en el asesinato de j¨®venes provenientes de otras regiones, enga?ados para ser trasladados al Catatumbo, con el mismo prop¨®sito de presentarlos como bajas en combate, y tuvo su origen en las oficinas de la comandancia del Batall¨®n de Infanter¨ªa No. 15 ¡®General Francisco de Paula Santander¡¯ (BISAN), en Oca?a. ¡°Las denuncias de la poblaci¨®n del Catatumbo obligaron al cambio de modalidad¡±, explic¨® la magistrada D¨ªaz. ¡°Tenemos el mejor y m¨¢s completo relato judicial de ejecuciones extrajudiciales¡±, uno de los hechos m¨¢s graves que se cometieron en el conflicto armado colombiano, valor¨® por su parte el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP.

Condena a las FARC

El tribunal de paz ha pisado el acelerador, y se acerca en este 2021 a las primeras decisiones judiciales de fondo. De los siete grandes procesos ¨Co ¡®macrocasos¡¯¨C que ha abierto hasta ahora, el m¨¢s avanzado es el caso 01, relacionado con los secuestros cometidos por la guerrilla. Ya en enero, la JEP imput¨® a la c¨²pula de las extintas FARC una serie de delitos asociados con el secuestro, en lo que fue considerado su primer gran resultado. El de los mal llamados ¡®falsos positivos¡¯ es el otro macrocaso m¨¢s adelantado.

Considerada la columna vertebral de los acuerdos de paz, la JEP ha tenido que navegar en medio de la polarizaci¨®n que ha caracterizado a la sociedad colombiana desde las negociaciones, y enfrentar formidables obst¨¢culos, a los que se ha sumado la pandemia del coronavirus. Junto a la Comisi¨®n de la Verdad y la Unidad de B¨²squeda de Personas dadas por Desaparecidas conforman el rebautizado Sistema Integral para la Paz, que ha contado con un robusto respaldo de la comunidad internacional.

Al priorizar las ejecuciones extrajudiciales, la JEP ha tenido en cuenta que la Fiscal¨ªa de la Corte Penal Internacional tambi¨¦n ha llamado la atenci¨®n sobre este fen¨®meno, uno de los mayores esc¨¢ndalos de las Fuerzas Armadas en d¨¦cadas de campa?a contrainsurgente. ¡°No me cabe la menor duda de que el pecado original, lo que en el fondo dio pie para estas atrocidades, fue la presio?n para producir bajas y todo lo que se tejio? alrededor de lo que muchos han llamado la doctrina Vietnam¡±, dijo al comparecer el mes pasado ante la Comisi¨®n de la Verdad el expresidente Juan Manuel Santos, que fue ministro de Defensa durante el Gobierno de Uribe.

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